En un boletín especial Defiende Venezuela informa sobre la reciente publicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (LACD) ha generado un intenso debate jurídico y social en el país. El instrumento, que busca funcionar como un mecanismo de «gracia» para hechos políticos ocurridos en las últimas dos décadas, ya ha activado más de 9,000 solicitudes ante los tribunales, aunque expertos advierten sobre sus limitaciones y el carácter selectivo de su aplicación.
Alcance y marco temporal
La LACD establece un amplio rango de aplicación para delitos y faltas cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 19 de febrero de 2026. Sin embargo, la ley no es de aplicación universal, sino que se restringe a contextos específicos de inestabilidad política ocurridos en años puntuales (como 2002, 2014, 2017, 2019, 2024 y 2025).
De acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano, el efecto principal de esta medida es la extinción total de la acción penal. Esto implica:
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El cese inmediato de la pena y todas sus consecuencias.
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La eliminación de cualquier medida de coerción personal.
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El otorgamiento de una libertad sin restricciones para los beneficiados.
Las exclusiones: El «nudo crítico» de la ley
A pesar de su nombre, la Ley de Amnistía impone límites severos que han generado críticas entre defensores de derechos humanos. Según el articulado, no podrán ser amnistiados:
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Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
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Violaciones graves a los derechos humanos (conforme al Art. 29 de la Constitución).
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Delitos comunes graves: homicidio intencional, narcotráfico y corrupción.
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Rebelión militar: Se excluye específicamente a los militares procesados por hechos ocurridos entre enero y abril de 2019 bajo este cargo.
Un instrumento bajo la lupa
El boletín informativo destaca que, aunque el cierre de procesos judiciales injustos es un avance positivo, la ley presenta debilidades estructurales para una verdadera transición democrática:
«En las transiciones auténticas, lo usual es ofrecer medidas de gracia a los perpetradores y no a las víctimas. En este caso, se concede la amnistía a personas cuyas detenciones, en muchos casos, ya eran arbitrarias desde un principio», señala el análisis.
Puntos de controversia actual:
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Margen de interpretación: El catálogo detallado de contextos deja un amplio arbitrio a los jueces para decidir quién califica y quién no.
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Discriminación: La excesiva especificación de fechas podría excluir casos de persecución política que no encajen exactamente en los años enunciados.
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Protestas: Familiares de detenidos han iniciado huelgas de hambre frente a centros de reclusión, denunciando retrasos en la implementación y la «selectividad» del beneficio.
Próximos pasos procesales
Los tribunales de la causa y las Cortes de Apelaciones tienen un lapso no mayor a 15 días continuos para revisar y decidir sobre las solicitudes de amnistía. La comunidad internacional y las ONG locales permanecen vigilantes ante la receptividad que mostrará el Poder Judicial frente a las miles de peticiones que ya cursan en sus despachos.
