La ONG Foro Penal recordó este domingo la situación del capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, recluido tras ser condenado a 30 años de prisión por su implicación en la toma militar del Fuerte Paramacay, ocurrida en agosto de 2017. La organización defensora de derechos humanos reiteró su exigencia de libertad en un momento clave del proceso judicial.
A través de sus canales oficiales, el Foro Penal detalló el historial de vulneraciones físicas y procesales denunciadas por la defensa del militar desde su detención el 11 de agosto de 2017.
Patrón de torturas y reclusión denunciado:
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Agresiones físicas severas: Caguaripano documentó haber sido víctima de golpizas, descargas eléctricas, asfixia con gas pimienta y graves lesiones genitales. Estas últimas le provocaron una hemorragia severa que obligó a una intervención quirúrgica de emergencia durante uno de sus traslados.
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Aislamiento en «La Tumba»: La organización recordó que el capitán permaneció 45 días incomunicado en el sótano del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela, conocido como «La Tumba».
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Medidas cautelares sin respuesta: En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a su favor al constatar el riesgo inminente para su vida e integridad física. Pese a las denuncias, los señalamientos de tortura no han sido investigados por las autoridades correspondientes.
Decisión clave en la Corte de Apelaciones de Carabobo
El pronunciamiento del Foro Penal coincide con el vencimiento del lapso legal para que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo emita su dictamen. El pasado 26 de agosto se celebró la audiencia oral y pública para revisar el recurso interpuesto por la defensa de Caguaripano y otros 22 procesados por el caso Paramacay.
En esa sesión, los magistrados fijaron un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse sobre la sentencia dictada en diciembre de 2025, la cual fijó la pena máxima de 30 años de prisión para la totalidad de los implicados. La resolución determinará si se ratifican, modifican o anulan los fallos condenatorios.
