Para abordar el tema que nos afecta hoy en nuestro país, debemos referirnos a sus antecedentes en nuestro continente. En cuanto al tutelaje, América Latina ha conocido dos periodos:
El colonial: donde el sistema de castas y el control de la Corona española sobre las Indias funcionaron bajo la idea de una tutela paternalista sobre los pueblos indígenas, considerados incapaces de autogobernarse. Esto fue resuelto con las guerras de independencia del siglo XIX, cuando el Libertador Simón Bolívar, junto a otros próceres en el continente, desalojó definitivamente a los ejércitos españoles.
El segundo periodo tuvo su basamento en la Doctrina Monroe (1823): bajo el lema «América para los americanos», Estados Unidos estableció una esfera de influencia que con los años justificó acciones políticas y económicas, las cuales se tradujeron en el siglo XX en notorias intervenciones en Cuba, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana. Destacan los casos de un tutelaje extremo con Nicaragua —al ocuparla militarmente durante dos décadas (1912-1933)— y con Cuba —mediante la aplicación de la Enmienda Platt (1901-1933), al establecer desde su fundación una república neocolonial, controlada militarmente, así como en su capacidad financiera y política exterior, estando inserta incluso en su Constitución.
Por tanto, cuando nos adentramos en nuestra historia de 200 años sin tutelaje alguno, abordamos un pasado glorioso de ser una nación cuya acción en el siglo XIX liberó a cinco naciones, siendo su ejército libertador la insignia del Nuevo Mundo a nivel global, para luego convertirse en el siglo XX, con su principal recurso (el petróleo), en la principal fuente planetaria de energía ante los conflictos del Medio Oriente. Al mismo tiempo, Venezuela era un oasis en una región plagada de dictaduras y de pobreza extrema, al cual migraban millones de desamparados que veían en nuestro país la tierra prometida.
La historia nos tendería una emboscada, reflejada en las consecuencias de la gestión del régimen chavomadurista, cuyo funesto ejercicio derivó en un país en ruinas, prostituyendo sus instituciones públicas, reduciendo su economía a un nivel de sobrevivencia y generando la precariedad extrema de la población, lo cual conllevó a la estampida de más de nueve millones de sus habitantes. De esta manera, esta nación inerme fue el caldo de cultivo del protectorado implatado hoy en la otrora tierra de gracia.
En tan solo nueve meses de tutelaje, resaltan las paradojas de un contexto que impone una nueva relación de mando, al decidirse desde Washington las fases de reconstrucción nacional e intervenirse la convocatoria a elecciones en los diferentes poderes públicos, a pesar de que nuestra Constitución establece la soberanía del voto y el control de los bienes nacionales por el Estado.
Así también se negocia nuestro petróleo hasta por 100 años con una compañía fantasma en nombre de la república, que le otorga gratuitamente 35 % de las acciones al país interventor y le entrega 20 % de la reserva petrolera nacional —de aproximadamente 65.000 millones de barriles diarios (BD)— al precio de costo, sin el cobro de regalías e impuestos. Se le obsequia así un balón de oxígeno a una dictadura que a lo largo del siglo XXI utilizó el petróleo y entregó nuestra soberanía como ofrenda a regímenes dictatoriales.
Para colmo de males, nuestra patria refleja un panorama propio del realismo mágico: mientras a un presidente electo legalmente se le califica para apresarlo mediante carteles de “se busca” en aeropuertos nacionales, quienes gobiernan están solicitados por la justicia norteamericana con recompensas de 25 millones de dólares y quien usurpaba la presidencia permanece preso en Brooklyn bajo una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
En esa misma dirección se reconoce como presidenta legítima a una persona que no fue elegida ni siquiera para una junta de condominio, que representa la continuidad de una dictadura que ha saqueado a Venezuela durante el transcurso del siglo XXI y también es culpable del apocalipsis que sufre el país. Entre tanto, se desconoce al ciudadano Edmundo González como presidente electo constitucionalmente en julio de 2024 y se limita la presencia física de la líder de este proceso, María Corina Machado.
Por otra parte, los venezolanos son perseguidos y deportados de Estados Unidos, agravándose aún más la situación en Venezuela tras los acontecimientos del 24J, limitando al extremo las solicitudes de asilo y suspendiendo la permanencia legal con el TPS. Destaca que estos migrantes han sido abandonados hasta por la oposición, que los asimila a un daño colateral para mantener una relación amistosa con el protector.
Esta razia se extiende a nuestros ciudadanos en otros países de América Latina, cuyos gobiernos los discriminan a pesar de que Venezuela recibió el siglo pasado a migrantes de todas estas naciones, quienes acudían indefensos solicitando protección, huyendo de dictaduras en algunos casos y de la extrema pobreza en otros.
En definitiva, esto representa una mancha y una humillación a nuestra historia de nación libertadora, lo cual reclama el restablecimiento de nuestro orden constitucional. Es necesario que se restituya nuestro poder soberano para decidir nuestro propio destino; ningún país en el mundo tiene la facultad de decidir por nosotros.
El restablecimiento del Estado de derecho comienza con el retorno del presidente electo Edmundo González y de María Corina Machado a la cabeza de un gobierno de emergencia nacional, que organice la convocatoria inmediata a elecciones para la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República.
Froilán Barrios
