La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso del concejal y dirigente opositor venezolano Fernando Albán, quien falleció en octubre de 2018 mientras permanecía en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
El sometimiento del Caso N.° 14.267, efectuado el pasado 5 de agosto, establece la presunta responsabilidad del Estado venezolano en la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial del edil, así como la denegación de justicia para sus familiares.
Detención y denuncias de tortura
Albán, dirigente del partido Primero Justicia y concejal del municipio Libertador de Caracas, fue aprehendido por funcionarios del SEBIN el 5 de octubre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tras regresar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La detención se realizó sin orden judicial y derivó en una desaparición forzada de corta duración de unas 20 horas.
El 8 de octubre de 2018, la versión oficial atribuyó su fallecimiento a un suicidio en la sede del SEBIN. No obstante, la defensa y los familiares cuestionaron la tesis gubernamental señalando irregularidades en las actas de defunción y evidencias de tortura.
En su Informe de Admisibilidad y Fondo N.° 320/25, la CIDH determinó que el dirigente fue sometido a torturas y ejecutado extrajudicialmente por motivos políticos. El organismo concluyó además que el procesamiento penal de dos custodios del SEBIN resultó ineficaz, pues sus penas fueron posteriormente reducidas y quedaron en libertad sin que se investigara la cadena de mando.
Reparaciones exigidas ante la Corte IDH
En su escrito ante la Corte IDH, la CIDH solicitó declarar la responsabilidad internacional del Estado venezolano y aplicar las siguientes medidas:
-
Investigación penal efectiva: Esclarecer los hechos, determinar responsabilidades materiales e intelectuales (incluida la cadena de mando) y garantizar la participación de la familia en el proceso.
-
Reparación integral: Compensación económica, medidas de satisfacción y atención psicológica para las víctimas indirectas.
-
Anulación de antecedentes: Dejar sin efecto todo expediente judicial o administrativo levantado contra Albán y su entorno.
-
Protección y garantías: Implementar medidas para evitar actos de hostigamiento o persecución contra sus familiares y representantes legales.