Mientras las alfombras rojas se despliegan en Caracas para recibir a inversores y ejecutivos petroleros, en las barriadas del país el sonido de las patrullas policiales sigue siendo sinónimo de zozobra. La Venezuela de 2026 intenta proyectar una imagen de normalidad y apertura al capital extranjero, pero los muros de los centros de detención cuentan una historia distinta: la de un aparato represivo que, pese a los cambios en la cúpula del poder, se niega a desaparecer.
Petróleo frente a detenciones arbitrarias
La intervención de Estados Unidos y la transición hacia el gobierno interino de Delcy Rodríguez han acelerado reformas económicas para facilitar la explotación de recursos naturales. Sin embargo, para ciudadanos como José Perozo, de 24 años, la «nueva» Venezuela se parece demasiado a la anterior.
Perozo, quien ya había sido arrestado en las protestas de 2024, fue interceptado recientemente en Mariara, estado Carabobo, mientras buscaba agua para su hogar. Una patrulla, una capucha y el silencio administrativo posterior resumen su destino. Su madre, Yuraima Piñero, resume la angustia de muchos: “¿Hasta cuándo esto, que uno no puede ni salir a la calle?”.
Una amnistía interrumpida y un sistema judicial lento
La esperanza de una reconciliación nacional sufrió un duro golpe hace dos semanas, cuando la presidencia interina anunció el fin de la ley de amnistía. Este estancamiento deja en el limbo a miles de ciudadanos, mientras que el sistema judicial muestra una parsimonia burocrática que contrasta con la celeridad de los acuerdos comerciales.
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Poderes sin cambios: Los cargos clave en tribunales y organismos de seguridad siguen ocupados por figuras formadas bajo la estructura anterior.
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Censura digital: A pesar de la reapertura de algunas agendas en televisión, portales independientes y la red social X permanecen bloqueados.
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Periodistas con grilletes: Comunicadores excarcelados siguen enfrentando restricciones judiciales que limitan su ejercicio profesional.
De lo doméstico a lo político: El caso de Faustino Hermoso
La vulnerabilidad institucional se manifiesta incluso en conflictos personales. Faustino Hermoso, estudiante universitario, fue detenido en los Valles del Tuy tras una disputa personal con un funcionario policial. Lo que debería ser un asunto civil terminó en una detención sin derecho a habeas corpus, una práctica que el abogado Eduardo Torres califica como sistemática:
«Un problema doméstico, en este contexto, se convierte en una vulneración grave a los derechos humanos».
El drama de las desapariciones: Víctor Quero Navas
En la Plaza Altamira, el rostro de Víctor Quero Navas aparece en un cartel sostenido por su madre de 82 años, Carmen Navas. Detenido en 2025 y recluido en la cárcel del Rodeo, Víctor ha «desaparecido» del sistema. Los informes de otros reclusos sugieren un estado de salud crítico debido a afecciones de colon, pero las autoridades, incluyendo la Defensoría del Pueblo, no han ofrecido respuestas claras.
Una reforma pendiente
Casos como los de Perozo, Hermoso y Quero Navas son el recordatorio de que Venezuela vive una transición asimétrica. Aunque la salida de Nicolás Maduro alteró el tablero político, el desmantelamiento del aparato represivo que abarca fuerzas de seguridad y tribunales sigue siendo la asignatura pendiente. Para que la apertura económica sea real, la seguridad jurídica debe empezar por el respeto a la vida y la libertad de sus propios ciudadanos.
Con información de EL PAÍS
