Si después de las dos guerras mundiales del siglo XX, el saldo diplomático y político de Estados Unidos con Europa es positivo, no puede decirse lo mismo, en absoluto, de su comportamiento con América Latina, donde la ceguera, la incomprensión, el abuso, la violencia y la soberbia imperial prevalecieron casi siempre sobre la inteligencia y la responsabilidad. Nacimos como repúblicas mirando hacia ellos con admiración, y ellos jamás supieron cuidar a los demócratas y liberales latinoamericanos. Y vergonzosamente, así siguen: apoyando a los dictadores, porque son sus dictadores.
Esta situación histórica no ha cambiado con el gobierno de Trump. México, en particular, tiene razones sobradas para poner cara a sus agresiones, prejuicios y arbitrariedades. No obstante, el diferendo actual en torno a la extradición de los políticos ligados al crimen organizado no es una de esas razones. No es Estados Unidos quien está amenazando (por ahora, afortunadamente) la soberanía de México. Es nuestro gobierno quien (ahora mismo, desgraciadamente) supedita la soberanía nacional de México a la soberanía personal de esos delincuentes.
La delicadísima situación por la que atraviesa la relación entre los dos países me ha llevado a recordar un antecedente que viene al caso. Hace exactamente un siglo, en el verano de 1926, el gobierno de Estados Unidos —con la soberbia imperial que siempre le ha sido característica— amenazó a México con una nueva acción militar, una más, que recordaba las ominosas invasiones e intervenciones de 1847, 1914 y 1916. Sus razones eran absurdas e injustificadas. Las compañías petroleras americanas, recelosas de la Constitución de 1917, sostenían que la legislación sobre nuestros recursos naturales —en específico, el artículo 27— atentaba contra sus derechos adquiridos y por tanto no debía ser aplicada con retroactividad. A partir de ahí los petroleros pagaron y propagaron la versión de que México iba por el camino de convertirse en una nueva Unión Soviética. El presidente Coolidge les prestaba atención. En los periódicos de la furibunda cadena Hearst se hablaba abiertamente de castigar al “Soviet Mexico”. La guerra estuvo a punto de estallar.
El presidente Calles reaccionó con firmeza, prudencia y responsabilidad. Una astuta operación de inteligencia (planeada por el secretario del Trabajo y líder obrero Luis N. Morones) sacó a la luz documentos que probaban los planes intervencionistas que fraguaba el gobierno a espaldas del Congreso. Manuel C. Téllez, nuestro embajador, prodigó esfuerzos para desmontar la bomba diplomática. Al mismo tiempo, varios sensatos representantes en Washington (como Fiorello H. La Guardia) así como influyentes periodistas e intelectuales americanos (Walter Lippmann, Carleton Beals) persuadieron a Coolidge de que el nacionalismo mexicano era legítimo y no tenía que ver con el comunismo. Y un nuevo embajador, Dwight Morrow, llegó a México en 1927 con la consigna de limar las asperezas y reconstruir sobre nuevas bases la relación entre los vecinos. La guerra no estalló y los efectos de la paz entre ambos países fueron duraderos, tanto así que la relación resistió la nacionalización del petróleo llevada a cabo finalmente por el presidente Cárdenas en 1938.
Ahora la situación es completamente distinta. El reclamo proviene del Departamento de Justicia, que exige el cumplimiento de un Tratado de Extradición firmado por ambas naciones y vigente. Su demanda se origina en el daño en vidas humanas que el crimen organizado y sus cómplices políticos han provocado en su territorio. En este caso específico, quien atenta contra el derecho no es el gobierno americano, sino el mexicano.
Ante la exigencia de cumplir una obligación jurídica internacional (cuyo rango es idéntico al de la Constitución), la presidenta Sheinbaum ha reaccionado de una manera desconcertante. Por un lado, su gobierno ha dejado de repartir abrazos a los criminales. Por otro, cobija a los políticos aliados a los criminales insistiendo, demagógicamente, en que “no hay pruebas”. Si esos políticos son inocentes, ¿no sería mejor que lo probaran en los tribunales? En lugar de dar inicio al proceso legal previsto en el tratado, ha elegido la confrontación con nuestro principal socio comercial, con quien nos une un vínculo económico y social que compromete la vida diaria de millones de familias.
Los mexicanos que viven en nuestro país y los que viven en Estados Unidos necesitan un gobierno que los defienda. Pero la actitud defensiva no debe nublar el cuadro más amplio. Los vecinos distantes, que alguna vez fueron vecinos enemigos, llevan casi 40 años de una convergencia productiva. Y los pueblos entre sí no tienen animosidad, sino deseo de convivir y de trabajar juntos. ¡Cuántos países vecinos quisieran tener la relación de intercambio humano y comercial que tenemos con Estados Unidos! Los números no mienten, aunque la ideología, la ceguera o la mala fe del gobierno mexicano los distorsione. Por eso importa fortalecer los vínculos constructivos con el vecino. Y por eso cumplir —aunque ya sea extemporáneamente— con el Tratado de Extradición es un imperativo histórico.
De corregir el rumbo (posibilidad remota), la presidenta de México tendría la autoridad política y moral para enfrentar los diversos problemas que implica tratar con un gobierno como el de Trump. De no corregir el rumbo (posibilidad cercana), pasará a la historia por haber provocado una crisis diplomática de consecuencias aterradoras. En este momento no hay razón alguna para confiar en que actúe con sentido de responsabilidad. Pero que conste: estamos en alerta máxima.
Enrique Krauze
