El despacho que dirige el abogado Larry Devoe reiteró “el compromiso indeclinable con el respeto y garantía de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación alguna”
El Ministerio Público, a cargo del recién nombrado fiscal Larry Devoe, solicitó al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) información detallada sobre los periodistas que resultaron agredidos durante una manifestación que exigía a las autoridades aumento del salario mínimo, ocurrida el pasado 9 de abril en Caracas.
Por medio de una carta, la Fiscalía pidió remitir “toda la información que dispongan” sobre los hechos ocurridos, incluyendo datos de identificación y medios de contacto de las personas afectadas.
La información, de acuerdo con el documento, debe ser consignada en la sede del Ministerio Público, de la avenida Urdaneta.
La solicitud por parte de las autoridades ocurre luego de una marcha convocada por trabajadores, gremios y sindicatos para exigir aumento salarial, cuyo monto permanece congelado en 130 bolívares mensuales desde hace cuatro años, que equivalen a 0,27 centavos de dólar.
La movilización partió desde Plaza Venezuela y pretendía llegar a Miraflores, sede del poder Ejecutivo, pero a aproximadamente un kilómetro de distancia de punto de llegada, la protesta derivó en enfrentamientos y agresiones tanto contra manifestantes como contra trabajadores de la prensa.
Ese día, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que al menos 10 periodistas fueron agredidos mientras cubrían la protesta. Los comunicadores fueron golpeados con escudos, rociados directamente a la cara con gas pimienta y se reportó hasta el despojo de equipos de trabajo.
IPYS rechazó el ataque contra la prensa, que se dio el mismo día en que Devoe fue juramentado como fiscal general de la República y los instó “a iniciar de oficio las investigaciones correspondientes contra los funcionarios identificados en los ataques”. También se le solicitó que las sanciones no solo sean administrativas, “sino proporcionales a la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas”.
Desde el Ministerio Público se reiteró “el compromiso indeclinable con el respeto y garantía de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación alguna”.