De acuerdo al más reciente informe elaborado por la Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad, 558 internos, recluidos en comisarías policiales del Distrito Capital y los estados Vargas y Miranda, padecen de desnutrición severa, 183 tienen tuberculosis, 10 son portadores de VIH/SIDA y otro porcentaje muy alto padece de escabiosis u otras infecciones en la piel.
Carlos Nieto Palma, coordinador general de la mencionada organización, agregó que durante el tiempo estudiado, entre mayo y septiembre de 2020, 14 privados de libertad fallecieron por causas relacionadas a la salud, 8 de ellos presentaron tuberculosis, 2 por paros respiratorios, 2 por problemas coronarios, uno por infarto y uno que se fracturó el cráneo al lanzarse el piso 3 de la delegación del Cicpc de La Guaira.
El abogado indicó que el hacinamiento, el cual se ubica en 239,40%, la falta de agua potable y la escasa ingesta de alimentos disparan inevitablemente los problemas de salud de los privados de libertad.
“Estos 60 centros de detención preventiva, ubicados en Distrito Capital y los estados Vargas y Miranda tienen una capacidad estimada de 2.180 personas, sin embargo albergan una población de 5.218 internos, de los cuales 4.815 son hombres y 403 son mujeres”, precisó Nieto Palma.
Se conoció que durante el lapso monitoreado, solo en estos lugares, las autoridades habían confirmado 4 casos de privados de libertad con COVID-19, todos en la Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Los Teques, estado Miranda.
Nieto Palma destacó que en estas comisarías policiales no se cumple ningún tipo de protocolo para resguardar la salud de los privados de libertad.
“Al llegar a estos lugares no son examinados, no se realizan pruebas rápidas para detectar casos de VIH/SIDA, no hay tratamiento médico de ningún tipo y tampoco cuentan con espacios especiales para aislar a aquel recluso que comience a mostrar síntomas de alguna enfermedad”, dijo el abogado.
La investigación
Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, informó que se trata del tercer informe final que presentan en torno a la situación de salud de los 60 centros de detención preventiva ubicados en el Distrito Capital (26) y los estados Vargas (5) y Miranda (29).
El documento, que lleva por nombre “Desnutrición y tuberculosis se incrementa en los centros de detención preventiva de Distrito Capital, Vargas y Miranda”, es una radiografía del estado de salud en el cual se encuentran los privados de libertad que han sido recluidos en estos lugares. Este informe se refiere solo a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020.
“La pandemia del coronavirus vino a impactar aun más la situación de estos privados de libertad, debido a la cuarentena y al distanciamiento social, además del costo del pasaje y la falta de gasolina, los familiares de estos privados de libertad no pueden llevarles con frecuencia comida preparada, agua potable, productos de aseo personal o medicinas, en consecuencia, la situación empeora indeteniblemente”, dijo el vocero de UVL.
Los centros de detención preventiva, comisarías o retenes policiales no son lugares aptos para albergar a grupos humanos por largo tiempo, precisamente, se hicieron, para tener detenidos por un lapso máximo de 48 horas hasta que el tribunal que conoce de la causa decide si mantiene o no privado de libertad a la persona investigada.
Estos lugares no cuentan con espacios suficientes, tampoco tienen baños, iluminación suficiente, ni agua potable y mucho menos comedores y consultorios médicos.
“Los internos tienen que hacer sus necesidades fisiológicas dentro de los propios calabozos, usando, en algunos casos bolsas plásticas, lo que crea un ambiente lleno de moscas, ratones y todo tipo de animales rastreros urbanos”, dijo Nieto Palma.
Se conoció, incluso, que estos excrementos son retirados del lugar cuando los familiares acuden a las visitas porque, para colmo, el servicio de aseo urbano tampoco está funcionando correctamente por la falta de gasolina y el deterioro que presentan los camiones de recolección de basura.
Por falta de presupuesto, UVL solo logró monitorear la situación en los CDP ubicados en los municipios Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, 5 del estado Vargas y Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Guarenas, Guatire y Barlovento, del estado Miranda.
En una nueva etapa del proyecto, que arrancó el 1 de octubre, examinará también un buen número de CDP ubicados en los estados Zulia y Nueva Esparta.
“Nuestra aspiración es lograr realizar un trabajo similar en todas las comisarías policiales del país”, dijo Carlos Nieto Palma.
Recomendaciones
Ante este grave panorama Una Ventana a la Libertad recomienda, entre otras cosas, lo siguiente:
1.- Adopción de medidas urgentes por parte del Ministerio para el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, a fin de afrontar los altos niveles de hacinamiento que existen en los centros de detención preventiva.
2.- Adopción de medidas urgentes para garantizar el suministro de alimentos a privados de libertad que permanecen en estos lugares, así como dotación de agua potable y productos de higiene personal, además de medidas para prevenir la COVID-19.
3.-Activación de unja política integral de asistencia médica a los privados de libertad que permita hacer diagnósticos tempranos de problemas de salud, aplicar tratamientos médicos requeridos y aplicar estrategias de medicina preventiva que permitan controlar la propagación de enfermedades virales e infecto-contagiosas entre los privados de libertad y el personal de seguridad de los CDP.
Yira Yoyotte/UVL
