Los ataques a la independencia judicial por parte de gobiernos con tendencias autocráticas o populistas son una constante. Una y otra vez se repite el mismo patrón: cuando estos actores alcanzan el poder, su prioridad es desmontar el Estado de derecho comenzando por el único poder llamado a controlar a los demás, el Poder Judicial.
En Venezuela, sin siquiera haberse iniciado el siglo XXI, este guion se puso de manifiesto con unos malhadados decretos dictados por una ilegítima Asamblea Constituyente —que había dejado de existir por haber cumplido sus funciones al aprobar la Constitución de 1999—, a los que siguieron acomodaticias reformas legales para el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, destituciones masivas de jueces, designaciones “a dedo” y purgas encubiertas, todo por el interés del inventado “socialismo del siglo XXI”, que terminó por transformar a los jueces en simples ejecutores de la “teología jurídica del poder”, para usar la expresión de Manuel Aragón: una justicia al servicio del caudillo y del partido, no de la Constitución.
De esa manera, donde el juez debía ser contrapeso, pasó a ser, en la comparsa, el “Mujiquita” del escritor Rómulo Gallegos, y con ello se ha mantenido desterrado el Estado de Derecho.
En Argentina, distintos gobiernos intentaron capturar la Corte Suprema mediante maniobras de ampliación numérica y modificación de los sistemas de nombramiento. En su tiempo, el proyecto para llevar de 5 a 25 el número de magistrados, bajo el pretexto de una “Corte Federal”, fue denunciado por el Colegio de Abogados de Buenos Aires como un intento de “subordinar completamente al máximo tribunal al poder político”, abriendo un mercado de favores y votaciones basadas en la política y no en la justicia. Esa crítica sintetiza bien la esencia de la ofensiva: eliminar a la Corte como límite y convertirla en un Senado paralelo domesticado por el Ejecutivo.
En Israel, país que se enorgullece de la solidez de sus instituciones se vivió, pocos años atrás, otro intento de recortar la independencia de los jueces bajo la coartada de “equilibrar” el poder de la Corte Suprema. El proyecto de Netanyahu pretendía restringir el control judicial sobre las decisiones gubernamentales eliminando el “criterio de razonabilidad” y reforzando el peso de la Knéset frente al Tribunal Supremo. Fue precisamente ese Tribunal el que, en una sentencia histórica, declaró inconstitucional la reforma por dañar las “características fundamentales de Israel como Estado democrático”, y la jueza Esther Hayut recordó que los principios del Estado de derecho y la independencia judicial son “el aliento de vida” del Poder Judicial.
En España se destaca la importancia que la Constitución otorga a la independencia de jueces y magistrados, inamovibles y sometidos solo al imperio de la ley. Sin embargo, la prolongada mora en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las tentativas de alterar su sistema de elección para asegurar mayorías gubernamentales han encendido las alarmas. No en vano, uno de sus vocales, Juan Manuel Fernández, advirtió que “[ … ] la independencia de la justicia es la piedra angular de una sociedad democrática. Si los jueces no son independientes, los ciudadanos no tienen garantizados sus derechos”.
En este marco de antecedentes se inscribe el juez Juan Carlos Peinado quien, en un caso bajo su conocimiento, ha acordado abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La decisión, luego de dos años de investigación, imputa cuatro posibles delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida— apoyándose en hechos que el propio análisis califica como objetivos y comprobables.
Corresponderá a la Audiencia Provincial y, en su caso, al jurado popular, determinar si esos indicios bastan para una condena, y será en los recursos y en el juicio donde deba discutirse la corrección jurídica de la instrucción, no en la arena de las descalificaciones y linchamientos políticos, como en efecto ha sucedido con las reacciones de altos cargos que han traspasado la legítima crítica para internarse en el terreno del ataque institucional, sugiriendo motivaciones espurias o presentando al juez casi como un adversario político, buscando deslegitimar el ejercicio de la función jurisdicción.
Ese tipo de discursos pareciera que no buscan esclarecer el caso, sino enviar un mensaje disciplinador al conjunto de jueces: quien ose tocar al entorno del poder será señalado y desautorizado públicamente. Es el mismo patrón observado en otros países: primero se desacredita al juez incómodo; después se reforma la ley para controlar los nombramientos; finalmente, se coloniza el órgano de gobierno judicial.
En fin, cuando bajo la apariencia de legalidad y una retórica de respeto institucional se formulan ataques indiscriminados contra el Poder Judicial y los jueces, sobre todo cuando provienen de personajes que integran o forman parte de los otros Poderes Públicos, el riesgo es que el Estado de derecho paulatinamente quede reducido a una fachada, mientras la justicia independiente —esa que es “el aliento de vida” de los tribunales— se asfixia lentamente.
Carlos Sarmiento Sosa
