La recuperación del sector eléctrico es indispensable para la gobernabilidad de un gobierno democrático, que tiene que enfrentar en corto plazo el colapso y la emergencia eléctrica, buscar estabilizar y en una segunda fase en mediano y largo plazo, reconstruirlo, para dar paso a su consolidación y expansión.

Así se desprende de la reunión ordinaria de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Elías Matta celebrada este miércoles 13 de octubre vía online, donde los ingenieros expertos en el área eléctrica, que   están en el Plan País sector Eléctrico, Manuel Guevara y Juan Reyes presentaron las acciones para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, aclarando que esto solo puede ser cuando tengamos un gobierno democrático.

Inició la exposición el Ingeniero Manuel Guevara quien afirmó que para nadie es un secreto que el país enfrenta una crisis eléctrica desde hace más de 10 años que el régimen de Chávez y Maduro no ha podido o no ha querido enfrentar.

Partiendo de esa premisa sostiene que el Plan País tiene como objetivo fundamental enfrentar la emergencia y el colapso eléctrico que cada vez está más deteriorado, que presta un pésimo servicio que se vive más fuerte en el interior, fundamentalmente en la zona occidental del país. No obstante, en Caracas ya se están percibiendo fallas importantes y frecuentes.

Considera que la recuperación del sector eléctrico es indispensable para la gobernabilidad de un nuevo gobierno democrático por lo que tiene que enfrentar en corto plazo el colapso y la emergencia eléctrica y en una segunda fase estabilizar el sistema Eléctrico Nacional en mediano y largo plazo, reconstruirlo, para dar paso a su consolidación y expansión.

Advirtió que la recuperación del sistema eléctrico formará parte de un amplio programa de restructuración integral de Venezuela con apoyo financiero y técnico internacional. “No es concebible recuperar solo el sector eléctrico, porque depende de buena parte de la sociedad que también esté alineada a ese proceso de recuperación”.

Informó que hay un gran apoyo de financiamiento internacional que comprende préstamos, donaciones, ayuda, esos recursos el Plan País va a priorizar, para invertir en las áreas de mayor impacto que influyan para mejorar la calidad del servicio.

Dijo que una vez que se logre instaurar en el país un gobierno democrático es necesario e indispensable aprobar una nueva Ley Orgánica del Sector Eléctrico para hacer posible la participación privada, la creación de un organismo regulador autónomo y la descentralización del sector.

Indicó que la capacidad de ejecución de CORPOELEC actualmente es muy limitada. “No hay personal, ni gerencia capacitada, se necesita ayuda técnica externa, para desarrollar un programa intensivo de formación de personal a escala nacional, con la participación de las universidades e instituciones de formación técnica”.

Subrayó que si no hay suficiente gas no se pueden reactivar las plantas termoeléctricas, particularmente las situadas en el occidente del país, por lo que es indispensable que PDVSA aumente la disponibilidad de gas natural a las plantas termoeléctricas. “La recuperación de las industrias de hidrocarburos y eléctrica deben estar alineadas”.

 Sostiene que es fundamental aumentar la generación térmica disponible, particularmente en Zulia, Mérida, Falcón, Lara, Vargas y Nueva Esparta, es decir recuperar las plantas termoeléctricas en las regiones más afectadas e instalar soluciones de emergencia para enfrentar la crisis.

“Eso se logra a través de plantas que se llaman fast-power o de emergencia. Esas dos soluciones integradas permitirían sobre todo en la zona occidental y en Nueva Esparta, por ejemplo, solventar la situación y mejorar el servicio”.

Indicó que otra prioridad para mejorar la estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico nacional es la recuperación integral del Sistema Nacional Interconectado, aumentar la capacidad de transporte de energía desde Guayana hacia el resto del país.

Otro aspecto importante que refirió el ingeniero Guevara es la recuperar y modernizar el Centro Nacional de Despacho de carga, que actualmente está desactualizado, con gran atraso tecnológico.

Finalmente precisó que es fundamental la recuperación de generación hidroeléctrica indisponible en el Caroní y Los Andes, mediante la reactivación de las unidades que están paralizadas o en mantenimiento de las represas en Guri, Macagua y Caroachi.

Considera que se debe negociar acuerdos con Colombia para comprar electricidad para atender la emergencia (250 MW Táchira y Zulia) reclutar y formar personal calificado en todos los niveles para el sector eléctrico

En los últimos meses las interrupciones están afectando partes importantes de Caracas

Por su parte, el Ingeniero Juan Reyes, habló sobre la situación actual del sistema eléctrico nacional indicando que desde febrero 2020 la situación de Venezuela ha empeorado significativamente, hay límites de transmisión en sistema 765 kv en 7200 mw, y demanda alrededor de 10.500 mw se requieren 3300 mw de generación térmica, para que el sistema no esté inestable.

Reveló que la generación térmica en Centro Occidente del país está en el orden de 1500 mw. La red troncal de transmisión más vulnerable por déficit de mantenimiento. “El sistema no soporta fallas típicas y los apagones se extienden por todo el país, para recuperar en lo inmediato el sistema eléctrico es urgente incorporar generación térmica en el Zulia, en Margarita y en el Centro del país”.

Agregó que en la Isla de Margarita los cortes programados son diarios rotativos y con duración de 4 a 6 horas. “En la isla la generación en planta Luisa Cáceres de Arismendi es nula y en la planta Juan Bautista Arismendi la disponibilidad de generación es de 30% con 70 megavatios de 216 instalados. Incluyendo el cable submarino -150 mw- por lo cual solo se pueden satisfacer 220 mw de una demanda de 280 mw”.

 Precisó que desde comienzos del año 2020 las interrupciones debidas al sistema de transmisión se están presentando semanalmente y en ocasiones varias veces en la semana con duración de 6 horas o más. “Las áreas afectadas usualmente comprenden 7 u 8 estados del país incluyendo persistentemente a los estados Zulia y el suroeste andino y en el Distrito Capital casi inexorablemente Guarenas y Guatire”.

Agregó que en los últimos meses las interrupciones están afectando partes importantes de Caracas en el este-sureste y en municipio libertador con duración variable entre 4 y 8 horas.

Sostuvo que en los sistemas de distribución del país la situación de la calidad de servicio se expresa por varios eventos: Depresiones -flickers- de voltaje seguidos de incrementos importantes del voltaje. Interrupciones ocasionadas por el mal estado de los sistemas de distribución y la quema constante de transformadores, fallas en los sistemas de transmisión.

“También por la falta de atención a los reclamos de fallas del servicio. Demoras importantes en la atención a las fallas locales por déficit de cuadrillas de operación y mantenimiento y por el impacto del déficit de gasolina y la situación asociada a la pandemia”.

Señaló que para resolver con urgencia esta situación, antes que siga empeorando, es fundamental incorporar generación térmica en el Zulia, en Margarita y en el Centro del país. Se deben resolver tanto los cuellos de botella como los trabajos de mantenimiento del sistema de transmisión para mantener la estabilidad del sistema dentro de los límites técnicos.

“Tales medidas no deben prolongarse en el tiempo por cuanto el sistema está en condición crítica pre-colapso. Así se podrían evitar apagones generalizados o blackout –apagón general-en la mayoría de los estados del país”.

De acuerdo al más reciente informe elaborado por la Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad, 558 internos, recluidos en comisarías policiales del Distrito Capital y los estados Vargas y Miranda, padecen de desnutrición severa, 183 tienen tuberculosis, 10 son portadores de VIH/SIDA y otro porcentaje muy alto padece de escabiosis u otras infecciones en la piel.

Carlos Nieto Palma, coordinador general de la mencionada organización, agregó que durante el tiempo estudiado, entre mayo y septiembre de 2020, 14 privados de libertad fallecieron por causas relacionadas a la salud, 8 de ellos presentaron tuberculosis, 2 por paros respiratorios, 2 por problemas coronarios, uno por infarto y uno que se fracturó el cráneo al lanzarse el piso 3 de la delegación del Cicpc de La Guaira.

El abogado indicó que el hacinamiento, el cual se ubica en 239,40%, la falta de agua potable y la escasa ingesta de alimentos disparan inevitablemente los problemas de salud de los privados de libertad.

“Estos 60 centros de detención preventiva, ubicados en Distrito Capital y los estados Vargas y Miranda tienen una capacidad estimada de 2.180 personas, sin embargo albergan una población de 5.218 internos, de los cuales 4.815 son hombres y 403 son mujeres”, precisó Nieto Palma.

Se conoció que durante el lapso monitoreado, solo en estos lugares, las autoridades habían confirmado 4 casos de privados de libertad con COVID-19, todos en la Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Los Teques, estado Miranda.

Nieto Palma destacó que en estas comisarías policiales no se cumple ningún tipo de protocolo para resguardar la salud de los privados de libertad.

“Al llegar a estos lugares no son examinados, no se realizan pruebas rápidas para detectar casos de VIH/SIDA, no hay tratamiento médico de ningún tipo y tampoco cuentan con espacios especiales para aislar a aquel recluso que comience a mostrar síntomas de alguna enfermedad”, dijo el abogado.

La investigación

Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, informó que se trata del tercer informe final que presentan en torno a la situación de salud de los 60 centros de detención preventiva ubicados en el Distrito Capital (26) y los estados Vargas (5) y Miranda (29).

El documento, que lleva por nombre “Desnutrición y tuberculosis se incrementa en los centros de detención preventiva de Distrito Capital, Vargas y Miranda”, es una radiografía del estado de salud en el cual se encuentran los privados de libertad que han sido recluidos en estos lugares. Este informe se refiere solo a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020.

“La pandemia del coronavirus vino a impactar aun más la situación de estos privados de libertad, debido a la cuarentena y al distanciamiento social, además del costo del pasaje y la falta de gasolina, los familiares de estos privados de libertad no pueden llevarles con frecuencia comida preparada, agua potable, productos de aseo personal o medicinas, en consecuencia, la situación empeora indeteniblemente”, dijo el vocero de UVL.

Los centros de detención preventiva, comisarías o retenes policiales no son lugares aptos para albergar a grupos humanos por largo tiempo, precisamente, se hicieron, para tener detenidos por un lapso máximo de 48 horas hasta que el tribunal que conoce de la causa decide si mantiene o no privado de libertad a la persona investigada.

Estos lugares no cuentan con espacios suficientes, tampoco tienen baños, iluminación suficiente, ni agua potable y mucho menos comedores y consultorios médicos.

“Los internos tienen que hacer sus necesidades fisiológicas dentro de los propios calabozos, usando, en algunos casos bolsas plásticas, lo que crea un ambiente lleno de moscas, ratones y todo tipo de animales rastreros urbanos”, dijo Nieto Palma.

Se conoció, incluso, que estos excrementos son retirados del lugar cuando los familiares acuden a las visitas porque, para colmo, el servicio de aseo urbano tampoco está funcionando correctamente por la falta de gasolina y el deterioro que presentan los camiones de recolección de basura.

Por falta de presupuesto, UVL solo logró monitorear la situación en los CDP ubicados en los municipios Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, 5 del estado Vargas y Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Guarenas, Guatire y Barlovento, del estado Miranda.

En una nueva etapa del proyecto, que arrancó el 1 de octubre, examinará también un buen número de CDP ubicados en los estados Zulia y Nueva Esparta.

“Nuestra aspiración es lograr realizar un trabajo similar en todas las comisarías policiales del país”, dijo Carlos Nieto Palma.

Recomendaciones

Ante este grave panorama Una Ventana a la Libertad  recomienda, entre otras cosas, lo siguiente:

1.- Adopción de medidas urgentes por parte del Ministerio para el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, a fin de afrontar los altos niveles de hacinamiento que existen en los centros de detención preventiva.

2.- Adopción de medidas urgentes para garantizar el suministro de alimentos a privados de libertad que permanecen en estos lugares, así como dotación de agua potable y productos de higiene personal, además de medidas para prevenir la COVID-19.

3.-Activación de unja política integral de asistencia médica a los privados de libertad que permita hacer diagnósticos tempranos de problemas de salud, aplicar tratamientos médicos requeridos y aplicar estrategias de medicina preventiva que permitan controlar la propagación de enfermedades virales e infecto-contagiosas entre los privados de libertad y el personal de seguridad de los CDP.

Yira Yoyotte/UVL