Aunque no siempre lo parezca, los conflictos que las noticias internacionales nos recuerdan a diario están interconectados, incluyendo el largo conflicto híbrido venezolano.
Lo que presenciamos es parte del movimiento tectónico que acompaña el avance hacia ese ya anunciado nuevo orden internacional —todavía en pleno proceso de acomodo– , que, más que una reedición del antiguo sistema de equilibrios precarios de poder emerge cada vez con mayor claridad marcado por una ausencia de disciplina colectiva.
Ya no basta hablar de la crisis del multilateralismo o del unilateralismo estadounidense. Más bien vemos una creciente participación de actores que se distribuyen la autoridad, la coerción y la capacidad de decisión de una manera distinta, porque las reglas internacionales subsisten, pero disciplinan cada vez menos a quienes poseen poder para ignorarlas. Al mismo tiempo, dentro de numerosos países, incluyendo Venezuela, el debilitamiento institucional abre espacios que son ocupados por liderazgos populistas, potencias extranjeras, empresas, grupos armados, plataformas tecnológicas y redes transnacionales. Es decir, la gobernanza global cambia de manos y se vuelve más fragmentada, transaccional y opaca.
El fenómeno lo vemos en la confrontación entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz, y ahora, en la participación del movimiento hutí Ansar Allah de Yemen en el estrecho de Bab el-Mandeb, dos escenarios que alteran los flujos energéticos mundiales. Lo vemos con Rusia, que ejerce sobre Europa una presión que combina guerra convencional, sabotaje, desinformación, financiación de partidos políticos y coerción económica. También en Sudán, donde un largo conflicto condujo a la secesión y, posteriormente, a una nueva guerra civil y a una fragmentación en la que fuerzas militares y paramilitares disputan un territorio atravesado por intereses externos, incluso mediante formas de intervención por delegación. En Venezuela, tras veintisiete años de destrucción institucional y penetración ideológica foránea, surge una compleja y opaca operación petrolera entre gobiernos, empresas e intermediarios que reorganiza el control efectivo de recursos estratégicos.
Claro que las circunstancias no son equivalentes, pero en todas ellas se reconoce una misma tendencia: el poder desborda las estructuras destinadas a contenerlo.
Por eso hablamos de una pérdida de disciplina colectiva, entendiendo por ella la capacidad política, institucional y material de un sistema para inducir a sus integrantes —especialmente a los más poderosos— a moderar su actuación unilateral, reconocer un marco común de coexistencia, aceptar restricciones recíprocas y asumir los costos de preservar el orden del que forman parte. Cuando esa capacidad se debilita, cada actor procura asegurar por sí mismo sus intereses y los acuerdos generales ceden terreno ante arreglos parciales, coaliciones circunstanciales y hechos consumados.
Es allí donde nos encontramos en este momento.
La disciplina colectiva no elimina el conflicto ni presupone una comunidad de valores. No se trata necesariamente de un mundo basado en reglas multilaterales, sino de una comprensión compartida de que el equilibrio es necesario para evitar una mayor confrontación. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron durante la Guerra Fría una confrontación ideológica, militar y geopolítica de alcance mundial, pero aprendieron a reconocer determinados límites, mantener canales de comunicación y establecer mecanismos para evitar una escalada nuclear. No dejaron de competir sino que administraron la rivalidad, porque comprendieron que llevarla hasta sus últimas consecuencias podía destruir el sistema que ambos necesitaban para sobrevivir.
La distribución actual del poder hace más difícil esa autocontención. La aparición de nuevos centros de poder, la competencia entre Estados Unidos y China, el revisionismo ruso e iraní y la pérdida de autoridad de las instituciones multilaterales han erosionado el consenso mínimo sobre las reglas. Esto afecta de manera distinta a Estados fuertes, débiles o incluso forajidos, pero no se explica únicamente por la naturaleza de cada uno. Se trata también de la dinámica sistémica y las brechas por las que se pueden introducir actores estatales o no estatales para actuar con mayor impunidad y trasladar los costos de sus acciones a terceros.
Normalmente, un Estado puede dejar la ejecución de ciertas tareas en manos de empresas, comunidades u organizaciones sociales sin perder autoridad. Lo determinante es quién establece las reglas, quién supervisa, quién responde por los resultados y quién conserva la decisión final. Un Estado capaz puede delegar la ejecución sin ceder la autoridad, mientras que un Estado debilitado pierde la capacidad de decidir qué delega, en qué condiciones y al servicio de qué intereses. Entonces, el problema comienza cuando la delegación se convierte en sustitución, captura o tercerización incontrolada de funciones soberanas. Allí donde el Estado no puede garantizar seguridad, administrar recursos, controlar fronteras o hacer cumplir la ley, otros actores ocupan el espacio. Algunos lo hacen para suplir necesidades sociales; otros, para apropiarse de territorios, mercados y recursos. De nuevo, no toda presencia no estatal es depredadora, pero sin reglas, supervisión y responsabilidad, la distribución de funciones deja de ser cooperación para convertirse en fragmentación del poder.
Este fenómeno se produce tanto entre los Estados como dentro de ellos. En el plano internacional, las potencias aplican selectivamente las normas y utilizan la interdependencia como instrumento de presión. En el interno, algunos Estados pierden capacidad para controlar el territorio, regular actores privados, garantizar derechos o formular una estrategia nacional. Ambos procesos se retroalimentan: la fragmentación interna facilita la penetración exterior, mientras la competencia internacional profundiza las fracturas nacionales.
Sudán ofrece una manifestación extrema de esa secuencia. La pérdida de gran parte de los ingresos petroleros después de la separación de Sudán del Sur debilitó la capacidad del régimen para distribuir recursos y comprar lealtades. El empobrecimiento del Estado erosionó su legitimidad, aumentó su dependencia de los aparatos de seguridad y profundizó una fragmentación de la coerción que el propio régimen había contribuido a crear entre fuerzas militares y paramilitares. Potencias regionales y globales, junto con redes económicas externas, pudieron entonces intervenir en el conflicto sin necesidad de ocupar formalmente el país. Les bastó con financiar, armar o sostener a los actores locales, contribuyendo así a prolongar la guerra y a preservar su influencia sobre el oro, el petróleo y sus infraestructuras transfronterizas, así como sobre los puertos y la posición estratégica de Sudán en el Mar Rojo.
El caso sudanés no es equiparable a la guerra contra Ucrania ni a la presión rusa sobre Europa, pero ayuda a explicar una pieza de la misma dinámica. En Europa, no estamos ante un Estado ruso débil que ha perdido el control sobre actores autónomos, sino ante un Estado con capacidad para proyectar su poder mediante instrumentos diversos. La guerra convencional coexiste con ciberataques, sabotaje, desinformación, interferencia política, presión energética y actuaciones difíciles de atribuir de manera inmediata. La propia OTAN reconoce que estas amenazas híbridas operan mediante recursos políticos, económicos, tecnológicos y comunicacionales, muchas veces por debajo del umbral que activaría una respuesta militar convencional.
La consecuencia es una frontera cada vez menos nítida entre guerra y paz, agresión externa y desestabilización interna, actuación estatal e iniciativa privada. Del otro lado de esa ecuación, los Estados europeos conservan plena soberanía jurídica, pero dependen de empresas para proteger comunicaciones, infraestructura digital, redes energéticas y sistemas financieros. Al mismo tiempo, actores económicos y tecnológicos controlan información y servicios indispensables para la seguridad. El Estado continúa siendo central, pero ya no siempre posee por sí solo todos los instrumentos necesarios para ejercer su autoridad.
