La Plataforma Unitaria Democrática rechazó este miércoles que la AN electa en 2020 haya pedido investigar a partidos de la oposición democrática por el supuesto «robo» de Citgo: «Maduro ha decidido profundizar la política de terrorismo de Estado».
Así se lee en el texto publicado en sus redes sociales, en el que reprochó que Maduro haya «decidido quedarse en el poder de forma autoritaria más allá del 10 de enero de 2025».
«En contra de la soberanía popular que se expresó abrumadoramente el pasado 28 de julio y que eligió a Edmundo González Urrutia como su presidente».
Según el bloque de partidos agrupados en la PUD, Maduro ha ordenado perseguir a toda la dirigencia que, según ellos, ha apoyado el despojo y robo de nuestra petrolera internacional CITGO, empresa que está sometida al acoso judicial de los acreedores de la República en un proceso que no ha concluido y que es consecuencia de grandes deudas derivadas de las expropiaciones y el incumplimiento de contratos por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, violando el Estado de Derecho.
«Señalar y amenazar hoy a la dirigencia opositora con este tema, no es más que una excusa, en un intento por dejar a los venezolanos sin líderes, subestimando el poder de organización que vive en cada uno de esos casi 8 millones de personas que el pasado 28 de julio le dijeron a este régimen que ya basta al desfalco de los recursos de nuestro país, de las violaciones a los derechos humanos y de la crisis que ha llevado a millones al exilio», sentenció.
«Nada ni nadie callará a un pueblo decidido a recuperar su libertad para tener un mejor futuro».
AN solicita al MP investigar a legisladores 2016-2021 por robo de Citgo
Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de este martes 22 de octubre, el primer vicepresidente Pedro Infante solicitó que la Comisión Especial investigue, a través del Ministerio Público (MP), la participación de los partidos políticos y representantes de la AN electa en 2015 «en el despojo y robo de Citgo».
«Se debe determinar la responsabilidad penal, a nivel individual, de todos los involucrados, así como de los partidos políticos, su junta directiva y las ONG que están en esta investigación», afirmó.
Propuso remitir el informe al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) para identificar los registros de propiedad y bienes de los responsables, con el fin de aplicar las leyes de extinción de dominio y de protección de los bienes en el extranjero.
Infante también sugirió instalar medidas por daños a la República ante la sala del TSJ, donde solicitó la prohibición de enajenar y gravar los bienes en Venezuela, así como congelar las cuentas bancarias de los involucrados.
