Laura Borràs Castanyer, expresidenta del Parlament de Catalunya en un evento literario en Sevilla en febrero de 2025. (MANUEL OLMEDO)
Los nuevos indultos evidencian una preocupante normalización de las medidas de gracia para condenados por corrupción, debilitando la confianza ciudadana.
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Que existan razones más o menos objetivas para atenuar el impacto de unas condenas penales no significa que la única opción sea el indulto. Esto es aplicable a las medidas de gracia concedidas por el Consejo de Ministros, por «razones de justicia y equidad», a tres condenados por prevaricación o malversación de caudales públicos. Una es Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña; y los otros dos, un exalcalde socialista y un exdirector de un centro cultural, quien estuvo fugado dos años. En el caso de Borràs, el Gobierno se apoyó en la propuesta de indulto parcial que hizo el Tribunal Superior de Cataluña, limitado solo a la pena de prisión, no a la inhabilitación. Para los otros indultados, vinculados al PSOE, el Gobierno ha tenido en cuenta peticiones vecinales, manifiesto de artistas abajo firmantes y la salud de uno de ellos. Estas peticiones tenían respuesta en la normativa penitenciaria, pero el Gobierno optó por lo que más le gusta: el indulto a la corrupción. Quizá el Gobierno allana el terreno para indultos aún más escandalosos
