De las 23 personas condenadas a la pena máxima en diciembre de 2025, solo cinco de los recluidos en Carabobo fueron llevados a la sede judicial. El resto participará por vía telemática.
Cinco de los seis presos políticos detenidos en el estado Carabobo por el caso Paramacay fueron trasladados este miércoles al Palacio de Justicia de Valencia, con el fin de iniciar la audiencia de apelación dictada tras su condena.
El proceso involucra a un grupo de 23 personas —entre civiles y militares— privadas de libertad en distintos centros de reclusión del país desde 2017, incluido el capitán Juan Carlos Caguaripano, líder del asalto al Fuerte Paramacay. El pasado 19 de diciembre de 2025, el Tribunal Tercero de Juicio de Carabobo, a cargo del juez Luis Ovalles Landaeta, condenó a la totalidad de los procesados a la pena máxima de 30 años de prisión.
Tras la admisión del recurso presentado por la defensa, la audiencia inició con el traslado presencial de un grupo reducido y la conexión telemática del resto de los encausados desde sus lugares de reclusión. Familiares, activistas de derechos humanos y líderes gremiales se concentraron en las inmediaciones del circuito penal para exigir la liberación inmediata de los detenidos.
Lista de trasladados y denuncias de tortura
Familiares y abogados confirmaron el traslado de cinco de los procesados a la sede judicial carabobeña:
-
Trasladados: Jesús Jordán Arias, Oscar Caamaño, Rafael González, José Ángel Rengifo y Omar Escalante (este último con medida de casa por cárcel concedida el pasado 14 de marzo).
-
Sin traslado por salud: El sexto detenido en la entidad no pudo ser movilizado debido a delicadas condiciones de salud.
En las afueras del tribunal, parientes de los procesados reiteraron las denuncias sobre violaciones al debido proceso y torturas. Silvia Benítez, hermana del sargento Darwin Solís Benítez —quien no fue trasladado—, denunció que tras nueve años de proceso la mayoría de sus audiencias han sido diferidas. Asimismo, recordó que hace tres meses el militar envió una carta firmada con sangre denunciando golpizas y tratos crueles bajo custodia.
Por su parte, Héctor Jordán, familiar de Jesús Jordán Arias, cuestionó las imputaciones de terrorismo y traición a la patria, al tiempo que denunció la falta de información constante sobre la ubicación real de su allegado.
