Organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron este viernes a las autoridades venezolanas cumplir con las 300 excarcelaciones de presos políticos prometidas para esta semana. De acuerdo con los registros de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos, las liberaciones reales apenas rondan el 10 % de la cifra anunciada públicamente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Los balances de los defensores legales muestran ligeras variaciones en el conteo, pero coinciden en el bajo porcentaje de ejecución. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó 43 excarcelaciones, mientras que la organización Foro Penal contabilizó 38 hasta la fecha. «Recordamos que este tipo de pronunciamientos públicos genera enormes expectativas tanto en las personas detenidas arbitrariamente como en sus familiares, por lo que su incumplimiento representa una nueva y cruel afrenta a su dignidad humana», denunció JEP a través de sus canales oficiales.
Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia instó a acelerar los procesos pendientes, recordando la vulnerabilidad de muchos de los recluidos. “Tenemos adolescentes, adultos mayores, mujeres y militares con enfermedades crónicas. Siguen pasando los días y civiles y militares esperan su libertad”, señaló la coalición.
Estas excarcelaciones corren en paralelo a los beneficios otorgados por la ley de amnistía aprobada el pasado mes de febrero, la cual ha alcanzado a más de 8.000 ciudadanos, en su mayoría bajo régimen de presentación o libertad condicional. Entre los liberados de esta semana destacan tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas (condenados a 30 años por los sucesos de abril de 2002); Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón (Zulia), tras 16 meses de prisión; una adolescente de 16 años; y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea.
El anuncio original de las medidas de gracia por parte de Jorge Rodríguez se produjo en un contexto de alta presión política, en medio de las exigencias opositoras y ciudadanas de una investigación internacional sobre la muerte bajo custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas, reportada el pasado 7 de mayo, y el reciente fallecimiento de su madre, Carmen Teresa Navas, quien pasó 16 meses denunciando la desaparición forzada de su hijo.
