En las últimas semanas y meses hemos estado oyendo y leyendo las posiciones de diversos voceros interesados en darle largas a la usurpación que encabeza Delcy Rodríguez al frente del Poder Ejecutivo venezolano. La principal excusa para impedir la celebración de elecciones es afirmar que “Venezuela no está lista para afrontar un nuevo proceso electoral”. Tal afirmación es técnica, política e históricamente insostenible, y por lo tanto falsa de toda falsedad.
En los primeros meses posteriores a la extracción de Nicolás Maduro se sostuvo la tesis de que estábamos frente a una “ausencia forzada”, una categoría jurídica inexistente en el ordenamiento constitucional venezolano. Transcurrido el tiempo y agotado el plazo máximo posible para un interinato de acuerdo con la Constitución vigente, no existe excusa legal para sostener en el gobierno a una persona que ocupa el cargo de “presidente Encargado” como resultado de una operación de fuerza y no como fruto de un proceso electoral legítimo.
Estamos obligados a recordar, una y otra vez, que en Venezuela el presidente de la República es un magistrado electo mediante el voto popular, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 228 de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce por medio del voto. De modo que no hay forma de justificar la presencia de Delcy Rodríguez en Miraflores, salvo que se trate de un acto abiertamente arbitrario, inconstitucional y basado en la fuerza.
Quienes pretenden darle continuidad a su presencia en la usurpación y llevarla a cumplir todo el período constitucional de Maduro, fundamentan su tesis en una supuesta situación de extrema complejidad que haría inviable un proceso electoral. Afirman una y otra vez: “Venezuela no está lista para un proceso electoral”.
Esta afirmación es absolutamente falsa. En peores circunstancias hemos acudido a elecciones en tiempos más breves que los que ya se ha tomado la usurpación del RODRIGATO. Recordemos la caída de la última dictadura del siglo XX. El usurpador fue expulsado del poder el 23 de enero de 1958. Diez meses después, el 7 de diciembre de ese mismo año, la ciudadanía votó y eligió presidente a don Rómulo Betancourt. Entonces no se disponía de los recursos tecnológicos hoy existentes capaces de simplificar los procesos, reducir los tiempos y dar garantías de transparencia y seguridad. En este siglo las elecciones se han convocado con tres o cuatro meses de anticipación, habiéndose producido la elección del presidente en 39 días cuando ocurrió la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013 y la elección de su sucesor ocurrió el día 14 de abril de ese mismo año.
Hoy los venezolanos estamos en condiciones de acudir a las urnas. El primer elemento que permite sostener esta tesis es la postura mayoritaria de nuestra sociedad de exigir la celebración, en el menor tiempo posible, de un proceso electoral presidencial que ratifique el mandato expresado el 28 de julio de 2024, cuando el pueblo venezolano expulsó, mediante el voto, a Nicolás Maduro y eligió a Edmundo González Urrutia.
Hay, además, un elemento adicional que debe ser destacado. En lugar de aferrarnos únicamente al derecho legítimo de reclamar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia, la oposición venezolana ha admitido la tesis formulada por Estados Unidos de desarrollar una transición mediante un nuevo proceso electoral. A pesar de haber obtenido el triunfo con Edmundo González, hemos dicho que estamos dispuestos a regresar a las urnas para ratificar, mediante nuestro voto, el clamor de democracia y libertad. Es decir, la sociedad democrática venezolana, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, ha aceptado una solución política, democrática y constitucional a la grave tragedia humanitaria e institucional que padecemos. No queremos una solución violenta, apostamos firmemente a una solución pacífica y electoral. A ella se sigue resistiendo la cúpula roja, buscando crear las condiciones para perpetuarse en el poder, como si 27 años de su presencia en él no fueran ya suficientes.
Desde el punto de vista cultural, sociológico y político, los venezolanos estamos absolutamente preparados para votar. Solo es necesario resolver algunos asuntos técnicos y políticos para garantizar que esa elección se lleve a cabo con transparencia y rigor.
El primero es garantizar la transparencia del escrutinio y de la transmisión de los datos. El centro de acumulación de esa información debe poder ser auditado y observado desde distintos ángulos por la comunidad internacional y por los partidos políticos participantes en el proceso. No puede quedar todo exclusivamente en manos de un servidor controlado por el Consejo Nacional Electoral, de manera que quienes tengan acceso a la sala de cómputos puedan apagar los equipos y presentar finalmente un resultado fraudulento, como, sostenemos, ocurrió el 28 de julio de 2024.
El segundo asunto es actualizar el registro electoral mediante la utilización de todas las herramientas tecnológicas disponibles, de modo que los venezolanos que se encuentran en cualquier parte del mundo puedan ejercer su derecho al voto. Con las tecnologías modernas disponibles, es perfectamente posible avanzar en un proceso de actualización del registro electoral que permita garantizar la participación de los venezolanos. Para cumplir esos objetivos no es necesario hacer cambios legales. Con el actual ordenamiento jurídico se puede perfectamente hacer esa elección.
Lo demás es una campaña electoral. Un mes, treinta días de campaña, son suficientes para que el pueblo de Venezuela conozca las distintas opciones, acuda a los centros de votación y ejerza su derecho.
Seguir repitiendo la consigna de que Venezuela no está preparada es, en nuestra opinión, solamente una forma de justificar la usurpación y darle continuidad a un régimen autoritario que sigue siendo una dictadura. Es mantener en el poder a los mismos personajes que, durante años, promovieron, permitieron, toleraron o encubrieron a quienes saquearon Venezuela y que hoy aparecen nuevamente haciendo negocios al amparo de este interinato.
Por esa razón, la lucha de la sociedad venezolana tiene que mantenerse firme hasta lograr que los usurpadores se vean obligados, por la presión interna y de la comunidad internacional, a celebrar el proceso electoral presidencial. Será con ese proceso con el que podremos iniciar una verdadera transición.
La verdadera transición comenzará con un gobierno democrático que convoque, de inmediato, a una Asamblea Constituyente para poner fin a los poderes e instituciones designados de manera truculenta por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, y abrir cauce a nuevas instituciones auténticamente democráticas y representativas de la sociedad venezolana.
No queremos agentes dependientes que usurpen los poderes del Estado para someterlos a los dictámenes de un caudillo como el defenestrado el 3 de enero. Queremos liberar a Venezuela de las ataduras de un modelo fracasado y abrirle paso a una patria fundada en la libertad, la democracia, el bienestar, la prosperidad y la justicia.
César Pérez Vivas
