Resulta indispensable que desde el Estado se perfilen líneas de acción que atiendan a quienes tengan adicciones y así mejorar su calidad de vida e influir positivamente en su entorno
Con ocasión del VII Congreso Internacional de Prevención y Tratamiento en Materia de Drogas, realizado entre el 25 y el 27 de junio en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, participé junto a representantes de diversas instituciones del Estado venezolano para intercambiar planteamientos sobre este trascendental tema.
En el evento hablé acerca del procedimiento por consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, previsto en la Ley Orgánica de Drogas, que debe ser aplicado a los consumidores para su rehabilitación y reinserción social, y se les considere enfermos y no sujetos activos de delito. El objetivo es contribuir a su rehabilitación social, lo que tendrá un positivo impacto en la colectividad.
Este procedimiento exige, entre otras cosas, la práctica de las experticias psiquiátricas y psicológicas necesarias para solicitar que se aplique al consumidor este método y se pida su libertad inmediata.
Con el fin de proteger al ser humano de forma integral, en el Ministerio Público hemos creado la Unidad Psiquiátrica y Psicológica de Atención Inmediata al Consumidor de Drogas, dirigida a efectuar estudios, atención y orientación completa a aquellas personas detenidas en flagrancia con pequeñas cantidades de droga para su consumo, todo esto antes de presentarla en un tribunal. De esta manera se comprueba su nivel de adicción o su vinculación con el negocio de la droga.
Esto no implica que se eliminen sanciones penales para quienes cometen delitos bajo los efectos del consumo de estas sustancias; la idea es que a los consumidores no problemáticos se les trate como sujetos enfermos que requieren de atención especializada y no como criminales.
El consumidor de drogas no debe ser estigmatizado como delincuente por el sistema penal, pues dificulta que se asuma como una persona que requiere de un tratamiento médico.
Resulta indispensable que desde el Estado se perfilen líneas de acción que atiendan a quienes tengan adicciones y así mejorar su calidad de vida e influir positivamente en su entorno. Con ello se contribuye a la reconstrucción de los núcleos familiares y al tejido social comunitario, que se ve afectado cuando las personas se sumergen en las drogas.
Desde el Ministerio Público ofrecemos esta Unidad como un aporte orientado al diseño de una política de salud pública para el tratamiento del consumo de drogas que profundice la inclusión social.
Fiscal General de la República
