La denuncia constitucional presentada por la fiscal general de Perú contra el presidente del país, Pedro Castillo, comenzará este viernes su periplo legislativo, mientras el Gobierno continúa su critica a la gestión del Ministerio Público al que acusa de haberse politizado para «impulsar un golpe de Estado».
Dos días después de que la fiscal general peruana, Patricia Benavides, enviara una denuncia constitucional al Congreso contra Castillo, en la que le señala como presunto autor de delitos de corrupción entre otros, el mandatario insistió este jueves en la idea de que «no se puede impulsar un golpe de estado politizando a otro poder como es el Ministerio Público».
A la espera de que la denuncia empiece el recorrido por el Congreso, el Gobierno de Castillo ha seguido mostrando apoyo al presidente.
La ministra de Cultura, Betssy Chávez, pidió este jueves a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano encargado de nombrar, ratificar y cesar a los fiscales, que destituya a la fiscal de la Nación, ya que según la ministra, Benavides ha cometido «infracción muy grave».
Recuerda, tal y como ha defendido el Ejecutivo peruano, que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
Este viernes la denuncia será recibida por los 16 miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, y su presidenta, Lady Camones, explicó que a partir de esta fecha, tendrán diez días hábiles para elaborar un informe de calificación que marcará si esta es procedente o improcedente, es decir, si cumple los requisitos que establece el Legislativo para ser admitida como tal.
EFE
