A pesar del desastre que vive Venezuela el régimen, hoy no está amenazado en su estabilidad. Ni constituye para los usurpadores una preocupación mayor el desastre económico y la crisis humanitaria. Chávez y Maduro compraron el modelo cubano, y ese modelo incluye gobernar en medio de la miseria. Así ocurre en Cuba desde hace casi sesenta años. Y a esa etapa de pobreza forzada nos lleva la dictadura venciendo, hasta ahora, todas las resistencias.
Sólo falta que pasen el último cerrojo. Así como los Castro se consolidaron dueños de la Isla, Maduro y su grupo son hoy los dueños de Venezuela, son los propietarios de más de 916.000 kilómetros cuadrados de territorio, en donde actúan a sus anchas.
Aquí se sienten más cómodos que en un peligroso exilio que los puede conducir finalmente a una cárcel norteamericana, o con el paso de los años a una prisión en Venezuela si rescatamos la democracia. Esto hace imposible una negociación que les obligue a entregar el poder. Ninguna oferta les pueda garantizar un futuro exento del castigo.
Los juicios por narcotráfico en los tribunales americanos, no son negociables políticamente, y cuando se terminen de destapar estos casos va a ser más evidente la magnitud de esos delitos. Igualmente ocurrirá en la justicia internacional con la violación de los derechos humanos, la corrupción y lavado de dinero proveniente de negocios turbios con el Estado venezolano.
Además en el futuro la acción privada de las víctimas exigiendo justicia, tampoco será negociable. Por ello en la medida en que las sanciones aplicadas a los altos funcionarios se intensifica, y en la medida en que los tribunales dictan sentencias condenatorias, la cúpula oficialista se ve obligada a unificarse por encima de las diferencias que tienen. En otras palabras, el delito y la corrupción los une.
Es necesario considerar, además, que la penetración en Venezuela de China, Rusia, Cuba, Turquía, ha construido una alianza delincuencial que cambia apoyo por robo de nuestras riquezas. Así la usurpación recibe respaldo económico y político muy valioso para paliar las dificultades. Y el poder de veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad es una herramienta muy poderosa que protege a Maduro y a su régimen frente a cualquier intento de sanciones de la ONU, o de cualquier acción internacional que permita la sustitución de Maduro y su régimen.
El peso de esas dictaduras totalitarias, lamentablemente, ha sido muy grande incluso en las decisiones que asumen países democráticos que en Europa y en América Latina han manifestado su reconocimiento a Guaidó. Sus intereses económicos y políticos no son los mismos del gobierno de Trump, el aliado más cercano y más poderoso que tenemos los venezolanos.
Por ello, la política frente a Cuba distancia a europeos y canadienses del gobierno norteamericano. Mientras Donald Trump proclama su guerra contra las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser factores que ponen en peligro la estabilidad y seguridad de América, aquellos gobiernos privilegian por encima de todo el futuro de sus negocios en la Isla.
Por otra parte, frente a Rusia y China los presidentes latinoamericanos que mantienen con esos países prósperas y normales relaciones económicas, no parecen dispuestos a secundar una cruzada contra la “injerencia extra-continental” que aquellas potencias practican en Venezuela, materializada en saqueo grosero de nuestras riquezas a cambio de apoyo político y económico a una tiranía que destruye impunemente al país.
China es el primer socio comercial de Chile, con un intercambio cercano a los 35 mil millones de dólares anuales. Sus exportaciones duplican a las que se realizan con Estados Unidos y es superior a las que desarrollan con la Unión Europea. China es también el primer socio comercial de Brasil con un intercambio de más de 74 mil millones de dólares anuales. Y según la Cepal durante el 2017 China fue el país del mundo en el que más crecieron las exportaciones de latinoamérica.
Por esas razones, y a pesar de la cercanía política y de los tradicionales vínculos económicos con Estados Unidos, no resulta difícil entender que los países del llamado Grupo de Lima además de ser contrarios a cualquier intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, hayan propuesto que China, Rusia e incluso Cuba “formen parte de la solución” del caso venezolano, a pesar de que esas dictaduras han sido precisamente los rapaces aliados de Chávez y Maduro, y los que mayores beneficios han obtenido en la destrucción de la economía nacional y en la rebatiña de nuestras riquezas.
Los documentos del ese grupo latinoamericano de países amigos denuncian la ilegitimidad del gobierno de Maduro, señalan la grave situación humanitaria que sufre el país, la violencia criminal contra la población civil y la denegación de la asistencia internacional, hechos que califican como “crimen de lesa humanidad”, y respaldan la denuncia en la Corte Penal Internacional que por esos y otros crímenes formularon los gobiernos de Canadá, Colombia Chile, Paraguay, y Perú el 27 de septiembre de 2018.
Sin embargo en todas sus declaraciones el Grupo de Lima niega el apoyo a una eventual acción de fuerza contra un régimen que se mantiene en el poder, precisamente gracias al uso de la violencia, y que cuenta además con la guerrilla colombiana, con agentes etarras, y con el terrorismo islámico establecidos en nuestro territorio para defender su proyecto totalitario, y para utilizarlos contra sus hoy prudentes vecinos si las circunstancias así lo exigen, en el momento que sea propicio. Todo esto está enmarcado en el proyecto de dominación continental del Foro de Sao Paulo, tutelado por la dictadura cubana y concebido por Fidel Castro muchos años después del fracaso que sufrieron sus guerrillas en los años sesenta. Proyecto que sustituyó al que el mismo Castro proclamó en la reunión Tricontinental de la Habana realizada en enero del 66 y en la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) efectuada también el capital cubana en agosto de 1967, cuando la revolución comunista aspiraba convertir a América Latina en “dos tres o más Vietnam”, como proponía el Che Guevara.
Desde su primer manifiesto el Grupo de Lima se opone a cualquier intervención internacional armada. En ese documento afirma, “la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyado por medios pacíficos y diplomáticos sin el uso de la fuerza”.
Sin objetar, y aún más, compartiendo la vocación pacífica de esos gobiernos amigos nos preguntamos si de la narrativa contenida en sus acusaciones al régimen dictatorial se puede concluir que la cúpula oficialista va a “dialogar” sobre temas fundamentales que pongan en peligro su permanencia en el poder, tal y como aspiran y proponen hoy nuestro demócratas y bien intencionados vecinos. Y nos preguntamos, igualmente, como la transición puede ser conducida pacíficamente, en el marco constitucional y mediante acuerdos diplomáticos, cuando en todos esos tramposos diálogos el chavismo ha aplicado la misma receta, utilizando esos eventos para ganar tiempo, para fortalecer su precaria imagen internacional, dividir los criterios de la oposición y enfriar las protestas populares. Tal como ha ocurrido, y está ocurriendo de nuevo.
Además, en estos encuentros los “mediadores”, califican tanto a la resistencia como a la tiranía, con el título de “partes en conflicto”, poniendo en las mismas condiciones a quienes defienden la constitución, las libertades y el Estado de Derecho, y a los que en nombre “la revolución” atropellan la libertad y nos hunden en espantosa crisis humanitaria. De esa manera Nicolás Maduro reivindica progresivamente sus apariencias de Presidente Constitucional, mientras se retoma el camino de negociaciones que no conducirán sino a una nueva frustración nacional. La reciente visita a nuestro país de Michel Bachelet forma parte de ese propósito hábilmente trabajado.
Estas realidades nos permiten detectar la existencia de poderosas presiones que llevaron a la sorpresiva reunión convocada en Noruega, y posteriormente a la iniciativa del gobierno de Suecia para proseguir consultas, destinadas a negociar nuestro destino no se sabe a nombre de quien, en cuales condiciones, y a qué precio. Todo aquello a pesar de que después de las fracasadas reuniones de República Dominicana los líderes de la oposición anunciaron que no asistirían más a este tipo de convocatorias.
Planteado ese panorama se nos podrá preguntar qué hacer y cuáles son las alternativas ante el complejo y difícil proceso que vivimos. Ante todo debemos valorar lo que hoy significa nuestro país en la comunidad internacional y la solidaridad universal que ha recibido de los pueblos libres del mundo, mientras por el contrario la cúpula totalitaria que secuestra el poder es vista como la tiranía más repudiada en la historia de América.
El valor moral de la resistencia y el testimonio de sus luchas nos otorga la fuerza política para actuar ante los ojos del mundo liderando nuestro destino y construyendo nuestra propia historia. Lamentablemente buena parte de la dirigencia opositora parece no querer comprender esa realidad. Algunas de sus últimas actuaciones así lo demuestran.
Se dice que la dimensión del drama venezolano no tiene precedentes en América, y ello es cierto. En el tiempo de la mayor bonanza económica de nuestra historia hemos pasado a ser uno de los países más pobres del mundo, con cerca de cuatro millones de compatriotas que escapan del país en caravanas miserables, con un noventa por ciento de la población oscilando entre la pobreza y la extrema miseria, y con un gobierno ilegítimo que despliega impunemente una represión más cruel y sistemática que la ejercida por cualquiera de las tantas dictaduras militares sufridas por nuestro país.
Las repercusiones de esa tragedia se desparraman sobre todo el continente, sin que quienes la han causado expresen ninguna intención de ayudar a atenuarla. Por el contrario la política de los usurpadores es hostil hacia los países vecinos que ingenuamente insisten en acompañar diálogos anestesiantes, cuyo verdadero objetivo es cumplir la tarea de darle tiempo al plan totalitario, sembrar el desaliento y la desesperanza, y crearle graves problemas sociales a los países que reciben a esos millones de refugiados.
Los venezolanos creemos en la vigencia del gobierno presidido por Juan Guaidó, encargado de cumplir el mandato constitucional de realizar la transición hacia el Estado de Derecho, y de liderar a los países amigos que han decidido apoyarnos en esa tarea.
De acuerdo con la Constitución la conducción de la política exterior le corresponde al presidente de la república. Para el cumplimiento de esa política enmarcada en “el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”, la solidaridad internacional es requisito indispensable.
Esa solidaridad internacional debe materializarse mediante acciones eficaces, siempre bajo el liderazgo de la resistencia venezolana liderada por el Presidente con el respaldo de los factores internos que dan legitimidad a su gobierno.
El cese de la usurpación no es negociable. Es el paso previo para iniciar la transición hacia la libertad.
Julio César Moreno León
