En pocos días el país tendrá un nuevo Consejo Nacional Electoral. El poder público responsable de que en Venezuela haya paz política creando las condiciones y mecanismos para la alternabilidad en el poder, siempre que los ciudadanos así lo decidan.
Como el país sabe, yo he sido crítico sobre algunas de las condiciones en las que se da la elección, y defensor de otras. Y defensor también de todos los mecanismos que el CNE ha diseñado para que el pueblo se exprese.
He cuestionado y luchado contra la descomunal injerencia en las campañas electorales del Estado en general, y del gobierno en especial. Una injerencia tan brutal que el propio ex zar de las finanzas públicas Jorge Giordani la señala en su explicación del descalabro de la situación económica del país.
También he cuestionado la Ley Orgánica de Procesos Electorales aprobada por la Asamblea Nacional a mediados de 2009, que, a pesar de que le da rango legal a las auditorías del sistema de votación (que ya el consejo había aprobado y tenía varios años desarrollando como parte de las garantías electorales), esa misma ley minimiza hasta casi hacer desaparecer el principio de representación proporcional. Pasa de un sistema de representación proporcional a uno paralelo que permitió al partido de gobierno obtener una mayor cantidad de diputados a pesar de haber obtenido una cantidad de votos menor que los votos que obtuvo la oposición.
Y, finalmente, he cuestionado otras instancias del Estado: la Contraloría General, cuyas inhabilitaciones administrativas han devenido en la práctica en inhabilitaciones políticas, sin juicio penal alguno; o los entes responsables de la administración de justicia por la cantidad de dirigentes opositores presos o perseguidos, que ha hecho de ser dirigente opositor una profesión de alto riesgo.
Pero también he defendido. He defendido la ruta electoral, y ahora que salgo lo seguiré haciendo. La he defendido no solo por razones éticas o principistas. Le he defendido por razones pragmáticas, porque creo que es la única vía para acceder al poder de manera estable para cualquier fuerza política.
El diseño del sistema electoral que ha desarrollado el CNE es de muy alta factura. La formación del registro electoral, por ejemplo, que se le entrega a cada partido para que sea revisado y pueda hacer las objeciones que consideren pertinentes, y cuyo crecimiento se ha impulsado para cubrir la brecha de exclusión que ya está en su mínimo histórico.
La racionalización del sistema de partidos: que para el año 2006 había alcanzado la inverosímil cantidad de 850 convirtiéndonos en el país con más partidos por habitantes del planeta. Vale decir que la mayor parte de ellos de maletín, encarecían la elección, no tenían ningún voto y eran utilizados como franquicias económicas. Ahora apenas pasan de 100, todavía un número excesivo en comparación con las mejores prácticas electorales del mundo, pero una cantidad mucho más racional. Los partidos que sí existen para hacer política agradecen esta sinceración que, por otra parte, no ha significado en modo alguno el escamoteo de los derechos políticos de nadie.
El diseño del proceso de sufragio ha sido impecable: la automatización de las postulaciones y de la rendición de cuentas financieras; la cobertura total de las mesas electorales y juntas por miembros escrupulosamente sorteados (también auditado por los partidos) de la sociedad civil notificados masivamente por sms, TV, radio, correo e incluso por los propios partidos; el sistema de votación automatizado en todas sus fases desde la identificación del elector, que neutraliza cualquier eventual emisión fraudulenta de cédulas con fines electorales y garantiza la detección de cualquiera que usurpe una identidad para votar por otro, hasta la emisión, escrutinio y totalización de los votos y la subsecuente adjudicación. Cada fase revisable y auditable, y debidamente revisado y auditado por especialistas de la más alta factura designados por los partidos políticos.
Todo ello diseñado para garantizar las dos cosas más sagradas de una democracia: la garantía de que el voto elige y la garantía de que el voto es secreto.
Todas estas garantías y circunstancias explican por qué nuestras elecciones tienen la mayor tasa de participación de todo el hemisferio occidental y que en Venezuela, por primera vez desde 1936, año de fundación de la institución electoral, ningún partido político esté llamando a no participar en las elecciones. Por eso el PSUV, la MUD, Voluntad Popular y muchos otros le han pedido y siguen pidiendo al CNE que les apoye en sus elecciones internas. Saben que con este diseño han ganado y han perdido. Y que cualquiera puede acceder al poder, sin dejar de lado obviamente la brutal injerencia del Estado mencionada arriba.
Finalmente, he defendido la ruta electoral administrada por el CNE contra sus detractores y enemigos. A los primeros no les dedicaré espacio en esta nota. Bastante se ha enfrentado a mitos, invenciones y desvaríos que van desde el cable submarino a Cuba y el satélite hasta los votantes fantasmas.
A los segundos, los enemigos del voto les digo: dejen de jugar con fuego. Los conflictos políticos se resuelven con votos o balas. Hemos elegido votos, por eso no tenemos balas. El peligro comienza cuando la gente comience a preguntarse para qué votar. Y este mensaje va para personas también de la oposición que, queriendo o sin querer, han estimulado el descreimiento en el sentido del acto electoral, pero sobre todo este mensaje va para el gobierno. Si se burla la decisión del elector despojando a sus seleccionados de sus cargos con trucos y triquiñuelas se le está abonando el terreno al extremismo de cualquier signo que cabalgará sobre el lomo de electores descreídos para arrastrar al país a su peor pesadilla.
Vicente Díaz
