A través de Twitter, la organización informó de una plenaria del Comité Central, la máxima instancia de dirección del PCV, para analizar «el cuadro político y las medidas a adoptar tras la intervención judicial ordenada por el Gobierno de Nicolás Maduro»
Los dirigentes tradicionales del Partido Comunista de Venezuela (PCV) se reunieron este domingo en Caracas para preparar acciones de respuesta ante la intervención judicial dictada el viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que nombró una junta directiva ad hoc para que organice nuevas elecciones internas.
A través de Twitter, la organización informó de una plenaria del Comité Central, la máxima instancia de dirección del PCV, para analizar «el cuadro político y las medidas a adoptar tras la intervención judicial ordenada por el Gobierno de (el presidente) Nicolás Maduro».
El diputado Óscar Figuera, que ha ocupado el cargo de secretario general del partido desde 1996, destacó que recibieron «una contundente demostración de solidaridad nacional e internacional en las últimas horas», lo que incluye un apoyo por parte de formaciones antichavistas que siempre han sido críticas del PCV.
«El Partido Comunista de Venezuela ha conquistado una victoria moral ante el autoritarismo», dijo Figuera, citado en el mensaje difundido en las redes sociales.
El Supremo designó a Henry Parra, quien se ha identificado como dirigente nacional de la formación e introdujo un amparo constitucional en contra del PCV, presidente de la nueva junta directiva del partido, y al ciudadano Sixto Rodríguez como secretario general.
El PCV es la formación más antigua del país y acompañó al chavismo en su ascenso al poder en 1999, tras lo cual mantuvo una cercanía con el Gobierno que se rompió en la última década, cuando se volvió crítico de Maduro, a quien ha responsabilizado por esta intervención.
Los dirigentes comunistas habían alertado en reiteradas ocasiones de un «plan para asaltar e intervenir el PCV», por lo que, a finales del mes pasado, más de 300 políticos, activistas y sindicalistas de varios países firmaron una petición en la que solicitaban al Ejecutivo que se evitara «la judicialización» de esta organización.
EC
