Lejos estaba en los cálculos de Vladimir Putin considerar que, por su despropósito contra Ucrania, terminaría recluido sin posibilidad de traspasar las fronteras de Rusia hacia una buena parte del planeta. Sufre ahora terrible desazón al verse impedido de pavonearse en la cumbre del BRICS a celebrarse el próximo mes de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica. Allí, Rusia, junto a China, India, Brasil y el anfitrión, planean darle un decisivo impulso a esta organización que aspira ser la tercera pieza de la multipolaridad junto a Estados Unidos y la Unión Europea.
El Estatuto de Roma, que en 1998 instituyó la Corte Penal Internacional (CPI), está suscrito y ratificado por 123 países, uno de los cuales es Sudáfrica. Habiendo la CPI emitido una orden de arresto contra Putin bajo cargo de crímenes de lesa humanidad, incluido el secuestro y traslado de niños ucranianos a suelo ruso, Sudáfrica, como cualquier otro signatario de la CPI, estaría obligada a cumplir dicha orden de arresto. En consecuencia, el ex KGB se conformará con dejarse ver en la pantalla de Zoom.
Hoy, crece la jurisdicción universal de la justicia, no solo la ejercida por la CPI, sino también la que pesa sobre dictadores y sus adláteres por imputaciones de narcotráfico, represión, pillaje, lavado de dinero y otros crímenes cometidos por sus regímenes. Sus posibilidades de un retiro feliz, una vez desplazados del poder, son inciertas. Ya no les luce franca la ruta para disfrutar de sus fortunas, como antes. Por ejemplo, en la Costa Azul del Mediterráneo.
El riesgo, ya ocurrido, de ser detenidos en algún aeropuerto, los convierte en prisioneros de su propio poder. En consecuencia, están dispuestos a perpetrar, sin límite, cuanto abuso, represión o trampa sea menester para no perder sus madrigueras. Una realidad que han de enfrentar sociedades, como la venezolana, en su anhelo de reconquistar justicia y democracia.
Ramón Peña
