El Ejecutivo acordó transferir el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), al Ministerio de Transporte. se decidió iniciar una Comisión de trabajo con el propósito de brindar seguridad a los prestadores del servicio.
El Gobierno nacional decidió dejar sin efecto la medida de regulación del servicio de «delivery», luego de mantener una reunión este miércoles con representantes de las empresas de entregas a domicilio.
La información fue confirmada por el Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Alfred Nazareth, a través de un comunicado publicado a en sus redes sociales.
El documento señala que las autoridades del Gobierno nacional y las operadoras de servicios de encomiendas mejor conocida como «delivery», mantuvieron un encuentro «cordial con el propósito de avanzar en un plan conjunto de trabajo».
El Ejecutivo nacional decidió dejar sin efecto la resolución referida al sistema de entrega de domicilios y acordó transferir el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), al Ministerio de Transporte, señala parte del documento.
Durante el encuentro, se decidió iniciar una Comisión de trabajo con el propósito de brindar seguridad a través de los cuadrantes de paz a los prestadores del servicio.
Por último, las partes acordaron mantenerse en constante diálogo en aras de mejorar el impacto y relacionamiento, a través de la consolidación de políticas de apoyo y de cooperación conjunta, donde el principal beneficiario sea el pueblo venezolano, reza el escrito.
Esta reunión se realiza días después del anuncio del Gobierno Nacional de regular el servicio de «delivery», medida que obligaba a las compañías encargadas de esta ocupación a presentar una habilitación postal de Ipostel para poder trabajar.
Está decisión generó diversas críticas de algunos analistas, quienes consideraban que esta iniciativa contribuye a que las empresas sean «empujadas a la informalidad».
Estas regulaciones habían sido anunciadas en Gaceta Oficial número 42.813, donde se establecía que la creación de una concesión para los trabajadores de este gremio.
La medida obligaba a los prestadores del servicio a cumplir con el pago de tasas y contribuciones, como las de tramitación, otorgamiento y renovación de la concesión, así como las cancelaciones requeridas en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firma Electrónica
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