Que el Observatorio Venezolano de Violencia pronostique que las muertes violentas continuarán aumentando y que es posible que el año 2013 termine “con un cálculo conservador de 24.763 muertes violentas en el país y una tasa igualmente conservadora de 79 fallecidos por cada 100.000 habitantes”, no es más que una muestra, dolorosa y triste, de que cuando un gobierno no es capaz de combatir la inmensa corrupción que florece dentro de sí mismo, esta termina por expandirse por todo el cuerpo social al punto de que los delitos crecen vertiginosamente sin que nada ni nadie pueda detenerlos.

En la Venezuela rojita en la que sobrevivimos gracias a la suerte o a la mano piadosa de Dios, todo tipo de delitos tiene su albergue o goza de inmunidad protegido por un manto oficialista o un uniforme. Es tal el auge del crimen organizado que aquellos que dentro del gobierno intentan detener esta oleada devastadora de bienes y vidas, de inmediato y sin misericordia alguna, son dejados de lado por ser honestos y tener principios. Igual ocurre con la mayoría de los militares que se niegan a meter sus manos en el dinero público.

Y no se trata de exageraciones ya que, como bien lo han informado los medios de comunicación, son muchos los nombres de quienes habiendo pasado por un alto cargo público hoy son objeto de investigaciones dentro y fuera de Venezuela por no poder demostrar el origen de sus fortunas crecientes.

Negocios de importaciones, de contratos de obras públicas acompañados de comisiones ilegales, vínculos con el narcotráfico, con el contrabando de alimentos y gasolina en la frontera, sin olvidar la compra de costosos armamentos que en nada ayudan a fortalecer el resguardo de nuestra soberanía. Son innumerables los ejemplos en que el Estado venezolano se debilita hasta el vasallaje, porque la ética y la moral han sido exiliadas de la administración oficial.

Es público y notorio que gobernadores y alcaldes, así como ministros y jueces han sido señalados de cometer presuntos delitos contra la cosa pública sin que se abran las correspondientes averiguaciones o, si se iniciaran (por error o descuido de un funcionario distraído), esos procedimientos lo más seguro es que terminen engavetados o envueltos en telarañas por los siglos de los siglos.

Como decía el lúcido y perspicaz líder de AD, Gonzalo Barrios, “aquí la gente roba porque no hay motivos ni obstáculos para no hacerlo”. Ha corrido bastante agua debajo del puente desde que pronunció aquella frase y el problema ha ido en aumento. El Estado venezolano está más corrompido que nunca y todas aquellas promesas que en su día formuló el fallecido líder de la revolución bolivariana, en el sentido de que iba a acabar con la corrupción, no las recuerda ni las practica nadie.

Al contrario, en las altas esferas legislativas las prerrogativas constitucionales se usan como escudo para no ser investigados por la Contraloría y la Fiscalía. Nada menos.

Editorial de El Nacional