Si sumamos todas sus víctimas, nos vemos abocados a emitir un juicio sobre Trump que ya no es estrictamente ideológico, sino que debe sustituirse por una valoración humanitaria
¿Según qué criterios deberíamos clasificar a los jefes de Estado? No existe una escala universalmente reconocida y, además, en esta valoración conviene distinguir entre el punto de vista del país directamente afectado y el del resto del mundo. ¿Deberíamos esperar de los dirigentes políticos que promuevan nuestra felicidad y que nos eviten desgracias? ¿Deberíamos clasificarlos según el avance de la paz, el crecimiento o la seguridad? Por mi parte, me sentiría tentado a proponer un instrumento de medición objetivo, aunque negativo, que permitiera atribuir a cada uno el número de sus víctimas. El peor de los jefes de Estado sería, según este criterio, aquel que provocara, directa o indirectamente, el mayor número de muertos. ¿No es acaso un criterio indiscutible?
Sin remontarnos demasiado atrás en la historia, Napoleón ocupa el primer puesto por haber devastado Europa y haber causado unos veinte millones de muertos, en una época en la que nuestro continente tenía una población cuatro veces menor que la actual. En esta macabra jerarquía, Stalin supera a Hitler, ya que, incluyendo el gulag y las matanzas internas, la Rusia estalinista causó más víctimas que el nazismo. Mao Zedong ocupa un lugar destacado si se le atribuyen las muertes de la guerra civil, las de las distintas revoluciones internas y, sobre todo, los millones de muertos provocados por sus reformas agrarias y otros ‘saltos hacia adelante’. ¿Dónde situar en esta macabra jerarquía a Franklin Roosevelt, Mussolini o Franco? Prefiero distinguir entre las muertes deliberadas e innecesarias, como las víctimas de Hitler, Mao y Stalin, y las de la guerra civil o de la guerra mundial, que son inevitables. No se puede poner en el mismo plano a las víctimas de Hiroshima y las del Holocausto: no todas las muertes tienen el mismo peso, dependiendo de si son consecuencia deliberada de jefes de Estado desquiciados o el resultado de guerras de liberación que, lamentablemente, también matan a inocentes.
En este panorama histórico, Donald Trump va por buen camino para ocupar un lugar nada desdeñable. Si queremos hacer un balance de su mandato este es el recuento que propongo. Han muerto, han sido asesinados, bombardeados o víctimas de epidemias como consecuencia de la política de Estados Unidos: miles y miles de iraníes bajo las bombas, un número desconocido de venezolanos, de pescadores colombianos o ecuatorianos, supuestamente traficantes de droga. Añadamos a todos los rusos y ucranianos que han muerto a causa de una guerra que no desencadenó Trump, pero que se ha prolongado por su negativa a posicionarse a favor de los ucranianos, prolongando así la guerra de Putin, cuando se había comprometido a imponer la paz en veinticuatro horas. Del mismo modo, su falta de intervención en Gaza –un conflicto que se le ha olvidado– y su incapacidad para contener las ambiciones de Israel, justificadas o no, causan muertes cada día. Los incluyo, por tanto, en el palmarés de Donald Trump debido a su inacción y a su diletantismo. A su haber, por así decirlo, se pueden añadir los inmigrantes en Estados Unidos detenidos en condiciones que llevan a muchos de ellos a desaparecer en campos de concentración o a suicidarse antes que ser deportados. Continuemos con este macabro recuento: la lucha contra la vacunación liderada por Trump y su iluminado secretario de Sanidad ha provocado, desde hace un año, epidemias de sarampión que han matado a un número desconocido de niños y a numerosos militares, a quienes se les ha negado la vacunación. A este recuento hay que sumar a todos aquellos, cuyo número tampoco conocemos, que, sobre todo en África, se han visto privados de la noche a la mañana de la ayuda médica de Estados Unidos y mueren de cólera, ébola y sida.
Si sumamos todas estas víctimas –cuya lista no hará más que alargarse si el mandato continúa–, nos vemos abocados a emitir un juicio sobre Trump que ya no es estrictamente ideológico, sino que debe sustituirse por una valoración humanitaria.
¿Cómo poner fin a lo que cada vez se asemeja más a una presidencia asesina? No se trata de ser trumpista o antitrumpista; se trata de salvar vidas. Los más indicados para poner fin a esta deriva asesina son los ciudadanos de Estados Unidos. Sorprende que la resistencia, tanto de la derecha como de la izquierda, al maleficio del presidente no haya sido inmediata. La razón es que los efectos de su delirio no eran visibles de inmediato. Esta situación ha cambiado, sobre todo tras el fracaso de la guerra contra Irán; por fin se alzan voces en el bando republicano. Pero apostemos a que Trump, invocando sus poderes militares, seguirá con sus ‘excursiones’ a Groenlandia o Cuba.
La verdadera resistencia es la de los jueces. En todo Estados Unidos, cada día, jueces de mente abierta e imparciales, en nombre del respeto a la Constitución anulan las decisiones más aberrantes de Trump. Así, los inmigrantes no son expulsados gracias a la intervención de los jueces; las redadas policiales contra ciudadanos o no ciudadanos, por no tener la piel lo suficientemente blanca, son sancionadas por los jueces, y los actos de guerra comercial que causan víctimas por la pobreza que generan se detienen en los tribunales. De manera simbólica, pero cargada de significado, los magistrados han obligado a Donald Trump a borrar su nombre, que él mismo había inscrito, en el John Kennedy Center, denominación adoptada por el Congreso en memoria del presidente asesinado.
Resulta sorprendente que Trump, que se comporta como un emperador romano, se someta a las decisiones de los jueces. ¿Cómo tolera que esta justicia independiente, integrada por magistrados que él mismo nombró, se erija en último baluarte contra el absolutismo? La razón es que, más allá de la falta generalizada de respeto por los derechos humanos que prospera en la era de Trump, la justicia permanece por encima de toda sospecha y de toda controversia: porque encarna la Constitución. Ahora bien, la Constitución, a diferencia de lo que ocurre en demasiados países europeos, es en Estados Unidos un monumento sagrado que en la conciencia colectiva solo tiene como equivalente a la Biblia. Todo nuevo presidente presta juramento sobre la Biblia de respetar la Constitución, dos textos que, en la historia, en el derecho y en la civilización de Estados Unidos, son indisociables. A la larga, serán menos las protestas de la sociedad civil o internacional que este baluarte de papel el que impedirá, así lo deseamos y esperamos, que Trump se convierta en el más peligroso de los presidentes de Estados Unidos. Recordemos hasta qué punto el respeto a la Constitución es, en todas partes, el fundamento de nuestra seguridad frente a cualquier gobierno embriagado por su propio poder.