A propósito de las manifestaciones violentas ocurridas en el país desde el 12 de febrero, la organización Amnistía Internacional nos solicitó una reunión para intercambiar información acerca de las actuaciones del Ministerio Público en tales casos.

La ocasión fue propicia para realizar un balance general de los hechos violentos registrados en Venezuela de febrero a junio de este año, situación que hasta ahora ha dejado un lamentable saldo de 43 personas fallecidas, entre ellas un fiscal del Ministerio Público y nueve efectivos de los cuerpos de seguridad; 872 lesionados; cuantiosos daños a la propiedad pública y privada, y la obstrucción del normal desarrollo de las actividades productivas.

Por parte de nuestra institución, hemos avanzado en el proceso de investigación y depuración de las causas tras una ardua labor ejercida por los fiscales. Así, de las 3.346 personas aprehendidas en todo el país, a aproximadamente 1.400 se les ha dado libertad plena o se les solicitó sobreseimiento.

Al día de hoy están privadas de libertad 88 personas, de las cuales solo tres son estudiantes y sobre quienes existen suficientes elementos de convicción que los comprometen en la comisión de un delito.

En materia de derechos humanos, se iniciaron 183 investigaciones y se han presentado seis acusaciones por los delitos de homicidio y trato cruel.

La oportuna información que hemos suministrado públicamente para que la población conozca las actuaciones fiscales a raíz de estos hechos, son prueba fehaciente del inquebrantable compromiso del Estado venezolano con los derechos humanos.

Se ha actuado con apego a la ley, aun en estas condiciones adversas en las que algunos sectores de la vida política nacional han desconocido el ordenamiento jurídico, las instituciones y a sus representantes.

En el Ministerio Público estamos comprometidos con el respeto de las garantías constitucionales, tal cual lo demuestran las actuaciones de nuestros fiscales y del equipo que conforman las Unidades Criminalísticas contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, dependencias creadas en 2009 y reconocidas internacionalmente como experiencia innovadora en la reafirmación y fortalecimiento de los derechos de los habitantes de este país.

 Luisa Ortega Díaz

Fiscal General de la República

Resulta indispensable que desde el Estado se perfilen líneas de acción que atiendan a quienes tengan adicciones y así mejorar su calidad de vida e influir positivamente en su entorno

Con ocasión del VII Congreso Internacional de Prevención y Tratamiento en Materia de Drogas, realizado entre el 25 y el 27 de junio en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, participé junto a representantes de diversas instituciones del Estado venezolano para intercambiar planteamientos sobre este trascendental tema.

En el evento hablé acerca del procedimiento por consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, previsto en la Ley Orgánica de Drogas, que debe ser aplicado a los consumidores para su rehabilitación y reinserción social, y se les considere enfermos y no sujetos activos de delito. El objetivo es contribuir a su rehabilitación social, lo que tendrá un positivo impacto en la colectividad.

Este procedimiento exige, entre otras cosas, la práctica de las experticias psiquiátricas y psicológicas necesarias para solicitar que se aplique al consumidor este método y se pida su libertad inmediata.

Con el fin de proteger al ser humano de forma integral, en el Ministerio Público hemos creado la Unidad Psiquiátrica y Psicológica de Atención Inmediata al Consumidor de Drogas, dirigida a efectuar estudios, atención y orientación completa a aquellas personas detenidas en flagrancia con pequeñas cantidades de droga para su consumo, todo esto antes de presentarla en un tribunal. De esta manera se comprueba su nivel de adicción o su vinculación con el negocio de la droga.

Esto no implica que se eliminen sanciones penales para quienes cometen delitos bajo los efectos del consumo de estas sustancias; la idea es que a los consumidores no problemáticos se les trate como sujetos enfermos que requieren de atención especializada y no como criminales.

El consumidor de drogas no debe ser estigmatizado como delincuente por el sistema penal, pues dificulta que se asuma como una persona que requiere de un tratamiento médico.

Resulta indispensable que desde el Estado se perfilen líneas de acción que atiendan a quienes tengan adicciones y así mejorar su calidad de vida e influir positivamente en su entorno. Con ello se contribuye a la reconstrucción de los núcleos familiares y al tejido social comunitario, que se ve afectado cuando las personas se sumergen en las drogas.

Desde el Ministerio Público ofrecemos esta Unidad como un aporte orientado al diseño de una política de salud pública para el tratamiento del consumo de drogas que profundice la inclusión social.

Fiscal General de la República

Cuando un hecho constituya un peligro y, adicionalmente, sea investigado penalmente, se entiende que priva la norma constitucional sobre cualquier otra circunstancia; es decir, está por encima la seguridad de la Nación

La seguridad de la Nación está prevista en los artículos 322 y siguientes de la Carta Magna, y consiste en prevenir o rechazar amenazas militares nacionales o extranjeras, golpes de Estado, magnicidios, atentados contra altos funcionarios o cualquier otro evento que pueda alterar la estabilidad de la República; incluso abarca aspectos más difusos como los riesgos medioambientales y fenómenos sociales de escala global, entre ellos las migraciones masivas.

La misión de garantizar la seguridad de la Nación se realiza a través de los órganos de inteligencia, y cada uno ejecuta acciones con el objeto de obtener, evaluar e interpretar información y difundir las medidas necesarias para proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de la República.

La seguridad de la Nación es una labor continua, y no precisa de una investigación penal previa, ni de la intervención del Ministerio Público, pues uno de sus fines es actuar antes de que ocurra un hecho que pueda ser calificado de punible.

Sin embargo, existe la posibilidad de que una averiguación relacionada con la seguridad del Estado sea informada al Ministerio Público debido a que se han cometidos hechos constitutivos de delitos y, a la inversa, que de una investigación penal surjan elementos que comprometan la seguridad del país.

En tales casos, se está en presencia de dos investigaciones: una adelantada por los organismos de seguridad que persigue proteger y garantizar la seguridad de la nación, y otra, de carácter penal, cuyo propósito es determinar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido algunas personas.

Ambas investigaciones son autónomas e independientes, aquella que adelantan los órganos de seguridad que concluyen con la desactivación de la amenaza a la seguridad de la Nación, mientras que la averiguación penal finaliza con la presentación de un acto conclusivo por parte del fiscal del Ministerio Público.

No obstante, cuando un hecho constituya un peligro y, adicionalmente, sea investigado penalmente, se entiende que priva la norma constitucional sobre cualquier otra circunstancia; es decir, está por encima la seguridad de la Nación. Por ende, el Ejecutivo nacional, según la conveniencia, tiene la facultad de reservarse la clasificación o divulgación de aquello que considere pertinente y necesario.

Fiscal General de la República

Las diversas acciones emprendidas por el Estado venezolano para poner fin a la violencia encabezada por grupos minoritarios que, desde el pasado mes de febrero, han pretendido desestabilizar las instituciones democráticas del país, están signadas por los principios constitucionales de garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, más allá de las normas esenciales que nos rigen, define los valores que constituyen el Estado: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

De esta manera, la actuación de nuestros organismos siempre estará apegada a dichos valores que, por excelencia, son propulsores de la paz; es así como a lo largo de estos días los esfuerzos del Ejecutivo se han orientado a promover el encuentro y el diálogo entre los diversos actores nacionales a fin de alcanzar ese objetivo.

Tal estrategia está prevaleciendo sobre los actos de violencia. Los venezolanos han expresado un rechazo contundente a los promotores del caos, imponiéndose el entendimiento y la vocación democrática por encima de las actitudes egoístas de quienes pretenden hacerse del poder por métodos inconstitucionales.

El apego a los valores trascendentales de la República, el amor a la patria y a las virtudes ciudadanas, han sido logros alcanzados tras 15 años de promoción, difusión y educación al pueblo en el ejercicio de sus derechos y deberes, teniendo como base la Carta Magna.

Hoy, existe un mayor grado de conciencia en la ciudadanía, factor que ha coadyuvado al mantenimiento de la estabilidad nacional, asumida como un compromiso de corresponsabilidad con el Estado.

La paz depende de todos, de las instituciones públicas y privadas y, por supuesto, de cada uno de los habitantes del país. Como Fiscal General de la República sigo haciendo votos por consolidarla, garantizando en nombre del Ministerio Público justicia y respeto a los derechos humanos.

Tengo la convicción de que con el concurso de los distintos sectores lo estamos logrando, por lo que felicito y respaldo toda iniciativa orientada a preservar la paz y, con ello, garantizar y mantener la unidad de la Patria.

Luisa Ortega Díaz

Fiscal General de la República

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