Tras un proceso de trabajo continuo iniciado en 2022, la Comisión de Registros y Notarías del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas presentó una propuesta técnica orientada a superar la crisis operativa del sistema registral y notarial venezolano. El proyecto abarca dos ejes estratégicos: un plan de contingencia de solución inmediata y un conjunto de reformas legislativas para modernizar la función pública.
El documento fue formalizado durante una jornada de consulta gremial encabezada por la presidenta de la institución, Dra. Yvett Lugo, y el coordinador de la mesa técnica, Dr. Emilio Bolívar. «En Venezuela no existe un verdadero sistema registral, sino un archivo de documentos desconectados e ineficientes», aseveró Bolívar.
El diagnóstico gremial evidencia que las medidas implementadas por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) bajo el argumento de la digitalización no han corregido la ineficiencia ni la lentitud para autenticar documentos o constituir empresas, cobrando tarifas elevadas que distan de los estándares y costos de la región.
5 medidas de contingencia e impacto inmediato
Para mitigar el impacto operativo actual, el Colegio de Abogados plantea cinco acciones urgentes:
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Desvinculación del Petro: Revisar el cálculo de la Planilla Única Bancaria (PUB) y habilitar un sistema de autocálculo transparente en el portal web.
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Modernización de pagos: Admitir transferencias, criptomonedas y métodos electrónicos, eliminando la exigencia de cheques bancarios.
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Límites a los revisores: Restringir la actuación de los funcionarios a los requisitos de forma, sin opinar sobre el fondo de los acuerdos entre partes.
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Cédula Catastral como base: Utilizar este documento como criterio único para la estimación de tasas inmobiliarias.
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Capacitación continua: Implementar programas de formación permanente para el personal del SAREN.
Reformas legislativas y estructurales
En el ámbito legal, la propuesta busca transformar la Ley de Registros y Notarías vigente mediante la separación funcional de competencias entre notarías, registros inmobiliarios y mercantiles.
Asimismo, se exige establecer criterios de idoneidad ética y académica para la designación de registradores y notarios, evitando nombramientos por parcialidad política, junto con el restablecimiento de la fianza profesional obligatoria para que los funcionarios respondan patrimonialmente por fallas u omisiones.
Para incentivar la actividad económica, el proyecto elimina la potestad discrecional de rechazar la constitución de empresas por presunto «capital insuficiente» y fija lapsos legales estrictos para sancionar dilaciones. Finalmente, insta a la creación del Instituto de Estudios Registrales y solicita a las escuelas de Derecho del país incorporar la asignatura de Derecho Registral y Notarial en sus pensums de pregrado y posgrado.
