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La rebelión democrática de Cuba

Posted on: julio 17th, 2021 by Laura Espinoza No Comments

 

 

La protesta popular que ocurre en Cuba constituye un duro golpe para la añeja tiranía comunista y para su plan de subversión continental. Extendidas en todo el país las numerosas manifestaciones ponen en jaque a la dictadura de la isla, y obligan a las democracias occidentales a actuar decididamente ante los reclamos libertarios del pueblo en la calle.

 

 

La bárbara respuesta represiva de Díaz Canel evidencia la carencia de un relato creíble capaz de justificar la brutal represión contra millones de ciudadanos, que al grito de ¡Patria y Vida! piden libertad y democracia, y exigen el fin de sesenta y dos años de oscurantismo totalitario, de miseria y corrupción.

 

 

El sargento estalinista que gobierna en la Habana repite el gastado libreto del bloqueo, de las sanciones, y de la supuesta amenaza de  invasión armada, para justificar las cobardes golpizas contra hombres mujeres y niños, ejecutadas por delincuentes que han sido entrenados en sus escuelas de represión y terrorismo.

 

 

Las escenas de esos vergonzosos apaleamientos contra seres humanos indefensos, realizados por decenas de forzudos y bien alimentados sicarios, han dado la vuelta al mundo, demostrando crudamente la verdadera naturaleza de una revolución que hace rato quemó sus mitos, y que ahora con Díaz Canel se desnuda en la plenitud de sus miserias.

 

 

Estos días de sorpresivas y espontaneas protestas han permitido que el mundo libre mire lo que queda de una escuálida dictadura, incapacitada para convocar aquellas multitudes que rendían culto obligatorio a Fidel Castro, o que asistían a la Plaza de la Revolución a condenar las agresiones externas que recurrentemente inventaba la propaganda oficialista.

 

 

Quienes asistían a aquellas fastidiosas veladas revolucionarias son los mismos que han salido a las calles a pedir la renuncia de Díaz Canel y a luchar por la conquista la democracia.

 

 

No hay pueblo cubano que salga a defender la tiranía. Sólo le queda a  la desgastada y solitaria nomenclatura del partido comunista el arma de la represión ejercida a patadas y batazos, que de continuar profundizará el caos y hará crecer aún más la indignación colectiva.

 

 

El gobierno de los Estados Unidos y las democracias de Europa y América están moral y políticamente obligados a responder por el destino de Cuba. No hay excusa frente a la rebelión popular y democrática de toda una nación que exige su derecho a ejercer plenamente la soberanía y a decidir libremente su destino.

 

 

No hay gobiernos, ni parlamentos, ni líderes, ni partidos políticos democráticos, que moralmente puedan justificar o defender, de manera activa o con su indiferencia, la violación masiva de derechos humanos que está ocurriendo en la hermana república antillana.

 

 

Las organizaciones internacionales, las instituciones religiosas, los intelectuales, los medios de comunicación, y  todos los ciudadanos comprometidos con la defensa de los valores de la persona humana y la libertad, deben exigir y trabajar por el final de aquel régimen totalitario.

 

 

Y ante la ofensiva de los grupos de extrema izquierda ubicados en  instancias democráticas representativas, y de las campañas desarrolladas por las cadenas monopólicas de medios de comunicación “progresistas”, que atribuyen a “las sanciones del imperialismo” las causas del drama cubano, es necesario recordar la criminal e irreductible condición dictatorial del castrismo como causa fundamental de esa tragedia.

 

 

En Cuba no hay gobierno legítimo. Quienes allí detentan el poder convirtieron a ese país en la nave nodriza de la  desestabilización y la violencia terrorista en América, y en la cárcel de un pueblo privado de todos sus derechos ciudadanos. Por lo tanto, su rebelión democrática debe ser protegida, y ayudada a lograr sus objetivos. Dejarla languidecer sería un pecado histórico de la comunidad democrática. Y constituiría otra cruel victoria del totalitarismo en su guerra contra la civilización y la democracia en el mundo.

 

 

Julio César Moreno León

 

Pandemia sin vacunas y en la más extrema pobreza

Posted on: abril 10th, 2021 by Laura Espinoza No Comments

 

 

Se  anuncian  nuevos espejismos electorales con el fin de  continuar camuflando la impune violación de los derechos democráticos y la devastación moral y material de la nación.

 

 

Se trata ahora de la elección de gobernadores y alcaldes en las mismas condiciones fraudulentas que han caracterizado a todos los procesos de votación organizados por Chávez y Maduro.

 

 

De esa manera se pretende designar a las autoridades municipales y regionales violentando, una vez más, las garantías que la Constitución y las leyes establecen para la realización de verdaderas elecciones libres, limpias y democráticas.

 

 

Se intenta perpetrar esta nueva farsa en momentos en los que la agudización de la severa crisis humanitaria nos convierte en el país más pobre de América, y en uno de los más depauperados del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional.

 

 

El noventa por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y un ochenta por ciento en  situación de miseria extrema, mientras que nuestro desastroso sistema de salud nos sitúa en total indefensión frente a los efectos de la pandemia del Covid-19.

 

 

Esa realidad económica, social y sanitaria debería asumirse como el tema prioritario y de consenso nacional, destinado a garantizar el derecho a la vida de la población venezolana.

 

 

Sin embargo, por el contrario, presenciamos impotentes como avanza indetenible la tragedia ante la  incapacidad y la indolencia de autoridades supuestamente responsables de combatir el terrible flagelo.

 

 

Prueba fehaciente de esa insensibilidad que caracteriza a la cúpula oficialista es el rechazo a las vacunas que el país podía recibir, mediante el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud.

 

 

El anuncio de esta vacuna había generado esperanzadoras expectativas en la creencia de que el acuerdo entre oficialismo y oposición permitiría la inmunización masiva de la población.

 

 

Pero una vez más,  al igual que en los tiempos de Chávez durante la tragedia de Vargas, el régimen da muestras de su inflexible decisión de anteponer por encima de todas las cosas la hegemonía totalitaria del proyecto comunista.

 

 

Maduro rechazó la disposición de Guaidó a facilitar  treinta millones de dólares disponibles en los fondos que controla en el exterior en su condición de presidente interino, con el fin de iniciar un plan concertado de inmunización.

 

 

“No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada, la que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales”, afirmó el dictador, poniendo punto final al tema, y anunciando que en julio los venezolanos nos vacunaremos masivamente con la cubana Abdalá “que busca una meta de inmunidad perfecta”.

 

 

Esta actitud caracterizada por una intransigencia irracional, divorciada de la realidad que sufre el país, contrasta con los verdaderos hechos que exhiben la multiplicación de los contagios y la muerte de miles de personas.

 

 

Como consecuencia de tan irresponsable proceder el ánimo colectivo se sumerge hoy en el escepticismo y en la percepción de un país sin rumbo ni control, próximo a una especie de “tormenta perfecta” en la que converge todo el mal acumulado durante más de veinte años de sistemática destrucción de nuestro ser nacional.

 

 

Es de recordar que desde mucho antes de aparecer el Covid 19, los gremios de la salud denunciaron el abandono de los hospitales, la carencia de insumos médicos y las precarias condiciones socio-económicas en las que se  encontraban esos profesionales, empleados y trabajadores del sector.

 

 

Esa situación fue reconocida en noviembre de 2019 por el responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU Mark Lowcock en informe suministrado a los medios de comunicación, luego de realizar una visita a nuestro país en la que constató el estado deplorable de nuestro sistema hospitalario.

 

 

Advertía el alto funcionario de Naciones Unidas que en Venezuela millones de seres humanos no tienen acceso al mínimo de alimentos, agua y atención médica, y que la estructura sanitaria se encontraba “al borde del colapso”.

 

 

Al extenderse la pandemia en todo el planeta, Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins manifestaron su alarma por la situación venezolana, y propusieron para nuestro país un plan de ayuda internacional urgente, coordinada por el Secretario General de la ONU Antonio Guterrez y el Coordinador de la Oficina de Asuntos Humanitarios Mark Lowcock, con la cooperación de los países del Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización Panamericana de la Salud.

 

 

En esta propuesta, basada en estudios realizados entre noviembre y diciembre de 2019, se  advertía el peligro de la propagación del virus desde Venezuela hacia los países vecinos, y se planteaba además la necesidad de despolitizar la campaña humanitaria incorporando a ella a todos los sectores de la vida nacional

 

 

Desde el Consejo Superior de la Democracia Cristiana apoyamos infructuosamente aquella iniciativa que entonces fue ignorada por los jerarcas del oficialismo, quienes, como siempre ha ocurrido, negaron la magnitud del problema.

 

 

Hace más de dos años que se plantearon estos mecanismos de concertación nacional e internacional con recursos humanos, científicos y financieros que entonces  estaban disponibles para atender a Venezuela. De haberse implementado esas medidas se hubieran mitigado los efectos de una crisis que adquiere ahora dimensiones catastróficas.

 

 

Hoy nuevamente se le presenta al régimen la posibilidad  de detener la contaminación de millones de personas,  permitiendo la entrada de las vacunas al país, y facilitando un plan urgente de inoculación masiva de la población con la  participación de todos los sectores útiles para tal propósito.

 

 

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana en su más reciente declaración expresa ese angustioso reclamo por el sagrado derecho a la vida de millones de venezolanos, más allá de las diatribas políticas. Hace un llamado al Ejecutivo Nacional para que asuma la convocatoria de las autoridades sanitarias y de todas las instancias privadas y públicas que, sin condicionamientos políticos, y con valedero criterio científico seleccionen la vacuna adecuada para toda la población, evitando que ésta se convierta en “un campo de experimentos de productos inseguros”. Y para cumplir ese objetivo propone un “frente común”, sin criterios partidistas ni ideológicos, con predominancia de “personal médico serio existente en el país y representantes de los principales actores de la acción social en Venezuela”.

 

 

Si en el seno de la cúpula oficialista existiera un vestigio de sensatez y de realismo en la percepción del desastre sin precedentes que vivimos todos, aceptarían la propuesta de la Iglesia. Sólo así podemos superar esta pandemia que nos ataca sin vacunas y en la más extrema pobreza.

 

 

 

Julio César Moreno León

 El cese de la usurpación no es negociable

Posted on: junio 29th, 2019 by Laura Espinoza No Comments

A pesar del desastre que vive Venezuela el régimen, hoy no está amenazado en su estabilidad. Ni constituye para los usurpadores una preocupación mayor el desastre económico y la crisis humanitaria. Chávez y Maduro compraron el modelo cubano, y ese modelo incluye gobernar en medio de la miseria. Así ocurre en Cuba desde hace casi sesenta años. Y a esa etapa de pobreza forzada nos lleva la dictadura venciendo, hasta ahora, todas las resistencias.

 

 

Sólo falta que pasen el último cerrojo. Así como los Castro se consolidaron dueños de la Isla, Maduro y su grupo son hoy los dueños de Venezuela, son los propietarios de más de 916.000 kilómetros cuadrados de territorio, en donde actúan a sus anchas.

 

 

Aquí se sienten más cómodos que en un peligroso exilio que los puede conducir finalmente a una cárcel norteamericana, o con el paso de los años a una prisión en Venezuela si rescatamos la democracia. Esto hace imposible una negociación que les obligue a entregar el poder. Ninguna oferta les pueda garantizar un futuro exento del castigo.

 

 

Los juicios por narcotráfico en los tribunales americanos, no son negociables políticamente, y cuando se terminen de destapar estos casos va a ser más evidente la magnitud de esos delitos. Igualmente ocurrirá en la justicia internacional con la violación de los derechos humanos, la corrupción y lavado de dinero proveniente de negocios turbios con el Estado venezolano.

 

 

Además en el futuro la acción privada de las víctimas exigiendo justicia, tampoco será negociable. Por ello en la medida en que las sanciones aplicadas a los altos funcionarios se intensifica, y en la medida en que los tribunales dictan sentencias condenatorias, la cúpula oficialista se ve obligada a unificarse por encima de las diferencias que tienen. En otras palabras, el delito y la corrupción los une.

 

 

Es necesario considerar, además, que la penetración en Venezuela de China, Rusia, Cuba, Turquía, ha construido una alianza delincuencial que cambia apoyo por robo de nuestras riquezas. Así la usurpación recibe respaldo económico y político muy valioso para paliar las dificultades. Y el poder de veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad es una herramienta muy poderosa que protege a Maduro y a su régimen frente a cualquier intento de sanciones de la ONU, o de cualquier acción internacional que permita la sustitución de Maduro y su régimen.

 

 

El peso de esas dictaduras totalitarias, lamentablemente, ha sido muy grande incluso en las decisiones que asumen países democráticos que en Europa y en América Latina han manifestado su reconocimiento a Guaidó. Sus intereses económicos y políticos no son los mismos del gobierno de Trump, el aliado más cercano y más poderoso que tenemos los venezolanos.

 

 

Por ello, la política frente a Cuba distancia a europeos y canadienses del gobierno norteamericano. Mientras Donald Trump proclama su guerra contra las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser factores que ponen en peligro la estabilidad y seguridad de América, aquellos gobiernos privilegian por encima de todo el futuro de sus negocios en la Isla.

 

 

Por otra parte, frente a Rusia y China los presidentes latinoamericanos que mantienen con esos países prósperas y normales relaciones económicas, no parecen dispuestos a secundar una cruzada contra la “injerencia extra-continental” que aquellas potencias practican en Venezuela, materializada en saqueo grosero de nuestras riquezas a cambio de apoyo político y económico a una tiranía que destruye impunemente al país.

 

 

China es el primer socio comercial de Chile, con un intercambio cercano a los 35 mil millones de dólares anuales. Sus exportaciones duplican a las que se realizan con Estados Unidos y es superior a las que desarrollan con la Unión Europea. China es también el primer socio comercial de Brasil con un intercambio de más de 74 mil millones de dólares anuales. Y según la Cepal durante el 2017 China fue el país del mundo en el que más crecieron las exportaciones de latinoamérica.

 

 

Por esas razones, y a pesar de la cercanía política y de los tradicionales vínculos económicos con Estados Unidos, no resulta difícil entender que los países del llamado Grupo de Lima además de ser contrarios a cualquier intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, hayan propuesto que China, Rusia e incluso Cuba “formen parte de la solución” del caso venezolano, a pesar de que esas dictaduras han sido precisamente los rapaces aliados de Chávez y Maduro, y los que mayores beneficios han obtenido en la destrucción de la economía nacional y en la rebatiña de nuestras riquezas.

 

 

Los documentos del ese grupo latinoamericano de países amigos denuncian la ilegitimidad del gobierno de Maduro, señalan la grave situación humanitaria que sufre el país, la violencia criminal contra la población civil y la denegación de la asistencia internacional, hechos que califican como “crimen de lesa humanidad”, y respaldan la denuncia en la Corte Penal Internacional que por esos y otros crímenes formularon los gobiernos de Canadá, Colombia Chile, Paraguay, y Perú el 27 de septiembre de 2018.

 

 

Sin embargo en todas sus declaraciones el Grupo de Lima niega el apoyo a una eventual acción de fuerza contra un régimen que se mantiene en el poder, precisamente gracias al uso de la violencia, y que cuenta además con la guerrilla colombiana, con agentes etarras, y con el terrorismo islámico establecidos en nuestro territorio para defender su proyecto totalitario, y para utilizarlos contra sus hoy prudentes vecinos si las circunstancias así lo exigen, en el momento que sea propicio. Todo esto está enmarcado en el proyecto de dominación continental del Foro de Sao Paulo, tutelado por la dictadura cubana y concebido por Fidel Castro muchos años después del fracaso que sufrieron sus guerrillas en los años sesenta. Proyecto que sustituyó al que el mismo Castro proclamó en la reunión Tricontinental de la Habana realizada en enero del 66 y en la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) efectuada también el capital cubana en agosto de 1967, cuando la revolución comunista aspiraba convertir a América Latina en “dos tres o más Vietnam”, como proponía el Che Guevara.

 

 

Desde su primer manifiesto el Grupo de Lima se opone a cualquier intervención internacional armada. En ese documento afirma, “la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyado por medios pacíficos y diplomáticos sin el uso de la fuerza”.

 

 

Sin objetar, y aún más, compartiendo la vocación pacífica de esos gobiernos amigos nos preguntamos si de la narrativa contenida en sus acusaciones al régimen dictatorial se puede concluir que la cúpula oficialista va a “dialogar” sobre temas fundamentales que pongan en peligro su permanencia en el poder, tal y como aspiran y proponen hoy nuestro demócratas y bien intencionados vecinos. Y nos preguntamos, igualmente, como la transición puede ser conducida pacíficamente, en el marco constitucional y mediante acuerdos diplomáticos, cuando en todos esos tramposos diálogos el chavismo ha aplicado la misma receta, utilizando esos eventos para ganar tiempo, para fortalecer su precaria imagen internacional, dividir los criterios de la oposición y enfriar las protestas populares. Tal como ha ocurrido, y está ocurriendo de nuevo.

 

 

Además, en estos encuentros los “mediadores”, califican tanto a la resistencia como a la tiranía, con el título de “partes en conflicto”, poniendo en las mismas condiciones a quienes defienden la constitución, las libertades y el Estado de Derecho, y a los que en nombre “la revolución” atropellan la libertad y nos hunden en espantosa crisis humanitaria. De esa manera Nicolás Maduro reivindica progresivamente sus apariencias de Presidente Constitucional, mientras se retoma el camino de negociaciones que no conducirán sino a una nueva frustración nacional. La reciente visita a nuestro país de Michel Bachelet forma parte de ese propósito hábilmente trabajado.

 

 

Estas realidades nos permiten detectar la existencia de poderosas presiones que llevaron a la sorpresiva reunión convocada en Noruega, y posteriormente a la iniciativa del gobierno de Suecia para proseguir consultas, destinadas a negociar nuestro destino no se sabe a nombre de quien, en cuales condiciones, y a qué precio. Todo aquello a pesar de que después de las fracasadas reuniones de República Dominicana los líderes de la oposición anunciaron que no asistirían más a este tipo de convocatorias.

 

 

Planteado ese panorama se nos podrá preguntar qué hacer y cuáles son las alternativas ante el complejo y difícil proceso que vivimos. Ante todo debemos valorar lo que hoy significa nuestro país en la comunidad internacional y la solidaridad universal que ha recibido de los pueblos libres del mundo, mientras por el contrario la cúpula totalitaria que secuestra el poder es vista como la tiranía más repudiada en la historia de América.

 

 

El valor moral de la resistencia y el testimonio de sus luchas nos otorga la fuerza política para actuar ante los ojos del mundo liderando nuestro destino y construyendo nuestra propia historia. Lamentablemente buena parte de la dirigencia opositora parece no querer comprender esa realidad. Algunas de sus últimas actuaciones así lo demuestran.

 

 

Se dice que la dimensión del drama venezolano no tiene precedentes en América, y ello es cierto. En el tiempo de la mayor bonanza económica de nuestra historia hemos pasado a ser uno de los países más pobres del mundo, con cerca de cuatro millones de compatriotas que escapan del país en caravanas miserables, con un noventa por ciento de la población oscilando entre la pobreza y la extrema miseria, y con un gobierno ilegítimo que despliega impunemente una represión más cruel y sistemática que la ejercida por cualquiera de las tantas dictaduras militares sufridas por nuestro país.

 

 

Las repercusiones de esa tragedia se desparraman sobre todo el continente, sin que quienes la han causado expresen ninguna intención de ayudar a atenuarla. Por el contrario la política de los usurpadores es hostil hacia los países vecinos que ingenuamente insisten en acompañar diálogos anestesiantes, cuyo verdadero objetivo es cumplir la tarea de darle tiempo al plan totalitario, sembrar el desaliento y la desesperanza, y crearle graves problemas sociales a los países que reciben a esos millones de refugiados.

 

 

Los venezolanos creemos en la vigencia del gobierno presidido por Juan Guaidó, encargado de cumplir el mandato constitucional de realizar la transición hacia el Estado de Derecho, y de liderar a los países amigos que han decidido apoyarnos en esa tarea.

 

 

De acuerdo con la Constitución la conducción de la política exterior le corresponde al presidente de la república. Para el cumplimiento de esa política enmarcada en “el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”, la solidaridad internacional es requisito indispensable.

 

 

Esa solidaridad internacional debe materializarse mediante acciones eficaces, siempre bajo el liderazgo de la resistencia venezolana liderada por el Presidente con el respaldo de los factores internos que dan legitimidad a su gobierno.

 

 

El cese de la usurpación no es negociable. Es el paso previo para iniciar la transición hacia la libertad.

 

 

Julio César Moreno León

Camino al colapso, la miseria no espera

Posted on: enero 3rd, 2018 by Laura Espinoza No Comments

PDVSA se convirtió en chatarra y sobre sus restos, con la mayor desvergüenza, Maduro acusa a Ramírez, y Ramírez acusa a Maduro de la espantosa e innegable corrupción que destruyó a nuestra otrora primera empresa nacional. Mientras tanto nos quedamos sin gasolina ni transporte y, para colmo de males, el colapso del sistema eléctrico avanza indetenible.

 

 

 

En todo el país campean la miseria extrema y la delincuencia. Mueren de mengua los enfermos por falta de medicina. Niños descalzos que en las calles suplican por comida hacen parte del paisaje inhumano de la revolución. Y La hiperinflación, hace rato, dejó de ser un término técnico para convertirse en martirio cotidiano de la ciudadanía.

 

 

 

Una decisión miserable de la dictadura impide a 130 niños reencontrarse con sus padres emigrados al Perú, y penaliza a la esposa e hijas del dirigente político Oscar Pérez por su acción humanitaria a favor de familias a las que ha separado la grave tragedia nacional.

 

 

Como ocurrió en Cuba meses después de la llegada de Fidel al poder, el gobierno decide ahora en Venezuela quién puede salir del territorio nacional y quién no puede hacerlo. Simplemente, sin mayores explicaciones al infortunado viajero se le despoja del pasaporte, y se le aplica arbitrariamente la prohibición de salida del país sin necesidad de orden judicial.

 

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Esa medida se la imponen a adversarios del régimen, incluyendo a parlamentarios supuestamente protegidos por la inmunidad que consagra la moribunda Constitución Bolivariana. Y en el caso de los niños que pretendían viajar a Lima se repite la misma política de separación de las familias que implantó el comunismo cubano a partir de 1960.

 

 

 

La ilegítima asamblea constituyente clausura a tres de los principales partidos que se reúnen con el gobierno en Santo Domingo, y despoja al pueblo de las alcaldías metropolitanas de Caracas y del Alto Apure. Aristóbulo Istúriz proclama que no hay necesidad de crear nuevas instituciones para sustituir esos cabildos clausurados, porque ahora “hay que darle forma a la vida comunal”.

 

 

 

El oportunismo, junto a las amenazas del poder y sus métodos chantajistas, logran que gobernadores y alcaldes electos con votos de la oposición, se juramenten ante la fraudulenta ANC, a cambio de mantener posiciones burocráticas subordinadas a los designios del gobierno.

 

 

 

Freddy Guevara Vicepresidente de la Asamblea Nacional se refugia el pasado 5 de noviembre en la Embajada de Chile. Ocurre que el fiscal oficialista Tarek William le acusa, nada más y nada menos, que de instigación pública al odio de manera continuada, y de usar niños, niñas y adolescentes para delinquir durante las últimas jornadas de protesta popular, en las que 130 compatriotas murieron, más de 1.000 resultaron heridos, y 5.000 fueron detenidos ilegalmente.

 

 

 

Raudo y veloz el TSJ del gobierno pide a la ilegítima constituyente el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Guevara con el fin de enjuiciarle penalmente. En sesión extraordinaria de ese organismo se aprueba la solicitud mientras Delcy Rodríguez afirma: “llegó la hora de la justicia”.

 

 

 

A los presos políticos se les utiliza como instrumentos para continuar legitimando la condición todopoderosa de la fraudulenta ANC, y para reforzar la coartada con la que el oficialismo justifica las reuniones de República Dominicana que se iniciaron el primero de diciembre

 

 

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Una vez más Delcy Rodríguez toma su rol protagónico y al anunciar la liberación de algunos de los presos afirma que la medida “tiene un sentido pedagógico, para que los hechos promovidos por la oposición no vuelvan a repetirse”. Y dice sarcásticamente que “el diálogo va chévere, nos daremos el abrazo de año nuevo en Santo Domingo”.

 

 

 

Estos son algunos de los más recientes hechos protagonizados, en los últimos meses del año que terminó, por un gobierno que intenta acostumbrarnos a vivir sin libertad y en condiciones de miseria permanente. De esa manera el proyecto dictatorial se sigue desarrollando a pesar de la creciente indignación colectiva en medio de una agónica situación que ya resulta insostenible.

 

 

 

Por supuesto estos acontecimientos son sólo parte del plan totalitario que en su última fase implementa la fraudulenta ANC, y que ha tutelado durante 18 años el gobierno comunista de la Habana.

Así las cosas resulta difícil creer que el encuentro MUD-Gobierno, fijado para el 15 de enero próximo, conduzca a crear condiciones propicias hacia la reinstitucionalización pacífica y democrática del país por la vía electoral. No hay un solo gesto del régimen que nos permita pensar lo contrario.

 

 

 

De acuerdo con las exigencias que plantearon los partidos de la MUD, el canal humanitario destinado a lograr la entrada al país de productos básicos y medicinas, la libertad de todos los presos políticos, las elecciones libres con un Consejo Electoral equilibrado, la supervisión internacional de esas elecciones sin inhabilitados, y la restitución de los poderes del parlamento son algunos temas centrales que condicionan cualquier entendimiento.

 

 

 

En respuesta Maduro, Diosdado, los hermanos Rodríguez, y el general Padrino en nombre de la cúpula militar, entre otros, han negado públicamente aquellas exigencias y han ratificado lo invariable de las condiciones políticas establecidas por el gobierno a través de la constituyente oficialista.

 

 

 

Así, es evidente que el régimen traza caminos irreversibles en dirección contraria a las demandas de la oposición y de lo que han planteado, también en términos invariables, los países democráticos que mantienen presión destinada a restablecer el estado de derecho en Venezuela.

 

 

 

Lo cierto es que en los últimos meses del año que ha finalizado, el gobierno concentró aún más el poder, golpeó con mayor intensidad a la legítima Asamblea Nacional al perseguir y violar el fuero parlamentario de su Vicepresidente, ilegalizó los principales partidos, cerró las alcaldías mayores, aceptó el reto del aislamiento internacional, aprobó la ley del odio, y dictó otras medidas arbitrarias que buscan liquidar definitivamente los pocos espacios democráticos que aun existen.

 

 

 

A pesar de estos hechos los dirigentes de la MUD anuncian su disposición de ir a las elecciones presidenciales con candidato único, “cuando el CNE convoque”. Según ha dicho Henry Ramos Allup. Mientras Luis Florido promete buscar un candidato de unidad porque “si no vamos juntos no podemos”.

 

 

 

Nos preguntarnos si esos anuncios previos a la reunión dominicana indican que la MUD participará nuevamente en elecciones con este CNE, ahora repotenciado por los superpoderes inapelables de la oficialista constituyente. O si, como piensan algunos optimistas son posibles los acuerdos que permitan una confrontación electoral equilibrada, sin la cual vamos hacia a un nuevo fraude y hacia la agudización de la crisis con un componente de violencia social incontrolable. Porque, camino al colapso total la miseria no espera.

 

 

Caracas, enero de 2018

 

 

Julio César Moreno León

juliocesarmorenoleon@yahoo.es

¿Acuerdos para reconocer la constituyente y mantener a Maduro hasta el 2018?

Posted on: septiembre 17th, 2017 by Laura Espinoza No Comments

El fantasma del falso diálogo golpea una vez más la credibilidad de la dirigencia opositora, y genera incertidumbre y desconfianza en los partidos políticos que controlan la MUD.

 

 

 

La invitación a reuniones en Santo Domingo formulada por el presidente Danilo Medina, con el fin de intentar negociaciones entre el gobierno y la oposición, prenden de nuevo las alarmas en una población ya bastante curada de espanto ante este tipo de engañosas iniciativas.

 

 

 

 

El país sabe que el gobierno dominicano es incondicional amigo de Maduro, y que ha bloqueado en la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana solicitada por el Secretario General Luis Almagro. Y sabe igualmente toda Venezuela que el ex presidente dominicano Leonel Fernández, es junto a Zapatero y Torrijos un activo agente de la dictadura.

 

 

 

Esta reunión se realiza en momentos en que la presión internacional hace cada vez más crítico el aislamiento mundial del gobierno venezolano, pues la presencia de Nicolás Maduro en el poder resulta indeseable para la mayoría de las naciones que le identifican como cabeza de un “gobierno forajido” destructor de las instituciones democráticas, que hunde al país en crisis humanitaria, viola los derechos humanos, impone el terrorismo de Estado y practica la represión de manera sistemática y criminal contra la población civil.

 

 

 

Con la excepción de República Dominicana, los países del ALBA, y las dictaduras que más allá de las fronteras de América cobijan y auspician el totalitarismo, la mayoría de los gobiernos democráticos se muestran inclinados a la aplicación de medidas que presionen a favor de sustituir la tiranía. Por esa razón resulta inaceptable algunas decisiones surgidas de secretos conciliábulos que sorprenden y decepcionan, no sólo a nuestro país sino también a quienes en el mundo acompañan solidariamente a la resistencia venezolana.

 

 

 

La experiencia de las fracasadas reuniones que tuvieron como acompañante al Nuncio Apostólico en 2016, pareciera no ser suficiente para demostrar que el gobierno utiliza otra vez el diálogo tramposo como instrumento para distraer al país, y para amainar las reacciones internacionales que condenan sus permanentes atropellos.

 

 

 

Frente al intento de perpetrar esta nueva estafa contra la fe ciudadana, es necesario recordar que hace tan sólo dos meses (cuando el país libraba los más duros combates contra la salvaje represión gubernamental), se realizó el cívico y democrático plebiscito del 16 de julio. Esa consulta popular que fue convocada, entre otros factores, por la delegación que asiste a la reunión promovida por Danilo Medina.

 

 

 

Las preguntas votadas afirmativamente por más de 7 millones de personas avalaron el desconocimiento de la falaz constituyente; el acatamiento de la fuerza armada a la Constitución de 1999; la renovación constitucional de los Poderes Públicos, elecciones libres y transparentes y la conformación de un Gobierno de Unidad Nacional.

 

 

 

Por ello, llama la atención que en el comunicado emitido por la MUD en relación a las condiciones para un posible diálogo, no se mencione el repudio abrumador a la fraudulenta asamblea, y que no sea ratificado ese rechazo en la reunión dominicana.

 

 

 

Recordemos, además, que también la constituyente de Maduro fue repudiada por más de ochenta por ciento de venezolanos que se abstuvieron de participar en la farsa electoral realizada el domingo 31 de julio.

 

 

 

Tampoco es posible obviar que en la elección de ese ilegítimo organismo ocurrió un fraude de gigantescas proporciones denunciado por Smartmatic, la fiel empresa que durante todos estos años ha servido al régimen como su parapeto electoral.

 

 

 

En el comunicado se propone en cambio, en forma vaporosa, una “Normalización constitucional del país”, cuando la realidad es que el grupo que usurpa la representación popular bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, se dispone a construir la nueva constitucionalidad revolucionaria, y se erige como tutor encargado de condicionar las próximas elecciones regionales, (además de las otras votaciones que vengan), y de establecer las atribuciones que tendrán los gobernadores, alcaldes, concejales y funcionarios públicos electos o no, pues el todopoderoso bodrio constituyente amenaza con prolongarse de manera indefinida.

 

 

 

 

Unida a las consideraciones señaladas, encontramos un planteamiento en el comunicado de la MUD que pudiera cambiar drástica y radicalmente el rumbo hasta ahora trazado por los partidos de la UNIDAD. Se trata del petitorio de un cronograma electoral que incluye elecciones presidenciales el próximo año. Nos preguntamos si la MUD al formular esa propuesta renuncia a lo que cientos de miles de compatriotas pedían en las calles hace apenas unos días, cuando enfrentaban la criminal represión: La salida de Maduro y el final de la dictadura.

 

 

Julio César Moreno León

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