Se anuncian nuevos espejismos electorales con el fin de continuar camuflando la impune violación de los derechos democráticos y la devastación moral y material de la nación.
Se trata ahora de la elección de gobernadores y alcaldes en las mismas condiciones fraudulentas que han caracterizado a todos los procesos de votación organizados por Chávez y Maduro.
De esa manera se pretende designar a las autoridades municipales y regionales violentando, una vez más, las garantías que la Constitución y las leyes establecen para la realización de verdaderas elecciones libres, limpias y democráticas.
Se intenta perpetrar esta nueva farsa en momentos en los que la agudización de la severa crisis humanitaria nos convierte en el país más pobre de América, y en uno de los más depauperados del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional.
El noventa por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y un ochenta por ciento en situación de miseria extrema, mientras que nuestro desastroso sistema de salud nos sitúa en total indefensión frente a los efectos de la pandemia del Covid-19.
Esa realidad económica, social y sanitaria debería asumirse como el tema prioritario y de consenso nacional, destinado a garantizar el derecho a la vida de la población venezolana.
Sin embargo, por el contrario, presenciamos impotentes como avanza indetenible la tragedia ante la incapacidad y la indolencia de autoridades supuestamente responsables de combatir el terrible flagelo.
Prueba fehaciente de esa insensibilidad que caracteriza a la cúpula oficialista es el rechazo a las vacunas que el país podía recibir, mediante el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud.
El anuncio de esta vacuna había generado esperanzadoras expectativas en la creencia de que el acuerdo entre oficialismo y oposición permitiría la inmunización masiva de la población.
Pero una vez más, al igual que en los tiempos de Chávez durante la tragedia de Vargas, el régimen da muestras de su inflexible decisión de anteponer por encima de todas las cosas la hegemonía totalitaria del proyecto comunista.
Maduro rechazó la disposición de Guaidó a facilitar treinta millones de dólares disponibles en los fondos que controla en el exterior en su condición de presidente interino, con el fin de iniciar un plan concertado de inmunización.
“No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada, la que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales”, afirmó el dictador, poniendo punto final al tema, y anunciando que en julio los venezolanos nos vacunaremos masivamente con la cubana Abdalá “que busca una meta de inmunidad perfecta”.
Esta actitud caracterizada por una intransigencia irracional, divorciada de la realidad que sufre el país, contrasta con los verdaderos hechos que exhiben la multiplicación de los contagios y la muerte de miles de personas.
Como consecuencia de tan irresponsable proceder el ánimo colectivo se sumerge hoy en el escepticismo y en la percepción de un país sin rumbo ni control, próximo a una especie de “tormenta perfecta” en la que converge todo el mal acumulado durante más de veinte años de sistemática destrucción de nuestro ser nacional.
Es de recordar que desde mucho antes de aparecer el Covid 19, los gremios de la salud denunciaron el abandono de los hospitales, la carencia de insumos médicos y las precarias condiciones socio-económicas en las que se encontraban esos profesionales, empleados y trabajadores del sector.
Esa situación fue reconocida en noviembre de 2019 por el responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU Mark Lowcock en informe suministrado a los medios de comunicación, luego de realizar una visita a nuestro país en la que constató el estado deplorable de nuestro sistema hospitalario.
Advertía el alto funcionario de Naciones Unidas que en Venezuela millones de seres humanos no tienen acceso al mínimo de alimentos, agua y atención médica, y que la estructura sanitaria se encontraba “al borde del colapso”.
Al extenderse la pandemia en todo el planeta, Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins manifestaron su alarma por la situación venezolana, y propusieron para nuestro país un plan de ayuda internacional urgente, coordinada por el Secretario General de la ONU Antonio Guterrez y el Coordinador de la Oficina de Asuntos Humanitarios Mark Lowcock, con la cooperación de los países del Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización Panamericana de la Salud.
En esta propuesta, basada en estudios realizados entre noviembre y diciembre de 2019, se advertía el peligro de la propagación del virus desde Venezuela hacia los países vecinos, y se planteaba además la necesidad de despolitizar la campaña humanitaria incorporando a ella a todos los sectores de la vida nacional
Desde el Consejo Superior de la Democracia Cristiana apoyamos infructuosamente aquella iniciativa que entonces fue ignorada por los jerarcas del oficialismo, quienes, como siempre ha ocurrido, negaron la magnitud del problema.
Hace más de dos años que se plantearon estos mecanismos de concertación nacional e internacional con recursos humanos, científicos y financieros que entonces estaban disponibles para atender a Venezuela. De haberse implementado esas medidas se hubieran mitigado los efectos de una crisis que adquiere ahora dimensiones catastróficas.
Hoy nuevamente se le presenta al régimen la posibilidad de detener la contaminación de millones de personas, permitiendo la entrada de las vacunas al país, y facilitando un plan urgente de inoculación masiva de la población con la participación de todos los sectores útiles para tal propósito.
La Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana en su más reciente declaración expresa ese angustioso reclamo por el sagrado derecho a la vida de millones de venezolanos, más allá de las diatribas políticas. Hace un llamado al Ejecutivo Nacional para que asuma la convocatoria de las autoridades sanitarias y de todas las instancias privadas y públicas que, sin condicionamientos políticos, y con valedero criterio científico seleccionen la vacuna adecuada para toda la población, evitando que ésta se convierta en “un campo de experimentos de productos inseguros”. Y para cumplir ese objetivo propone un “frente común”, sin criterios partidistas ni ideológicos, con predominancia de “personal médico serio existente en el país y representantes de los principales actores de la acción social en Venezuela”.
Si en el seno de la cúpula oficialista existiera un vestigio de sensatez y de realismo en la percepción del desastre sin precedentes que vivimos todos, aceptarían la propuesta de la Iglesia. Sólo así podemos superar esta pandemia que nos ataca sin vacunas y en la más extrema pobreza.
Julio César Moreno León
