Sin duda, sobre todo a partir del 3 de enero, la discusión sobre la relación entre Venezuela y Estados Unidos se ha intensificado. Se habla de tutela, de protectorado, de un eventual Estado Libre Asociado e incluso, con bastante ligereza, de convertir a Venezuela en un estado más de la Unión. Algunas de estas hipótesis carecen de sustento factual y otras enfrentan obstáculos constitucionales y políticos prácticamente insalvables. Pero, más allá del debate binario y de la atención que han suscitado, esta discusión revela otra cuestión mucho más importante en torno a la soberanía: ¿qué significa ejercer la soberanía cuando un país necesita de otros para reconstruirse?
Bien sabemos que, después de 27 años de destrucción institucional, económica y social, Venezuela no dispone hoy de las capacidades necesarias para emprender por sí sola su recuperación. Necesitará inversión, tecnología, acceso a mercados, seguridad, financiamiento y cooperación internacional. Estados Unidos tendrá inevitablemente un papel fundamental, por su peso político y económico, por la relación histórica que existió entre ambos países hasta la llegada del chavismo en todas sus versiones y por sus propios intereses estratégicos en el hemisferio.
Sin embargo, reconocer esa realidad no debe, por muy tentador que pueda parecer, equivaler a renunciar a la soberanía. El costo posterior sería un boomerang y abriría las puertas a una nueva etapa de exacerbación ideológica que nos desviaría de objetivos claros: Estado de derecho, democracia y progreso económico y social.
El desafío consiste, entonces, en convertir el respaldo externo en capacidad venezolana. Según lo que se ha planteado, la presencia y la cooperación internacional servirán para que Venezuela vuelva a tener instituciones capaces de garantizar derechos, aplicar sus leyes, ofrecer seguridad jurídica, proteger a sus ciudadanos y administrar sus recursos. Es decir, la tutela, si bien resulta necesaria durante una etapa excepcional, solo puede ser útil en la medida en que contribuya a hacerse progresivamente innecesaria.
Washington necesita una Venezuela estable. Le interesa la seguridad hemisférica, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, el acceso a fuentes de energía y minerales estratégicos, la seguridad de las cadenas de suministro y la reducción de la presencia de China, Rusia e Irán en un país situado a pocas horas de su territorio. Venezuela necesita también estabilidad y seguridad, pero necesita además reconstruir su democracia, sus instituciones y su economía, así como recuperar la capacidad de decidir autónomamente su inserción internacional.
En otras palabras, los intereses de Estados Unidos y los de Venezuela pueden coincidir ampliamente, pero no son necesariamente idénticos.
Esta diferencia ilustra, al menos en parte, las distintas aproximaciones que parecen coexistir en Washington. Una privilegia la estabilización y la apertura rápida a las inversiones y a la presencia corporativa estadounidense. Otra considera que esa estabilización difícilmente será sostenible sin reinstitucionalización y transición democrática. Esto último era, al menos, lo que entendíamos del esquema planteado inicialmente por Marco Rubio —estabilización, reinstitucionalización y, posteriormente, transición y elecciones—, que ahora parece haberse vuelto menos nítido con el paso de los meses.
Pero los capitales son cobardes.
La realidad comienza a demostrarlo. Venezuela posee enormes reservas de hidrocarburos y minerales, una ubicación geográfica privilegiada y un mercado con inmensas necesidades de reconstrucción, sin embargo, las grandes empresas internacionales siguen siendo cautelosas. Hasta ahora, son principalmente compañías más pequeñas, dispuestas a asumir riesgos elevados, las que se aventuran a entrar.
Porque estabilización no es democratización, inversión no es reconstrucción y tutela no es soberanía.
Mientras existan presos políticos, detenciones arbitrarias, confiscaciones o amenazas contra la propiedad, mientras no exista una verdadera libertad de expresión y no haya tribunales independientes capaces de proteger los derechos de ciudadanos y empresas, difícilmente podrá hablarse de verdadera seguridad jurídica. Podemos atraer inversiones puntuales y recuperar determinados niveles de producción, pero no construir sobre esa base una economía moderna y sostenible. Sin restablecimiento del Estado de derecho, todo lo que construyamos serán castillos en el aire.
Por eso, la reconstrucción venezolana no debería medirse únicamente por cuántos miles de millones de dólares llegan al país o cuántos barriles de petróleo volvemos a producir. Debería medirse también por las capacidades institucionales y jurídicas que recuperamos.
Algo semejante ocurre con nuestra reinserción internacional. Venezuela necesita recuperar sus relaciones naturales con Estados Unidos, Colombia, América Latina y las democracias occidentales. Pero regresar a Occidente no puede significar sustituir una dependencia por otra. Después de años de creciente dependencia política, económica y estratégica de China, Rusia, Irán y Cuba, sería paradójico recuperar autonomía frente a esos actores para permitir que las decisiones fundamentales sobre nuestro desarrollo volvieran a tomarse fuera del país.
La relación con Colombia o nuestra eventual reinserción en Mercosur o la Comunidad Andina son buenos ejemplos. No se trata solamente de atraer capitales, recuperar mercados o escoger un bloque comercial. Se trata de hacerlo desde una estrategia venezolana: decidir qué economía queremos reconstruir, qué capacidades productivas debemos recuperar y cómo queremos insertarnos nuevamente en los mercados internacionales. La apertura al mundo debe ampliar nuestra capacidad de decidir, no reducirla.
Ese es, precisamente, el sentido de una soberanía bien entendida.
Mientras discutimos qué quiere Washington, qué harán los inversionistas estadounidenses, qué estrategia seguirá Colombia o hasta dónde llegará la competencia con China, hablamos mucho menos de qué quiere Venezuela. Sobre todo, de quién está formulando esa respuesta.
La reconstrucción no puede ser exclusivamente una conversación entre actores circunstanciales que no necesariamente representan la legitimidad soberana.
El empresariado venezolano, la sociedad civil, los trabajadores, las universidades, los profesionales, las organizaciones políticas democráticas y una diáspora que acumula conocimientos y experiencia en decenas de países tienen que participar en la definición del país que viene para realmente hacernos dueños de nuestro destino.
De nuevo, no se trata de rechazar la cooperación internacional ni de despreciar lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Tampoco de sacar de la manga un concepto defensivo y anacrónico de soberanía que durante años sirvió para justificar aislamiento, arbitrariedad y autoritarismo.
Se trata exactamente de lo contrario.
La soberanía del siglo XXI es un concepto que incluye mucho más. Consiste en disponer de las instituciones, las capacidades materiales y humanas y la legitimidad necesarias para relacionarnos con otros desde nuestros propios intereses.
Sin duda, Venezuela necesitará ayuda para reconstruirse, pero también necesitará apropiarse de su capacidad de decidir qué Venezuela debemos construir.
María Alejandra Aristeiguieta
