El tema de Venezuela en el año 2023 es centralmente uno: la candidatura unitaria para derrotar la tiranía. Puede haber y hay numerosos problemas que atender, pero está pendiente en el tiempo la candidatura única y sólida a la cual están subordinadas las otras alternativas.

El asunto no es que la sociedad venezolana enfrente este desafío con candidato único, sino que todas las definiciones y acciones concurran en el repudio a la nueva encarnación del autoritarismo castrista, a la versión totalitaria de la imprecisable revolución bolivariana que aspira a vestirse a perpetuidad con apariencias de sufragio universal y de la legitimidad democrática, pero que, al mismo tiempo, viola derechos humanos y criminaliza la disidencia. Por estas razones, esta modalidad del castrismo vernáculo carece de legitimidad.

Es en esto último en lo que hay que concentrarse: la legitimidad democrática. Y es que la legitimidad constituye la referencia central de los sistemas políticos en los últimos 300 años. No es una abstracción de la filosofía política sino una referencia enlazada con la cultura y el nivel ético de la comunidad. Es legítimo lo que es aprobado en términos de valor. Diferente a lo que es legal, que es lo autorizado por la ley, un hecho de fuerza puede vestirse con la forma de la ley, pero no puede cubrirse con el valor intangible que le confiere su origen o su naturaleza. La represión que se usa por medio de jueces sometidos podría tener apariencias de legalidad, pero siempre son actos ilegítimos.

El militar que secuestró el triunfo de la cultura civil en 1952, haciéndose llamar presidente Pérez Jiménez, nunca fue legítimo. El joven general Napoleón Bonaparte de la Revolución francesa que se ciñó la corona de emperador de Francia, teniendo como notario al Papa, nunca fue legítimo, que era el valor que más anhelaba. Tenía poder y legalidad aparente, pero no era legítimo.

La legitimidad es concreta pese a que Max Weber habla de la legitimidad tradicional para referirse al reconocimiento que adquiere un mandón cuando la población se aviene a sus órdenes. Esto es discutible cuando quien ostenta el poder es un violador de derechos humanos y persigue a mansalva al pueblo. Es lo que ocurre hoy con la persecución de los trabajadores y maestros que protestan por mejores condiciones de vida.

Un sistema político como el de Bielorrusia o el de otras de las antiguas repúblicas soviéticas carece de legitimidad, pese al poder que ostentan sus “jefes de Estado”. Igual ocurre con Nicaragua y Cuba. Son ilegítimos y sin títulos legales respetables. El club de países antidemocráticos, con los cuales Nicolás Maduro pretende oponerse al gobierno estadounidense, tienen armas, dinero, petróleo, fusiles, cohetes y mazmorras, pero no disfrutan ni un centésimo de la autoridad moral del Reino de Suecia.

En este país lo que habitualmente se llama el debate o la controversia política ha venido manteniendo el alto nivel de trivialidad posterior a 1998. Esto debe ser superado y buscar un candidato unitario producto de las primarias o de un acuerdo para derrotar la dictadura.

La oposición debe organizarse en función de las primarias, pero debe diseñar un plan B para el caso que estas fracasen. En ese sentido, un acuerdo nacional en función de un candidato unitario es el desafío para derrotar a quien ostenta el poder pero carece de legitimidad.

De lo que se trata es de organizar a la oposición para derrotar la dictadura.

El Nacional