Aunque el lenguaje es subido de tono, la reacción del Partido Republicano ante el decreto ordenador de la inmigración que Barack Obama anunciará esta noche no parece que pueda llegar tan lejos como sucedió con la ley de salud (Obamacare), que el año pasado causó el cierre del gobierno de los Estados Unidos durante tres semanas.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, no descartó otro cierre, ya que antes del 11 de diciembre se debe aprobar el nuevo presupuesto, y su partido no aceptaría atribuir fondos para realizar lo que establezca el decreto, que no se conoce aún con exactitud pero podría beneficiar a cinco millones de inmigrantes sin papeles. «Vamos a pelear con el Presidente con uñas y dientes si continúa en este camino. Esta es la manera equivocada de gobernar», dijo Boehner. Y advirtió: «Todas las opciones están sobre la mesa. Estamos discutiendo con nuestros miembros y todavía no hemos tomado una decisión sobre cómo pelearemos si él sigue adelante».
El senador Ted Cruz, quien aspira a una precandidatura presidencial para el 2016, amenazó con «emplear todos los medios procesales necesarios» para bloquear el decreto. El representante Matt Salmon recordó que «el Congreso tiene el control presupuestario y debería utilizarlo como herramienta para prevenir que el Presidente implemente políticas que van en contra de nuestras leyes y del deseo del pueblo estadounidense».
Sin embargo, otros republicanos han manifestado que no quieren volver a pasar por la experiencia estéril del cierre del gobierno, que hirió la imagen del partido opositor, hoy en control de las dos cámaras. El representante Mo Brooks, quien celebró el bloqueo presupuestario del año pasado, dijo ahora que sus correligionarios deberán hacer cualquier cosa, excepto cerrar el gobierno, para enfrentar la medida del Presidente. También el senador John McCain dijo: «Lo intentaría todo, excepto un cierre del gobierno». El representante Tom Cole argumentó que esa vía «no funcionó». Mucha gente lo recuerda, agregó. «Tenemos mucho más que un mazo en la caja de herramientas, así que usemos alguna de esas otras armas con las que contamos».
Las principales opciones se centran en el presupuesto. Los republicanos podrían aprobar fondos para todo el gobierno excepto para aquellas áreas donde se ejecute el decreto.
El representante Steve King lo sintetizó: «Me gustaría encontrar el modo de mantener la mayor parte del gobierno en operaciones, pero de ningún modo este Congreso debería avanzar con las asignaciones para cualquier departamento que reaccione a una orden del Presidente que viole la ley o la Constitución. Eso significa que no podemos dar fondos para las ramas del gobierno que estarían ejecutando este acto inconstitucional e ilegal, si él lo cometiera».
Otro camino sería la aprobación de los fondos para todo el gobierno, pero con la opción de la rescisión, que básicamente implica que el próximo año, cuando asuman los nuevos legisladores y el Partido Republicano tenga mayoría en las dos cámaras, puedan quitar fondos de aquellas áreas ejecutivas que implementen el decreto.
El líder del Comité de Asignaciones de la cámara baja, el representante Hal Rogers, explicó ese recurso que no se ha usado desde 1990: «Permite una cantidad de posibilidades, incluida la rescisión de gastos a posteriori. Y una de las dificultades que tenemos es que no sabemos qué acciones [Obama] planea realizar en realidad».
El problema para los republicanos es que estas opciones necesitan la proclamación presidencial para convertirse en leyes, y más probablemente recibirían un veto. Y todavía no tienen los votos para invalidar un veto.
Cruz ha pensado en formas de obstaculización del gobierno: «Si el Presidente anuncia una amnistía por decreto, el nuevo líder de la mayoría del Senado que asume en enero debería anunciar que el 114º Congreso no va a confirmar ni siquiera a un nominado –ejecutivo o judicial– salvo en los puestos vitales para la seguridad nacional, en tanto persista la amnistía ilegal».
Otro aspirante a la precandidatura republicana con miras a las elecciones de 2016, el senador Rand Paul, propone llevar a Obama a juicio. En realidad Obama ya enfrenta un juicio de la oposición, que alega abuso de poder en el caso de la ley de salud; sólo tendrían que ampliarlo para que incluyera el decreto ordenador de la inmigración.
Paul recomienda que se fortalezca la posición republicana con «una resolución de la Cámara de Representantes que diga que lo que [Obama] está haciendo está en contra de la voluntad de esa Cámara. Eso definiría un caso muy claro ante los tribunales».
Algunos de sus pares le reprocharon que la justicia demora. «Llevará tiempo», respondió, «pero la historia lo tratará mal si él se cree que puede convertirse en rey».
Por último, los ultraconservadores del Tea Party han advertido que la destitución presidencial no está fuera de juego. «Sería algo a considerar, sí señor», según el representante Joe Barton. Su par Mark Kelly dijo que el impeachment «no se descarta». Sin embargo, la medida necesitaría no sólo el impulso de la cámara baja sino también dos tercios de los votos del Senado.
Mientras se espera la alocución de Obama -que varias cadenas ya dijeron que no la van a transmitir: ABC, CBS, NBC y Fox–, la batalla verbal continúa.
«Si el emperador Obama ignora al pueblo estadounidense y anuncia un plan de amnistía que él mismo ha dicho una y otra vez que excede su autoridad constitución, va a cimentar su legado de anomia y a arruinar las posibilidades de una acción del Congreso sobre este tema y muchos otros», dijo el vocero deBoehner, Michael Steel.
Boehner listó en su web las 22 veces que Obama dijo que no firmaría un decreto para resolver la crisis migratoria. Entre ellas, la que le permite burlarse: «Soy el Presidente de los Estados Unidos, no soy el emperador de los Estados Unidos. Mi tarea es ejecutar las leyes que se aprueban». Y también: «Soy presidente, no soy rey. No puedo hacer estas cosas por mí mismo y ya».
Cruz publicó una columna de opinión, «Obama no es un monarca», en la que expresó: «Resuelto, el Presidente Obama parece avanzar. Es ilegal. Es inconstitucional. Él se muestra insolente y enojado con el pueblo estadounidense. Si actúa por decreto ejecutivo, el Presidente Obama no estará actuando como presidente, estará actuando como monarca».
King, siempre opuesto a cambiar la legislación migratoria, declaró: «La audacia de este presidente, que piensa que puede destruir completamente el estado de derecho de un plumazo, me resulta incomprensible».
Y el senador Tom Coburn llegó a plantear un panorama sombrío: «Es país se va a volver loco porque esto se va a ver como una acción más allá de la autoridad del presidente, y va a ser una situación seria. «Podríamos ver –ojalá que no– instancias de anarquía. Podríamos ver violencia».
El disgusto de los republicanos omite lo que los demócratas han recordado en estos días: el recurso de un decreto presidencial para beneficiar a personas sin papeles tiene antecedentes. Y tiene importantes antecedentes en gobiernos republicanos: los de Ronald Reagan y de George H. W. Bush. Ambos firmaron amnistías para aquellos inmigrantes que no pudieron ampararse en la Ley de Reforma y Control de Migraciones de 1986.
Ese año el Congreso y Reagan abrieron el camino a la legalidad para tres millones de inmigrantes. Como la ley se limitaba a aquellos que habían ingresado al país antes de 1982, creó divisiones familiares que tanto Reagancomo Bush padre enmendaron con decretos del Poder Ejecutivo.
