En lo que representa un reconocimiento tácito de la selectividad y el sesgo de clase del sistema judicial venezolano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, admitió que el 68% de las personas privadas de libertad en el país provienen de los estratos socioeconómicos más bajos. Durante la presentación del balance de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, la mandataria (E) calificó esta realidad como una «pirámide invertida» y sentenció de forma inédita: «Definitivamente hay que acabar con la discriminación de la pobreza, porque allí hay discriminación».
Sin embargo, para analistas y defensores de derechos humanos, esta declaración va más allá de una autocrítica gubernamental; expone cómo el aparato penal del Estado ha operado históricamente como un mecanismo de control y castigo enfocado casi exclusivamente en los ciudadanos más vulnerables.
El diagnóstico de la selectividad penal: ¿Por qué la justicia castiga al pobre?
La cifra revelada por el propio Ejecutivo confirma lo que la sociología criminal y las organizaciones independientes han denunciado durante años: en Venezuela, los eslabones más débiles de la sociedad sufren el mayor rigor de la ley, mientras los grandes delitos de cuello blanco o la corrupción estructural rara vez llenan las cárceles.
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La fábrica del retardo procesal: La población penal de bajos recursos carece del capital financiero para costear defensas privadas o sortear las redes de extorsión judicial. El resultado es un embudo penal donde los detenidos de los sectores populares quedan atrapados por años en los centros de reclusión preventiva sin una sentencia firme.
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La extorsión policial como peaje: Rodríguez hizo un llamado a construir un «nuevo relacionamiento» entre los ciudadanos y los cuerpos policiales para erradicar las extorsiones. No obstante, en las zonas populares del país, las prácticas de las fuerzas de seguridad han funcionado bajo lógicas de sospecha permanente, donde el perfilamiento socioeconómico determina quién es procesado y quién no.
Las dudas sobre los «38.000 Jueces de Paz»: ¿Solución o control de base?
Con el objetivo de revertir este panorama, el Ejecutivo anunció una gran consulta pública a partir del próximo primero de junio para reformar las leyes penales, prometiendo la incorporación de más de 38.000 jueces de paz en todo el territorio nacional.
A pesar del enfoque democratizador del discurso, la inserción masiva de figuras judiciales no profesionales en las comunidades genera profundas dudas críticas:
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Riesgo de micropersecución: Al transferir facultades de arbitraje penal o vecinal a miles de actores locales, se corre el riesgo de institucionalizar la vigilancia y la penalización de la marginalidad dentro de los mismos barrios, convirtiendo los conflictos de convivencia en delitos bajo sesgos políticos o comunales.
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Desatención de la causa raíz: Modificar el número de jueces de paz no soluciona la falta de presupuesto, la ausencia de defensores públicos autónomos, ni los incentivos perversos de un sistema policial que necesita generar arrestos para justificar su operatividad en los sectores populares.
El peso de las 8.740 excarcelaciones
La liberación plena de 8.740 personas bajo el amparo de la ley de amnistía funciona como una medida de descompresión inmediata para paliar el hacinamiento crítico de las cárceles. Sin embargo, en un entorno donde las bases estructurales de la policía y los tribunales siguen intactas, la medida corre el riesgo de ser un paliativo temporal.
Mientras el acceso a una defensa oportuna y el debido proceso sigan siendo un privilegio económico en lugar de un derecho fundamental, el sistema penal venezolano continuará operando de forma automática bajo la premisa que el propio gobierno acaba de denunciar: la pobreza como el principal factor de riesgo para terminar tras las rejas.
