¡Despierta y reacciona!

Posted on: febrero 26th, 2018 by Laura Espinoza No Comments

 

En el último comunicado de la Conferencia Episcopal, acorde con los pronunciamientos de los rectores universitarios y fuerzas vivas de la sociedad venezolana, los obispos nos llamaron a reflexionar sobre la realidad de un país sumido en la desesperanza y agobiado por las más agudas carencias, ante un régimen que solo tiene como meta mantenerse en el poder a toda costa, ahora empeñado en unas elecciones adelantadas en francas condiciones de asegurar su objetivo.

 

 

El pueblo, en el cual reside la soberanía, como lo recuerda el documento, tiene derecho a expresar su opinión en una consulta abierta que nada tiene que ver con el sistema diseñado y actuante a la medida del gobierno.

 

 

 

La denominada constituyente, ilegítima en su origen y en su desempeño, se ha constituido en la ejecutora de los designios del Ejecutivo en franco divorcio con la voluntad popular.

 

 

Lo único evidente en el cuadro presente es la tragedia de nuestros hermanos: con hambre, desasistidos en su salud, golpeados en su dignidad con el simple ofrecimiento de migajas que son un vulgar engaño o artificio electoral.

 

 

La dirigencia opositora, por otra parte, aparece también desorientada y alejada de la realidad. Ha perdido la confianza de la colectividad y se debate entre diversas corrientes que, hasta ahora, no han encontrado el camino de una manifiesta reconciliación y sincero acuerdo.

 

 

Es el momento del llamado oportuno y urgente a la unidad y a la coherencia en los planes y en la acción.

 

 

Es el momento de abandonar las apetencias personales y los proyectos de un partido.

 

 

 

Es el momento de la coherencia democrática y de la exigencia impostergable de luchar por la defensa del sistema de libertades.

 

 

 

Los actores políticos, los líderes de la oposición, deben dar una clara señal de cambio y de renuncia a sus ambiciones personales para rescatar la confianza del pueblo y todos, en una acción conjunta, realista y sin hacerle caso a los provocadores, aliados encubiertos del poder, tenemos que avanzar en una sola dirección, conscientes de que nos enfrentamos a estrategias al margen de la ley, de absoluto ventajismo y de desconocimiento a nuestros derechos.

 

 

No es la hora de los “expertos de tribuna” que desde allí llaman a arriesgar la vida de los que están en el campo; no es la hora de la destrucción de cualquier persona que asome su cabeza y no responda a las expectativas más radicales; no es la hora de dividir, sino de unir; y no creo que vale el alegato de que somos demócratas y no autoritarios, ya que solo unidos en los fines y en la estrategia podemos llegar al logro de lo que nos proponemos como objetivo, por el bien común.

 

 

 

El mensaje de Juan Pablo II, recordado por la Conferencia Episcopal Venezolana, debe resonar en la conciencia de todo ciudadano y constituirse en advertencia para los dirigentes políticos de este momento crucial que vivimos: ¡Despierta y reacciona, es el momento!

 

 

Alberto Arteaga Sánchez

@ArteagaSanchez

aas@arteagasanchez.com

Los obispos y la ley contra el odio

Posted on: enero 22nd, 2018 by Laura Espinoza No Comments

Con motivo de la publicación del acto írrito “constituyente” contra el odio y por la convivencia pacífica y la tolerancia (Gaceta Oficial del 8-11-17), se advirtió sobre su segura y torcida aplicación a los fines de la más efectiva amenaza por cualquier discurso que de alguna manera pudiera afectar a quienes detentan el poder.

 

 

 

La procesión de la Divina Pastora constituyó la oportunidad propicia para que los obispos López Castillo y Basabe expresaran en sus homilías el común sentimiento y reclamo por las injusticias que padecemos y denunciaran, con crudeza, el hambre, la corrupción y las carencias de un pueblo que, sencillamente, clama por mejores condiciones de vida.

 

 

 

Calificar estas alocuciones como discursos de odio, que implican discriminación, segregación o persecución por motivaciones raciales, políticas, de sexo, religiosas o de condición social, con manifiesta lesión a la dignidad humana es, por decir lo menos, un despropósito o un auténtico disparate.

 

 

 

La denuncia de los males que agobian a la sociedad venezolana en un momento en el cual el pueblo sufre todo tipo de privaciones, incluyendo la grave afectación del núcleo familiar que hoy se desperdiga por el mundo, aventando a tantos jóvenes fuera del calor de la patria, en busca de un futuro que se les niega en esta tierra de gracia y de promesas incumplidas, no acepta ser objeto de la censura e incriminación por pretendido odio, cuando, por el contrario, se trata de llamar a la cordura, a la tolerancia, a la convivencia pacífica y, en particular, a la salvaguarda de los valores supremos del ser humano, imagen de Dios.

 

 

 

Los responsables de los asuntos públicos deben reflexionar sobre las advertencias de los obispos López Castillo y Basabe, quienes, sencillamente, recogen las advertencias reiteradas de la Conferencia Episcopal Venezolana  en sus documentos y, de manera concreta, en la última exhortación del 12 de enero de 2018.

 

 

 

Callar ante la realidad que nos golpea en la familia, en la calle y en el trabajo sería una omisión criminal; y reclamar por los males que afligen al pueblo, producto y amargo fruto de un proyecto político inviable, impuesto por poderes dependientes y solo con una mera apariencia de legalidad, es una exigencia de justicia que no puede soslayarse, siendo moral y jurídicamente inaceptable el régimen que lo sustenta.

 

 

 

En este momento, por lo demás, se impone recordar las consideraciones que expresara el TSJ en la sentencia en la cual se acordó desestimar la denuncia del doctor Hermann Escarrá contra el presidente Chávez, por instigación al odio, sosteniéndose, ante la dureza y violencia de su discurso, que el primer magistrado había ejercido el derecho a la libertad de expresión, el cual “comprende la libertad de crítica aun cuando la misma se tilde de brusca y pueda molestar, inquietar o disgustar a quienes se dirige, pues en ello consiste el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, concepciones propias de la sociedad democrática”, añadiendo la necesidad de no atender al simple significado de las palabras, ni a lo “impropio de interpretar literalmente las normas que, de alguna manera, obstaculicen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

Pero, en el caso de los obispos, no se trata simplemente del ejercicio de un derecho. Sus advertencias, sus reclamos fundados y sus denuncias ante el agravio al pueblo, concretan el ejercicio de un deber irrenunciable como pastores de quienes sufren y exigen respeto y justicia.

 

 

 

Dejemos a un lado la disparatada ley contra el odio, redactada para estimularlo como fórmula de retaliación política y prestemos oídos a la voz de quienes, con su auctoritas certificada, son profetas e instrumentos de una Venezuela que no puede permanecer impasible ante el atropello a los más débiles de esta sociedad, a la que pretende imponerse un régimen desconocedor del sistema de libertades.

 

 

 

Alberto Arteaga Sánchez

@ArteagaSanchez

aas@arteagasanchez.com

Las odiosas normas contra el odio

Posted on: noviembre 27th, 2017 by Laura Espinoza No Comments

 

Uno de los adefesios jurídicos más notables de los últimos años en Venezuela es, sin duda, el acto sedicentemente constituyente denominado “ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” publicado en Gaceta Oficial el 8 de noviembre de 2017.

 

 

 

Sus dispositivos confusos, discriminatorios, ininteligibles, contrarios a derecho, de equívoca interpretación y ajenos al respeto a los derechos constitucionales, podrán ser citados en el futuro entre los más prominentes entuertos “legales” que, en definitiva, lejos de promover la paz, la concordia y la convivencia pacífica, la ponen en peligro, afectando la esencia de la democracia y el pilar fundamental que garantiza el ejercicio de otros derechos, como es la libertad de expresión.

 

 

En particular y por lo que respecta a la materia sancionatoria, utilizadas sus normas como mazo inclemente para golpear a los disidentes políticos del régimen, basta hacer referencia, apartando las amenazas y castigos anunciados contra los medios y comunicadores sociales, a los dispositivos penales reñidos con las exigencias garantistas del derecho penal, que ponen en riesgo inminente el bien más preciado después de la vida, como es la libertad.

 

 

No es verdad que una ley como esta encuentre antecedentes en la legislación europea, salvo en el nombre de los delitos o discursos de odio; ni es verdad que haya relación alguna con las penas de otras legislaciones; ni es verdad que en otras leyes hayan adoptado disparates tan notorios como los de este desafortunado instrumento que si cumplirá el cometido específico de constituirse en el arma que será utilizada a rajatabla contra todo sospechoso de algún acto de oposición política que debe quedar en la simple e impune categoría de una opinión o del libérrimo derecho a la crítica democrática en un sistema de libertades.

 

 

 

Dos normas, en particular, merecen ser destacadas por su manifiesta injusticia y que están destinadas a la aplicación arbitraria, complementadas con la “flagrancia” y “permanencia” adoptadas por el “sistema penal vigente”.

 

 

 

El Artículo 20 sanciona la incitación al odio con pena de 10 a 20 años, siendo así que pretendidos códigos inspiradores, como el de España, fija una pena de prisión de 1 a 4 años y precisa los motivos de discriminación, añadiendo la trivialización grave o enaltecimiento de los delitos de genocidio o lesa de humanidad y de sus autores.

 

 

 

Por su parte, la propia ley y la jurisprudencia ya se han encargado de aclarar, en Europa, lo que ha debido precisarse de alguna manera, entre nosotros, esto es, que un discurso de odio solo merece tal calificativo cuando, objetivamente, es denigrante, evidentemente discriminatorio y lesivo a la dignidad humana por contener elementos de segregación racista, sexual, antisemita, religiosa o ideológica, con manifiesta intención o a sabiendas de lo que se persigue, repudiado ese discurso por la conciencia de la comunidad de naciones que ha condenado las posiciones surgidas y auspiciadas por el nazismo y que es pronunciado en un contexto que no deja dudas sobre el significado y alcance del odio que se proclama, negando la condición humana digna y la igualdad de todos los ciudadanos.

 

 

 

Pero además, en norma carente de todo sentido, en el artículo 24, se castiga con prisión de 8 a 10 años al funcionario policial que se abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de los hechos punibles descritos en la sedicente ley o no detenga al responsable, con lo cual le impone la obligación de intervenir arbitrariamente ante sospechas de posible consumación de delitos o, lo que es tanto o más grave, de privar de la libertad, en ese caso, al igual que se amenaza con cárcel al personal de salud que omita o retarde la atención de una persona por razones de odio, discriminación o intolerancia, lo que equivale a una manifiesta apreciación subjetiva y a la más franca arbitrariedad.

 

 

Sin la menor duda, el nuevo instrumento aprobado, sencillamente, bajo el alegato de la discriminación y el odio, se propone castigar penalmente sospechas, sentimientos, opiniones o supuestas intenciones, lo cual, no es otra cosa, que autorizar “legalmente”, el castigo por cualquier manifestación de disidencia política, señal inequívoca de un evidente atropello al sistema de libertades.

 

Alberto Arteaga Sánchez

@ArteagaSanchez

aas@arteagasanchez.com

Venezuela: ¡territorio de paz!

Posted on: noviembre 13th, 2017 by Laura Espinoza No Comments

Por fin, después de ocupar uno de los primeros lugares entre  los países más violentos del mundo, una denominada ley constitucional, que no es ley, ni es constitucional, “declara a la República Bolivariana de Venezuela como territorio de paz, contrario a la violencia en todos sus formas y manifestaciones” (artículo 3) y habiendo aparecido en Gaceta Oficial N° 41274, de fecha 8-11-2017, si alguien no acatare estos dispositivos que consagran la tolerancia,  la convivencia pacífica y la prohibición de la violencia, dispone el instrumento que “quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio, será sancionado con prisión de diez a veinte años sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados” (artículo 20).

 

 

 

En definitiva, pues, por obra de un acto “constituyente”, emanado de una asamblea que no fue convocada por el pueblo, habríamos alcanzado el fin anhelado de la “paz”.

 

 

 

Sin embargo, se ha olvidado un pequeño detalle: sin justicia no hay paz y para que aquella se imponga se requiere de hombres honestos e incorruptibles que apliquen el derecho según las exigencias de la ley, obedeciendo a los mandatos de su conciencia.

 

 

 

Este parapeto constituyente no es ninguna novedad en su contenido. Disposiciones sancionatorias vigentes como la instigación al odio o a la desobediencia de las leyes, de modo que alteren la tranquilidad pública, han llevado a la cárcel a cientos de venezolanos que simplemente han expresado sus posiciones adversas al gobierno, habiendo sido señalados por ellos como traidores a la patria, escuálidos, vendidos al imperialismo y como merecedores de celdas ya dispuestas en los antros penitenciarios venezolanos, en cuya entrada se podría leer como en el Dante: “Los que entráis aquí, abandonad toda esperanza”.

 

 

 

Esta pretendida “ley”, sencillamente, contiene disposiciones de censura y amenaza para cualquier disidente, dejando a salvo a los turiferarios del régimen, promotores de la paz y la concordia, lo cual, precisamente, no aparece en los innumerables programas de las televisoras oficiales que exhiben videos que exponen al desprecio público a los adversarios políticos.

 

 

 

Sin duda, el decreto de paz y condena de la violencia se ha olvidado de las madres que pierden a sus hijos en el mar de la impunidad que reina en el país y no toma en cuenta la agresión institucional “permanente y flagrante” contra una población que sufre las carencias de medicinas y alimentos, hundida en la desesperanza o en la conformidad del ciudadano más humilde que solo espera la dádiva de una bolsa de comida o un bono navideño de consolación para despertar al otro día en la cola madrugadora que se satisface con “lo que llegue”.

 

 

 

La paz no se decreta, ni las leyes sirven a tal fin. La paz es el fruto más preciado de una sociedad que transita o se enrumba por el camino del derecho y de la justicia, de la mano de conductores expertos que no se atrincheran detrás del poder para el logro de beneficios personales o de grupo.

 

 

 

Esta “ley” no acabará con la siembra de odio que ha tratado de prender en nuestro noble pueblo, que sigue siendo tolerante, afable, de buen corazón y abierto a los sentimientos de solidaridad y amistad; pero sí sumará nuevas víctimas de un sistema violento, que no soporta el disentimiento y que se ensaña y mantiene en cárceles de odio a quienes, simplemente, han hecho profesión pública de sus convicciones democráticas consideradas como “intenciones criminales” de oposición al régimen.

 

 

Alberto Arteaga Sánchez

@ArteagaSanchez

aas@arteagasanchez.com

Baltazar Porras

Posted on: octubre 16th, 2017 by Laura Espinoza No Comments

Hace dos semanas, Mérida se vistió con sus mejoras galas para celebrar los 50 años como sacerdote, los 25 como arzobispo y el reciente nombramiento cardenalicio de Baltazar Porras.

 

 

 

Un verdadero jubileo con sabor a pueblo, con un cardenal que se viste con el traje ritual de la cofradía de san Benito para compartir sus tradiciones; que muestra orgulloso publicaciones que realzan nuestros valores; y que, en un país sin memoria, nos revela sus crónicas; nos recuerda a hombres ilustres, como Miguel Antonio Salas, que ha iniciado su camino a los altares; y le abre paso a un nuevo pastor, joven promesa del episcopado, Luis Enrique Rojas; todo en un ambiente de austeridad, de alegría, de renovación eclesial y de símbolo de la Venezuela que queremos, tierra atribulada, pero no carente de ejemplos que nos devuelven la fe y esperanza en un país de todos.

 

 

 

Sin ostentación alguna, confundido entre los participantes; sin formalidades de “príncipes de la Iglesia”, hoy, como lo predica Francisco, pastores al servicio de la comunidad; sin discursos grandilocuentes, pero enseñando con su ejemplo, con su sencillez y con sus vivencias, Baltazar Porras, nos da a todos, en este momento, una lección de dignidad, de coraje y de auténtico sentir venezolano.

 

 

 

En el “Palacio Arzobispal” o el “Salón del Trono” se hace una realidad que el soberano es el pueblo, porque, sin aspavientos, en su hermosa Catedral, en el Museo Arquidiocesano y en el Seminario, el aire que se respira es el de renovación, de solidaridad con los que sufren, de anclaje en el pasado para avanzar hacia el futuro, de apego a nuestras tradiciones y de sincera cercanía con la comunidad, en una ciudad universitaria, ambiente propicio para el debate de ideas y no para la confrontación violenta que también ha llegado a Mérida.

 

 

 

Baltazar Porras es ahora cardenal, pero, como él se encarga de remarcarlo, es, en primer lugar, un ciudadano, cura de almas y un venezolano que ha dejado claro su compromiso con los principios y valores cristianos de una sociedad libre, democrática y plural.

 

 

 

Mérida se siente orgullosa de su arzobispo y por eso se ha unido a esta celebración con espíritu amplio y la conciencia plena de la necesidad de resaltar nuestros principios y la fidelidad a nuestra fe católica, de profundo arraigo popular.

 

 

 

El jubileo arzobispal, además de convocar a los actos religiosos y a las celebraciones litúrgicas, se ha caracterizado por la presentación de obras y trabajos históricos y de rescate de nuestras tradiciones culturales que nos hacen volver a las raíces y a la fe sencilla del pueblo.

 

 

 

El arzobispo, cardenal, cronista de Mérida y, por encima de todo, guía en la fe, se ha convertido en un merideño más, comprometido con la comunidad y –algo muy importante– consciente de que es necesario apoyar a la generación que tendrá a su cargo el relevo generacional, en un país en el que todo el que ostenta alguna cuota de poder pareciera que no tiene disposición alguna para ceder el puesto a otros.

 

 

 

Desde las montañas merideñas, Baltazar Porras, en sus 50 años de sacerdocio, nos envía un mensaje de fe, de esperanza, de verdadera, auténtica y sentida solidaridad con el pueblo y sus necesidades, en momentos en los cuales se impone el compromiso real y efectivo de una Iglesia que, con sus pastores, señala el camino con ejemplos concretos de vida cristiana y cumplimiento fiel de su misión evangelizadora.

 

 

 

Alberto Arteaga Sánchez

@ArteagaSanchez

aas@arteagasanchez.com

¿Uso desproporcionado de la fuerza?

Posted on: mayo 2nd, 2017 by Laura Espinoza No Comments

Con motivo de las manifestaciones, concentraciones y marchas de ciudadanos que protestan y reclaman por sus derechos, la acción del gobierno no ha sido otra que la de reprimir esa conducta con la amenaza del empleo de la fuerza que efectivamente se activa y sistemáticamente impide el avance de todo tipo de expresión pública que cuestione la arbitrariedad oficialista.

 

 

 

Lejos de resguardar el derecho a la protesta y garantizarlo para que se desarrolle con la mínima perturbación de la vida ciudadana, que siempre se verá afectada y no se desencadenen hechos de violencia, las instrucciones no parecen ser otras que las de reprimir, apelando a la fuerza intimidatoria de las armas y efectivamente hacer uso de estas para impedir el desarrollo de la protesta con métodos violentos, los cuales, como es bien sabido, tienen como lógica consecuencia mayor violencia y un previsible número de víctimas.

 

 

 

En cualquier país respetuoso de los derechos ciudadanos las manifestaciones se anuncian, la autoridad las resguarda, garantiza su desenvolvimiento e imparte órdenes claras y precisas a los funcionarios sobre el uso eventual de medios disuasivos en caso de que surjan enfrentamientos absolutamente incontrolables por vías de conciliación y persuasión que pongan en grave peligro la integridad de los ciudadanos o de los propios funcionarios presentes en la calle, para preservar el orden y no para fomentarlo.

 

 

 

Pero resulta inadmisible y delictiva la obstaculización del derecho político a la protesta bajo el simple alegato de que no se ha obtenido una formal autorización, a la cual no se puede condicionar el ejercicio de un derecho, siendo suficiente la participación que se hubiese llevado a cabo por algun medio, aunque hubiese sido informal y mucho menos se puede justificar el uso de armas para disolver manifestaciones, quedando en claro que si se utilizan medios con capacidad letal, aunque sean, per se, preventivos  y se ocasionan muertes, responde penalmente quien dio la orden, si se impartió a tal efecto e, igualmente, responde quien la ejecutó, no pudiendo alegarse obediencia debida. Este es el caso del homicidio del joven Juan Pablo Pernalete, víctima de una bomba lacrimógena, arma disuasiva que fue utilizada como instrumento contundente en evidente ataque alevoso con resultado mortal.

 

 

 

Y no cabe hablar en todos estos casos de simple abuso de la fuerza, sino de atropello y de violencia criminal cuando se emplean armas que pueden ocasionar y han ocasionado daños graves, e incluso, la muerte.

 

 

 

Solo se puede hacer referencia al uso desproporcionado de la fuerza cuando hay necesidad o es imprescindible recurrir a ella. Pero cuando no hay tal necesidad, simplemente, estamos ante una conducta delictiva, ante una agresión injustificada que merece el más enérgico repudio colectivo y la calificación como grave delito contra las personas y los derechos ciudadanos.

 

 

 

La sociedad organizada tiene razones de sobra para alzar su voz y reclamar por la violación de sus derechos; la dirigencia que apoya estas protestas cumple con la obligación de propiciar formas de reclamo popular; y a la autoridad solo corresponde preservar y garantizar el ejercicio de la actuación ciudadana, no siendo delito la expresión colectiva de lucha cívica, que no puede dar lugar a la represión oficial por parte de funcionarios del orden o cuerpos civiles armados, bajo el amparo del poder.

 

 

 Alberto Arteaga Sánchez

@ArteagaSanchez

aas@arteagasanchez.com

La última conversación

Posted on: marzo 13th, 2017 by Maria Andrea No Comments

Días antes de morir estuve visitando, en su lecho de enfermo terminal, a mi amigo Pacho Sayago, de profesión ciudadano, jurista integral, laboralista de vocación y, fundamentalmente, hombre de derecho, acucioso, directo en sus planteamientos, inquieto en la búsqueda de soluciones dentro del espíritu de la Constitución y las leyes.

 

 

 

A sus respuestas monosilábicas de los últimos días, Sayago, ante mi natural preocupación por no inquietarlo con los problemas de Venezuela y menos con disquisiciones teóricas y jurídicas, con sus limitaciones para expresarse y con mi torpeza para seguir su coherente discurrir, con impedimentos físicos, pero no intelectuales, preocupado por el país y su anomia, me interpeló sobre la “Misión Justicia Socialista”, sobre el TSJ y sobre la traición a la patria.

 

 

 

No podía entender el decreto de una “justicia socialista”, contradicción insalvable en el país de una justicia que solo dirige su mirada a los más desposeídos y a los enemigos políticos; que marca con señales indelebles a sus presos, sujetos ahora a un pretendido régimen militarizado, para reintegrarlos a una sociedad que debe ser “civil”; que cobija procesos interminables con prisión preventiva sine die, contra la Constitución; y que encierra a ciudadanos por el simple hecho de sus convicciones y por la expresión de su pensamiento en desacuerdo con el régimen.

 

 

 

Tampoco entendió que un Tribunal Supremo sustituya a la Asamblea, desconozca todas sus atribuciones por un pretendido desacato, especie de anatema eterno que liquida la voluntad popular y reafirma su absoluto sometimiento a los intereses de la “revolución”; y mucho menos podía asimilar que lo que estudió en las aulas universitarias sobre el delito de traición a la patria, actuación de ciudadanos, en connivencia con naciones extranjeras, para arremeter contra nuestra soberanía, integridad de nuestro territorio o sus instituciones y cambiar su forma política republicana, ahora se utilice para apresar a todo dirigente político que exponga sus propias ideas sobre el futuro del país, prevea escenarios económicos o exponga con toda crudeza la situación que vive nuestro indigente pueblo que padece la más grave de todas las crisis que ha azotado a Venezuela, según la Conferencia Episcopal Venezolana, integrada por pastores que velan por los más pobres y no por traidores a la patria.

 

 

 

Pacho me dejó su testamento de sensatez y preocupación ciudadana, salpicado de escepticismo y desesperanza. Pero su mensaje final fue el de luchar con la ley en la mano, ya que cuando resistir se convierte en derecho, tenemos la obligación de hacer resistencia; que es imprescindible la unidad de todos los que creemos en el sistema democrático y que no podemos permanecer indiferentes ante la miseria, el hambre, la carencia de medicamentos y el sometimiento de una colectividad que solo parece tener el horizonte y la meta de la cola de la humillación de todos los días.

 

 

 

Yo le entendí perfectamente, a pesar de la dificultad que tenía para hablar, pero sus gestos y el énfasis de su escasa voz me conmovieron en lo más profundo.

 

 

 

Pacho, un observador a acucioso y crítico de nuestra realidad se nos fue a una mejor vida y dejó sus preocupaciones e interrogantes a sus contertulios de todas las tardes en el popular negocio de empanadas y pizzas en el que disertaba, oía y, sobre todo, formulaba críticas constructivas, sin cerrarse a la perspectiva de un país mejor con el que soñaba, como tantos venezolanos.

 

 

 

Según María Teresa, su dedicada esposa, fue la última conversación que le permitió expresar sus ideas y despedirse en paz, con la conciencia cuestionadora y amigable de un abogado que, con muchos años, llenó bastante tiempo.

 

 

 

Alberto Arteaga Sanchez

 

 

Por Confirmado: Francys Garcìa

¡Nueva justicia, nuevo abogado!

Posted on: febrero 20th, 2017 by Maria Andrea No Comments

El Decreto 2718 del Presidente de la República, del 7-2-2017, en el marco de “la construcción del socialismo” y “la refundación de la patria venezolana”, ha creado la “Misión Justicia Socialista”. En otras palabras -sin lugar a dudas- se ha decretado oficialmente lo que ya el TSJ ha sentenciado una y otra vez: “la justicia revolucionaria”, al margen del derecho y por ello, precisamente, al margen de la justicia.

 

 

 

Aunque se invocan normas de la Constitución o de las leyes, se impone el Plan de la Patria y son traidores a esta todos los que no ajusten su conducta a la “ética socialista”, como lo contempla el Código Penal de Cuba que, a la letra “considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción con las normas de la moral socialista” (Artículo 72).

 

 

 

Y el Artículo 103.1 del mismo código castiga a quien “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma;…”

 

 

 

Por este mismo camino se pretende  que transite Venezuela, en contra de su profesión de fe democrática, avalada por una Constitución que propugna como valores superiores “la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Artículo 2º).

 

 

 

El mencionado decreto dispone, entre los objetivos primordiales de la nueva misión “direccionar (sic) una definitiva revolución en el sistema de administración de justicia, para  coadyuvar en la lucha contra la impunidad” y “continuar la profundización de la igualdad en el acceso a la justicia, a través de diversas acciones”, entre ellas, “la transformación de la ética profesional” “promoviendo una transformación de la concepción de la profesión del abogado a partir de una nueva ética profesional que supere la mercantilización capitalista, para construir un verdadero referente de profesional al servicio de la justicia y la paz social…”.

 

 

 

A tal efecto, se crea un “Consejo Nacional Estratégico” de la misión conformado por dos representantes del TSJ, uno de la Escuela Nacional de la Magistratura, uno del Poder Popular por la Educación Universitaria y uno del Ministerio para las Comunas.

 

 

 

Sin duda, se trata de otro parapeto burocrático con la pretendida finalidad de contribuir a la “revolución” en el sistema de justicia, el cual se encuentra colapsado por la desidia, por las políticas erradas, por la carencia de recursos materiales y humanos y por el temor sembrado “desde arriba” en quienes desempeñan la función judicial.

 

 

 

La justicia en Venezuela y, en particular, la justicia penal, es lenta, abandonada a su suerte, presionada cada vez más por intereses políticos en un número creciente de casos y, en otros,  absolutamente incapaz para darle una respuesta adecuada al ciudadano que la demanda.

 

 

 

El decreto mencionado refleja el nuevo perfil del “abogado” que cursa en la Universidad Bolivariana de Venezuela, cuyo Rector, con otros ministros queda encargado de la ejecución del infausto instrumento.

 

 

 

A sus previsiones se acopla perfectamente el diseño de la carrera del “nuevo abogado”,  -que no sé por qué  oscura razón sigue llamándose abogado- siendo ese el titulo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, como en la nomenclatura burguesa, por lo demás alejado del hombre digno al servicio de la justicia, sin apelativos, carrera que en la modalidad diurna puede cursarse en 4 años y en cuyo pensum, entre otras curiosidades, desaparece el derecho civil, mercantil y administrativo, encontrando la mención a “los delitos y exclusión social” en el noveno semestre y apareciendo como electiva “el penitenciarismo” en el octavo semestre, cuyas prácticas -supongo- se llevarán a cabo bajo la facilitación del “pranato” que se ha impuesto en nuestras cárceles en los años de la Revolución.

 

 

 

Por lo demás, ha sido grande mi asombro al ver citado en la bibliografía recomendada a Luigi Ferrajoli, padre del garantismo penal, cuyas enseñanzas son absolutamente incompatibles con un sistema totalitario y que, abierto al azar, en su “Derecho y Razón”, contiene afirmaciones como esta: “El rechazo en bloque de los principios teóricos y de todas las conquistas políticas y jurídicas de la tradición liberal y la vaga utopía de un estado bueno destinado a autodisolverse hicieron posible por el contrario eludir ab origine el problema de los límites de los poderes estatales y esto permitió a los socialismos realizados las perversiones totalitarias que todos conocemos sin siquiera la carga de tener que desmentir una inexistente teoría del derecho” (p. 891).

 
Alberto Arteaga Sánchez

El camino “torcido” del TSJ

Posted on: febrero 6th, 2017 by Laura Espinoza No Comments

 

El TSJ ha venido recorriendo, en forma presurosa, un camino que no se orienta, precisamente, hacia la supremacía y efectividad de las normas de la Carta Magna y de su auténtico espíritu democrático, sino hacia la afirmación y consolidación de la denominada “revolución”, hoy bajo los lineamientos del “plan de la patria 2013-2019”.

 

 

 

Lo expresado se pone en evidencia con el examen de las decisiones de la Sala Constitucional, en particular, en “ponencias conjuntas” que ocultan a su proponente, en “pronunciamientos vinculantes” o en consideraciones con tal carácter bajo el título del “obiter dictum” (dicho de paso) que, pura y simplemente, desconocen derechos ciudadanos o lesionan la proclamada separación y autonomía de los poderes, pilares de un verdadero Estado de Derecho y de Justicia.

 

 

 

En este camino, bajo el signo del autoritarismo, se destacan algunas sentencias que merecen estar inscritas en el legado funesto de los juristas del horror venezolano.

 

 

 

Una decisión que -a mi juicio- constituye el ejemplo más patético de la manipulación de la justicia y del derecho es la sentencia de la mencionada Sala con la cual esta, contrariando sus precedentes, a los fines de destituir a dos alcaldes opositores, los condenó, sin más, por desacato a un amparo en un remedo de juicio y los mandó presos, revocó el mandato popular y, en evidente “fraude penal” convirtió en “ilícito judicial constitucional”, categoría inexistente hasta ese momento, lo que sencillamente es un delito según el Art. 31 de la Ley Orgánica de Amparo. A partir de una decisión como esta, todo parece posible, con el añadido de una seguidilla de sentencias que simplemente confirman los anuncios previos del Ejecutivo para afirmar su poder ante la exigencia política de desconocer a la Asamblea elegida por el pueblo.

 

 

Pero, además de las reiteradas sentencias contra la Asamblea y las atribuciones que le otorga la Constitución, bajo la fórmula vacía del “desacato”, que todo lo comprende como fórmula mágico-perversa, la inefable Sala Constitucional se ha erigido en el poder detrás del poder, ignorando que la soberanía reside en el pueblo y que este se expresó en forma inequívoca el 6 de diciembre de 2015.

 

 

 

A juicio vinculante de la Sala Constitucional, la Asamblea no existe y los diputados de la  “mayoría opositora al gobierno nacional”, sencillamente, son subversivos que han acordado activar mecanismos inconstitucionales “desafiando la soberanía popular” y “desacatando decisiones del Máximo Tribunal”, por todo lo cual se encuentra “en anomia constitucional que degenera el caos que se ha procurado para sí misma, en su afán de inquirir (sic) la inestabilidad para el Estado, su gobierno y su pueblo soberano”. Por todo esto, siendo nulos todos los actos de la Asamblea, se fija lo que debe entenderse por abandono del cargo, se ordena remitir copia de la decisión a la Contraloría y al Ministerio Público y se ordena conocer y decidir sobre desacato a un amparo constitucional “a la luz de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

 

 

Sin duda, lo que se anuncia es un juicio sumario para los diputados de la mayoría opositora, como se hizo con los alcaldes; se anticipa la condena y, por supuesto, ya sentada jurisprudencia desconocedora de la inmunidad parlamentaria, aunque ello genere responsabilidad penal, de acuerdo con la Constitución, se vislumbra la disolución de la Asamblea, golpe definitivo a la Carta Magna y al sistema de libertades.

 

 

No cabe entender todo esto a la luz del derecho, sino de lo torcido. Como ha dejado en claro un magistrado de la Sala Político Administrativa en voto salvado a la decisión del caso Wilmer Azuaje, ninguna Sala puede modificar la Constitución ya que el “poder de modificar o cambiar la Constitución no es competencia del Tribunal Supremo de Justicia, en ninguna de sus siete Salas” y “tal poder solo corresponde, así lo creemos, al pueblo de Venezuela, quien puede ejercerlo a través de los mecanismos previstos en el propio texto constitucional, a saber: enmienda, reforma y Asamblea Nacional Constituyente”.

 

 

 

Pero, como lo expresó otro magistrado, en voto concurrente con el de la mayoría de la Sala Plena, en la misma decisión mencionada antes, después de diversas consideraciones sobre la posición de los magistrados: “vivimos tiempos de revolución que se oponen a la doctrina ideológica de cuando imperaba otro stablishment”.

 

 

 

Alberto Arteaga Sánchez

@ArteagaSanchez

 

Porras: de Santa Teresa al Vaticano

Posted on: octubre 17th, 2016 by Laura Espinoza No Comments

 

De una humilde y acogedora escuela parroquial, Santa Teresa, de Miracielos a Hospital, a media cuadra de la plaza La Concordia, se formó Baltazar Porras, designado cardenal por el papa Francisco.

 

 

 

Después de una breve pasantía por el colegio Fray Luis de León, en las esquinas de Cristo a Isleños, hoy en la avenida Fuerzas Armadas, de los agustinos recoletos, Baltazar pasó a la escuela dirigida por monseñor Hortensio Carrillo, párroco de la iglesia de Santa Teresa, hogar del Nazareno de San Pablo, cura dinámico y ejemplar, que fue a parar con sus huesos a la cárcel , en los estertores de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, siendo así que los ataques contra los sacerdotes y obispos se arrecian en los tiempos finales de dictaduras.

 

 

 

Con los padres eudistas, bajo el rectorado del esclarecido y santo Miguel Antonio Salas, su predecesor en el Arzobispado de Mérida, inició su formación en el Seminario Interdiocesano de Caracas, en Sabana del Blanco, en La Pastora, para culminar sus estudios en la Universidad de Salamanca.

 

 

 

Baltazar Porras es orgullo de la Iglesia, pilar de la Conferencia Episcopal, cuya presidencia ejerció en momentos extremadamente graves y difíciles para Venezuela, de todo lo cual derivaron no solo ataques verbales y acoso político, sino descabelladas e injustas imputaciones ante el propio Ministerio Público, acciones infames, deplorables, que solo pueden tener cabida en gobiernos autoritarios que siempre han visto a la Iglesia como enemiga, en razón de su firme posición de defensa de los derechos humanos.

 

 

 

Venezuela tiene hoy otro cardenal, príncipe de la Iglesia, título que, en el espíritu del Concilio Vaticano II, adquiere la connotación de señalados pastores con la misión del más visible servicio a los demás y que conforman el consejo más cercano al papa para afrontar los tiempos tormentosos que la nave de Pedro atraviesa.

 

 

 

La designación de Baltazar Porras, quien, con Jorge Urosa Savino, forman ahora parte del Colegio Cardenalicio y comparten los mismos ideales y convicciones, es un reconocimiento a las virtudes personales del elegido, pero, fundamentalmente, un espaldarazo a la Iglesia venezolana en su posición firme de defensa de los más desposeídos, en reclamo por la efectiva vigencia de los derechos humanos y en solidaridad con un pueblo sufrido que hoy padece hambre y necesidad extrema pero, sobre todo, sed de justicia.

 

 

 

Los venezolanos, creyentes o no, católicos o no, solidarios con los valores democráticos, estamos de júbilo por la designación de Baltazar, hombre humilde, llano, culto, teólogo, historiador y ciudadano ejemplar. En las montañas de Mérida continuará ejerciendo su labor pastoral; en Latinoamérica, su liderazgo regional; y en la Iglesia universal, estará representando a nuestro país, en un momento trágico y doloroso en el cual nos encontramos quienes profesamos la fe católica, los sacerdotes y los obispos, estos últimos señalados como “adecos con sotana”, “representantes de la oligarquía” “vendidos al imperialismo”, “traidores a la patria y a la Iglesia”.

 

 

 

Francisco ha dado una clara señal de apoyo a Venezuela en este trance y la distinción como cardenal de Baltazar Porras, sin duda, contribuirá a un verdadero diálogo sobre bases firmes y principios que no se negocian.

 

 

 

Baltazar: ¡Ad multos annos!

 

Alberto Arteaga Sánchez