El Alto Comisionado de Naciones Unidas enfatiza mucho en la necesidad de incrementar los presupuestos para atender la salud mental y avanzar a medidas y políticas que garanticen la vida digna de las personas con discapacidad psicosocial
La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida, así lo establece el artículo 83 de nuestra Constitución. La salud abarca lo físico y lo mental. Es tan importante el uno como el otro. Sin embargo, la salud mental no es considerada en la vida cotidiana con la misma prioridad.
En enero de 2025 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el Informe Salud Mental y Derechos Humanos para llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas para atender las personas con discapacidad psicosocial con un enfoque desde los derechos humanos.
Afirma el Alto Comisionado que el disfrute y el ejercicio del derecho a la salud, incluida la salud mental, depende de factores interrelacionados, como la clase social, la raza, el origen étnico, la discriminación histórica, la pobreza, la vivienda inadecuada, la educación limitada y la exposición a la violencia, los conflictos o las catástrofes. Para abordar esos factores se necesitan intervenciones intersectoriales fuera de los sistemas de salud y en coordinación con ellos.
Para un país como Venezuela donde el trabajo informal abarca a millones de trabajadores cobra relevancia la preocupación expresada en el informe cuando se indica que las personas que viven en la pobreza y trabajan sobre todo en empleos informales o precarios, se ven afectadas de forma desproporcionada por problemas de salud mental, al tiempo que disponen de pocos o nulos recursos para afrontarlos.
Según la organización Panamericana de la Salud la mitad de la población mundial vive además en países donde hay apenas un psiquiatra por cada 100 mil habitantes, y la cifra es aún más alarmante cuando a neurólogos se refiere. Para agravar la situación, en el mundo cada país dedica en promedio menos del 2% de su presupuesto de atención de salud a la salud mental.
Una investigación realizada por la organización Provea señalaba que para 2022 la política sanitaria del país en materia de salud mental ha estado centrada históricamente en hospitales o centros psiquiátricos. No existen centros de salud mental de base comunitaria y los servicios hospitalarios no pueden ofrecer una atención de largo plazo. A cargo del Ministerio del Poder Popular para la Salud se encuentran 48 hospitales que en su mayoría presentan grave deterioro físico, no tienen dotación y algunos han cerrado. Aunque en 2022 la AN inició conversaciones con los gremios de salud para elaborar una nueva ley de salud mental, no se conocieron avances en su discusión.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas enfatiza mucho en la necesidad de incrementar los presupuestos para atender la salud mental y avanzar a medidas y políticas que garanticen la vida digna de las personas con discapacidad psicosocial.
Recomienda dar prioridad a los enfoques basados en la comunidad para abordar eficazmente la salud mental de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Algunos países, ciudades y regiones se han esforzado por lograr una transición gradual de las instituciones psiquiátricas centralizadas a los servicios de salud mental basados en la comunidad y centrados en la persona.
En algunos contextos locales, la colaboración entre los gobiernos locales, los promotores de salud comunitarios y los defensores de la salud mental, con la participación de personas con experiencia vivida, ha contribuido a modelos de atención sanitaria mental inclusivos y orientados a la comunidad.
Es fundamental que el Estado venezolano adopte la recomendación del Informe del Alto Comisionado quien indica que se necesita de manera urgente acometer una reforma sistémica de los sistemas de salud mental, a fin de priorizar un enfoque basado en los derechos humanos.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
