Algo debe haber en nuestro inconsciente colectivo que nos induce a pensar que es una buena idea dejarles a los militares el rescate de nuestra democracia extraviada. Y algo que nos lleva a creer que los regímenes despóticos hay que expulsarlos solo a balazos, y que deben ser los fusiles de nuestra Fuerza Armada los que disparen contra el autócrata y sus colaboradores.

La Constitución venezolana es muy clara al respecto: «(…) siendo esta institución esencialmente profesional, sin militancia política alguna, subordinada a la autoridad civil, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional (…)». Como puede verse, la carta magna aclara que su función es garantizar la independencia y la soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. Y agrega que: «(…) está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna». La Fuerza Armada venezolana, está subordinada a la autoridad civil, al servicio exclusivo de la nación; no es para tumbar gobiernos sino para proteger a la nación.

Aunque se puede invocar el Artículo 333 constitucional como argumento a favor de la idea de que la Fuerza Armada «haga algo» para la recuperación de nuestra democracia, es más apropiado recurrir al «principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil», puesto que la ley suprema venezolana en todo momento reitera que se trata de una constitución civilista, en la que el ciudadano es el centro gestor de la vida de la República. Renunciar al deber ciudadano esperando que sea la Fuerza Armada la que haga el trabajo que le corresponde a la sociedad civil es declinar como ciudadanos y, tal cosa es, igualmente, una abdicación.

Llegado el momento, cuando se hayan desatado las fuerzas ciudadanas para recuperar el poder mediante mecanismos civiles, democráticos e institucionales, su papel no puede ser otro que acompañar esa gesta cívica, no sustituirla, reprimirla o combatirla.

Nuestra Fuerza Armada, al igual que todas las instituciones del país, ha sido sometida a un intenso proceso de destrucción. Le han asignado atribuciones que no le corresponden, ninguna de las cuales está contemplada en el ordenamiento jurídico, y se le han retirado otras que sí son de su directa incumbencia. Su sistema de decisiones ha sido invadido y se ha condicionado su autonomía mediante el dogma político, el chantaje y la corrupción de algunos de sus mandos. No podía ser de otro modo. La autocracia es un cáncer metastásico que lo contamina todo, que corrompe, deforma y esparce su descomposición sin respetar la dignidad de nada ni de nadie.

La Fuerza Armada, sus integrantes y su historia merecen ser tratados con un mayor nivel de respeto y dignidad. No son los que enmiendan la tarea que los civiles hemos sido incapaces de hacer correctamente. Es una institución pública, un bastión muy importante en la vida republicana. Sus integrantes tienen una tarea de gran significado institucional y de ellos debemos esperar que sean capaces de cumplir lo que constitucionalmente se les ha establecido. Ni más ni menos.

Ver que en las filas de la Fuerza Armada crece el dolor y la injusticia, cerciorarse de que sus padecimientos son iguales o mayores a los que sufrimos el resto de los ciudadanos, lejos de ser una razón para llamarlos a la insubordinación, la desobediencia o el alzamiento, es un campanazo de advertencia para que profundicen su compromiso con la constitución y sus principios civilistas, ciudadanos y democráticos.

Es el momento para que nuestra Fuerza Armada levante su voz frente a todas las atrocidades que hoy estamos viviendo, y estoy plenamente convencida de que ese grito será para defender, junto a la ciudadanía, la institucionalidad, el orden constitucional y el pasado glorioso de un ejército que condujo todo un continente hacia la independencia. Soldados de la democracia: ese es un título que tienen que merecer. Y, seguros estamos, lo merecerá muy pronto.

 Luisa Ortega Díaz

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A lo largo de la historia los grandes intelectuales han dejado huellas imborrables en la humanidad. La luz de sus escritos constituye el imprescindible inventario para que hombres y mujeres adquieran conciencia sobre su pasado, reconozcan el presente y modelen un futuro mejor para sus hijos

 
A lo largo de la historia los grandes intelectuales han dejado huellas imborrables en la humanidad. La luz de sus escritos constituye el imprescindible inventario para que hombres y mujeres adquieran conciencia sobre su pasado, reconozcan el presente y modelen un futuro mejor para sus hijos. En nuestro continente, parte de ese legado lo heredamos del escritor y periodista Eduardo Galeano.

Las venas abiertas de América Latina, una de sus obras magistrales, representa un hito para comprender cómo se fraguó la pobreza en estas tierras a expensas de sus riquezas, usurpadas y saqueadas por los invasores de Europa, especialmente españoles y portugueses, que vieron en el azúcar, el café, el banano, el oro y la plata, entre otros, el fortalecimiento y expansión de sus reinos.

Galeano dedicó casi toda su prolífica creación literaria a enriquecer el conocimiento de los pueblos del hemisferio, basándose generalmente en un profundo estudio de sus raíces para, con una prosa sencilla, ligera, pero crítica y mordaz, plasmar las razones por las cuales no debe cesar jamás la lucha contra quienes pretenden subyugarnos.

Además de escritor fue un incansable luchador social, sobre todo defensor de los derechos humanos. Sus relatos dan cuenta de su lucha por los oprimidos, por los indígenas, los negros, en sí, por los marginados del mundo. No extraña que la citada obra haya sido censurada en los años 70 por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile.

En sus crónicas, su sana obsesión fue por las mujeres, en especial las esclavas: del pasado (oprimidas por un amo), valientes, luchadoras e indomables, y las del presente, presas de la moda o los estereotipos sociales. A todas en general, dedicó su último libro, no publicado todavía, titulado Mujeres, que constituye una antología del autor a partir de sus mejores textos.

La memoria de Eduardo Galeano, con quien tuve el honor de compartir un prolongado momento de reflexiones durante su última visita a Venezuela, permanecerá viva en nuestros recuerdos. Él nos dio la sapiencia necesaria para entender ese mundo al revés que describió acertadamente en Patas arriba y nos enseñó a mirar en los Espejos de esta vida, llenos de gente, donde los invisibles nos ven y los olvidados nos recuerdan.

Luisa Ortega Díaz

@lortegadiaz

Decía Simón Bolívar en 1825, refiriéndose a la instrucción pública, que “las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación.

 
Decía Simón Bolívar en 1825, refiriéndose a la instrucción pública, que “las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Ellas vuelan si esta vuela, retrogradan si retrograda, se precipitan y hunden en la oscuridad si se corrompe o absolutamente se abandona”.

En los actuales momentos, esas palabras del Libertador, quien veía a la educación como una pieza fundamental en la construcción de la patria, tienen una vigencia absoluta, y es que en la medida que se trabaje arduamente en el tema educativo se edificará una verdadera sociedad del conocimiento; y, en consecuencia, se ofrecerá respuesta a las necesidades de desarrollo del país.

El Ministerio Público está abocado al tema de la formación, pues en la medida en que se inviertan recursos y tiempo en esa materia se coadyuva a la realización de la justicia

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Es así como los funcionarios del Ministerio Público y otros servidores de distintos organismo del Estado han recibido, a través de la Escuela Nacional de Fiscales, una capacitación continua en diversas áreas atinentes a las funciones de la institución: el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado y la garantía de los derechos humanos.

En el tema de las garantías fundamentales, se han dictado talleres y cursos a los funcionarios de seguridad del Estado, específicamente a efectivos del orden público y a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

¿Y por qué se ha hecho énfasis en el tema de los derechos humanos? Pues el respeto a los DDHH debe estar presente en todo momento en el actuar de los funcionarios del Estado, en especial los que desempeñan labores de seguridad ciudadana.

No se puede hablar de un Estado de derecho y justicia social si no se hace todo cuanto corresponde constitucional y legalmente para evitar y sancionar las violaciones de los derechos humanos.

De allí que, de presentarse una trasgresión a las garantías fundamentales por parte de individualidades, el Estado venezolano tiene que actuar para lograr la sanción debida. ¡Y así lo estamos haciendo!

Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República

El 22 de diciembre de 2014 fui reelecta por la Asamblea Nacional como Fiscal General de la República para el período 2014-2021. Cuando fui juramentada, resalté mi compromiso con el cumplimiento de nuestra Constitución y las leyes.

Este deber tiene como objetivo primordial atacar el retardo procesal y lograr que los sectores más vulnerables no sufran los avatares de las injusticias, sino que la justicia se acerque más a ellos, en aras de garantizar celeridad, transparencia y respeto a los derechos humanos.

Pretendo profundizar el sendero abierto en 2008, cuando asumí mi primer período al frente del Ministerio Público. De allí que una de las primeras acciones a tomar será efectuar una evaluación de lo logrado hasta el momento; de los equipos de trabajo y su renovación si fuese necesario con miras a lograr una justicia expedita y de calidad que resguarde por igual los derechos de víctimas e imputados.

Además, garantizaré que las diligencias dirigidas por nuestros fiscales sean contundentes y le den una solidez irrefutable a la prueba, elemento distintivo del proceso penal acusatorio instaurado hace 16 años para proteger garantías y separar funciones, según lo establece el ordenamiento jurídico.

Para lograr tales objetivos, es imprescindible profundizar en el crecimiento de nuestra institución, con énfasis en la creación de fiscalías especializadas en las materias más sensibles: defensa de la mujer; de los niños, niñas y adolescentes y contra la vulneración de los derechos humanos. Igualmente, fortalecer los planes de trabajo para esclarecer los delitos que atentan contra la vida, y, en consecuencia, luchar contra la impunidad.

Es también fundamental para este nuevo período afianzar las alianzas con otras instituciones encargadas de velar por el respeto de las garantías. Por ello celebramos la designación del nuevo Defensor del Pueblo, con quien hemos iniciado las articulaciones para consolidar el rol del Poder Ciudadano como principal Poder del Estado que garantiza la vigencia plena de los derechos humanos.

Este compromiso que he reafirmado pasa también por mantener las puertas del Ministerio Público abiertas a todos los sectores, para que ejerzan contraloría sobre nuestro desempeño y exijan un cumplimiento fiel de nuestras funciones.

Luisa Ortega Díaz

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado por la ONU para denunciar este fenómeno

 
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado por la ONU para denunciar este fenómeno que es entendido como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

El origen histórico de esta fecha se remonta al asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, mujeres aguerridas que dedicaron su vida a luchar por la equidad social y la libertad. Por tal ímpetu fueron cruel y vilmente asesinadas por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo un 25 de noviembre de 1960 en ese país.

Hoy se busca visibilizar el problema de la violencia de género por ser un elemento que frena el desarrollo físico y psicológico de las mujeres, afecta su desenvolvimiento integral y la vigencia plena de sus derechos humanos.

Para que la eliminación de la violencia contra la mujer sea efectiva, es vital profundizar las políticas públicas con el fin de disminuir las desigualdades estructurales basadas en razones de sexo y género derivadas de los valores de la sociedad patriarcal. Asimismo, resulta significativo ser eficaces y contundentes en este tema, al aplicar las sanciones penales en aquellos hechos que vayan en perjuicio de las féminas.

Desde el Ministerio Público se han realizado esfuerzos sostenidos en este ámbito, los cuales han sido reconocidos en la región latinoamericana: 68 fiscalías creadas a escala nacional con competencia en Defensa para la Mujer, y 219 fiscales especializados en la materia.

Recientemente tuvimos la oportunidad de participar en la XVII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, en Argentina, donde fue acogida nuestra propuesta de formación y sensibilización acerca de este tema que será implementada a través de novedosas herramientas tecnológicas a funcionarios del sistema de justicia penal.

El objetivo es disminuir el fenómeno de la doble victimización de aquellas mujeres víctimas de cualquier forma de violencia y que merecen un trato eficiente, esmerado y humano para atender su situación. También tuvimos la oportunidad de presentar la definición de “femicidio” como nuevo tipo penal que será acogido por nuestra legislación y así se demuestra, una vez más, que la protección de los derechos humanos es una política transversal del Estado venezolano.

Fiscal General de la República

La inclusión de los jóvenes, población mayoritaria del país, resulta indispensable para propiciar cambios en las comunidades y así lograr reducir los índices de violencia

Mañana, 15 de octubre, en Barquisimeto, estado Lara, daremos inicio a los Encuentros Regionales “Prevención es Seguridad Ciudadana”, derivados del Encuentro Nacional que sostuvimos exitosamente en Caracas el pasado mes de septiembre gracias a la participación del pueblo y a la calidad de los temas abordados.

Estos espacios buscan consolidar experiencias interinstitucionales y comunitarias exitosas en materia de resolución alternativa de conflictos, promoción cultural y recuperación del espacio público, entre otras, las cuales sin duda contribuyen con la convivencia solidaria y la prevención del delito.

Durante el Encuentro Nacional celebrado en Caracas, los participantes coincidieron en señalar que frente a los elevados niveles de violencia se requiere la actuación contundente y eficiente del Estado con el fin de castigar delitos graves que afectan la vida y la integridad, profundizando, a su vez, las políticas de inclusión social para satisfacer derechos fundamentales.

La inclusión de los jóvenes, población mayoritaria del país, resulta indispensable para propiciar cambios en las comunidades y así lograr reducir los índices de violencia. Debemos reconocer la importancia de este sector y, en ese sentido, asumir con respeto y sin discriminación las diversas expresiones de identidad, proyectos y expectativas de la juventud venezolana.

El delito es un fenómeno complejo detrás del cual existe un profundo conflicto social; por ello su abordaje debe ser integral. La coordinación y coherencia entre las instancias del sistema de justicia penal y los poderes del Estado es fundamental. Se hace necesario que las distintas instituciones del Estado orientadas a la prevención, hagamos presencia en cada rincón comunitario.

La labor exitosa que hemos venido desarrollando desde las fiscalías municipales es una muestra positiva en este sentido. Las cifras así lo comprueban. Entre enero y julio de 2014, a través de nuestras 29 fiscalías municipales hemos logrado a escala nacional 809 mediaciones y 768 conciliaciones de conflictos comunitarios.

En total, han sido 1.577 situaciones diversas en las que evitamos que la violencia se impusiera. La actuación temprana como puente entre los actores en conflicto ha logrado acuerdos alternativos al cumplimiento de la pena (trabajo comunitario) contribuyendo, de esta forma, a la convivencia solidaria.

Fiscal General de la República

Muchas son las causas que obstaculizan la buena marcha de tan importantes diligencias procesales

El éxito de los actos del proceso penal depende del efectivo cumplimiento de las gestiones o diligencias que se requieran con miras a garantizar las condiciones o formalidades esenciales para la validez de los mismos.

Por ejemplo, en el caso de la audiencia para la celebración del juicio oral y público resulta indispensable la presencia del imputado, defensor público o privado, juez, fiscal del Ministerio Público, víctima y los órganos de prueba.

El mecanismo o trámite para lograr este fin procesal es sencillo: una simple boleta de citación indicando el día, la hora y el sitio en que la audiencia se efectuará. Además, en el caso de que el imputado se encuentre afectado por una medida judicial de privación preventiva de la libertad, debe tramitarse ante la dirección del respectivo centro de reclusión una orden para que sea trasladado hasta la sede del órgano jurisdiccional en el momento de la realización de dicha audiencia. A pesar de la sencillez del trámite procesal, en un alto número de casos no se logra darle inicio a esta fase del proceso penal.

Muchas son las causas que obstaculizan la buena marcha de tan importantes diligencias procesales. En consecuencia, la realización del juicio correspondiente resulta frustrado. Así cada fracaso va sumando al grave fenómeno del retardo procesal.

Ante tal situación nos hemos trazado una estrategia con el propósito de apartar los obstáculos del camino que debe recorrer el trámite procesal para lograr la realización de los juicios. Constitucionalmente corresponde al Ministerio Público garantizar la buena marcha de la administración de justicia y, por ende, daremos cumplimiento a ese mandato, cualquiera sea la magnitud de las trabas.

En ese sentido, he decidido crear las Fiscalías de Trámite Procesal, cuya misión fundamental es velar por el cumplimiento de las gestiones necesarias para el éxito de los actos procesales, principalmente de las audiencias preliminar y de juicio oral y público.

La buena marcha de la administración de justicia implica cumplir con todos los mandatos contemplados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre ellos, la celeridad procesal. Desde ya las Fiscalías de Trámite Procesal serán un bastión para garantizarla.

Fiscal General de la República

La prevención del delito es una de las obligaciones fundamentales del Estado

El próximo 9 de septiembre, en la Sala Plenaria de Parque Central, en Caracas, daremos inicio al encuentro nacional “Prevención es Seguridad Ciudadana”, iniciativa que desde el Ministerio Público hemos asumido para convocar a distintas instituciones del Sistema de Justicia Penal, expertos, académicos y comunidades organizadas, con el fin de debatir el tema de la prevención como herramienta indispensable para garantizar seguridad ciudadana.

En el año 2011, el Ministerio Público venezolano, por primera vez en su historia, incorporó la prevención del delito como eje transversal y complementario a su función de control penal. De allí que fue creado el Plan Nacional para la Prevención Social del Delito, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que busca promover el fortalecimiento de la organización popular dentro del proceso de municipalización de la justicia, para consolidar la prevención integral y la convivencia solidaria.

Su ejecución ha estado a cargo de nuestras novísimas fiscalías municipales y la Dirección de Gestión Social. El resultado: el acercamiento de nuestra institución a los espacios comunitarios para brindar herramientas de orientación respecto al funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y otros mecanismo, los cuales permitan solventar disputas y conflictos que no revisten carácter penal y así propiciar su solución antes de que se conviertan en delitos. De esta manera, se evita el surgimiento de condiciones de vulnerabilidad social.

La prevención del delito es una de las obligaciones fundamentales del Estado, la cual es ejecutada a través de los órganos de seguridad ciudadana, así lo dispone el artículo 55 de la Carta Magna. Tal tarea debe ser efectuada con absoluto respeto a los derechos humanos, pues solo así contará con el consenso de toda la sociedad y, en consecuencia, ser exitosa.

Esperamos que este encuentro nacional sirva como espacio de evaluación y contraloría social sobre las actuaciones que ejercen las distintas instancias del Sistema de Justicia Penal en el cumplimiento de sus funciones, y generar propuestas orientadas a asumir el tema de la prevención como un elemento efectivo en la disminución de la criminalidad.

Hago un llamado a los interesados en debatir este importante tema para que nos acompañen en el encuentro nacional.

Fiscal General de la República

Los ciudadanos pueden participar en programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias

La prevención del delito es una de las obligaciones fundamentales del Estado, tarea que ejecuta a través de los órganos de seguridad ciudadana. Así lo dispone el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; sin embargo, los ciudadanos pueden participar en programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias.

Otro mecanismo constitucional que permite la participación de los ciudadanos son los medios alternativos de justicia, que constituye un método idóneo para solventar disputas y problemáticas que no revistan carácter penal sin vulnerar las competencias jurisdiccionales.

Ello significa conocer el conflicto y propiciar su solución antes de que la situación se agrave y se convierta en delito, en cuyo caso obligatoriamente debe acudirse a la penalización a través de un juez profesional, con todos los requisitos y parámetros establecidos por el ordenamiento legal.

Nuestra legislación contempla los medios alternativos para la resolución de conflictos. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, de fecha 2 de mayo de 2012, es una forma de fomentar la participación popular por vía de los consejos comunales, en solventar los problemas derivados de la convivencia.

El objeto de la esa ley es establecer las normas de organización y funcionamiento de la jurisdicción especial de la justicia de paz, con el fin de preservar la armonía en las relaciones familiares, en la convivencia vecinal y comunitaria, así como resolver los asuntos derivados del ejercicio del derecho a la participación ciudadana.

Un aspecto importante es que el juez de paz no necesariamente debe ser abogado, y es escogido por elección popular entre los miembros de la comunidad, lo cual lo reviste de una majestad diferente, que es en teoría el respeto y confianza de sus conciudadanos para la solución de las controversias que se presenten.

Se debe propiciar en todos los ámbitos la unión entre los órganos del Poder Público y la sociedad, mediante los esfuerzos mancomunados dirigidos a alcanzar los objetivos de cumplir y garantizar los postulados contenidos en la Carta Magna.

Fiscal General de la República