El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos está pendiente de una nueva decisión judicial en Estados Unidos. El expediente 26-48, identificado como “Markwayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional, et al. v. National TPS Alliance, et al.”, llegó a la Corte Suprema después de varios fallos en tribunales federales.
TPS venezolano: origen del caso 26-48 y decisiones del DHS
La controversia comenzó con una extensión del TPS que fue establecida en enero de 2025. Esa medida prolongaba la protección para los venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026.
Posteriormente, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en ese entonces, Kristi Noem, dispuso dejar sin efecto esa extensión y avanzar con la terminación de la designación correspondiente.
Tras esa decisión, la organización National TPS Alliance y beneficiarios del programa llevaron el caso ante la justicia. En septiembre de 2025, el tribunal de distrito falló parcialmente a favor de los demandantes y dejó sin efecto las decisiones adoptadas por el DHS para revocar y terminar el programa.
El litigio continuó en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y en enero del año en curso, ese tribunal confirmó la decisión del juzgado inferior y sostuvo que la secretaria del DHS no contaba con autoridad legal para anular una extensión de TPS que ya se había concedido y se encontraba vigente.
-El gobierno estadounidense llevó entonces la disputa ante la Corte Suprema.
-Según el historial judicial, el procurador general, John Sauer, presentó el 9 de julio la petición de “certiorari” correspondiente al expediente 26-48.
-La administración solicitó que se anulara la sentencia del Noveno Circuito y que el caso regresara a esa instancia para una nueva evaluación.
El precedente que puede modificar el análisis del caso del TPS
La petición del gobierno se apoya en una decisión anterior de la propia Corte Suprema. El 25 de junio, los magistrados resolvieron el caso Mullin v. Doe, relacionado con la posibilidad de revisar judicialmente decisiones vinculadas con el TPS.
Según la postura presentada por el gobierno en el expediente 26-48, ese precedente establece una restricción amplia a la verificación judicial de determinadas decisiones sobre el programa.
Por La Nación
