La muerte de Carmen Teresa Navas no es solo una noticia dolorosa: es también un testimonio real —y ahora póstumo— de una de las dimensiones más crueles de los regímenes autoritarios: el sufrimiento prolongado de las familias de las víctimas.
Murió buscando justicia. Murió cargando la ausencia irreparable de su hijo, Víctor Hugo Quero, fallecido bajo custodia del Estado. Murió, además, atravesada por una angustia que ninguna madre debería experimentar: la incertidumbre, la impotencia y la búsqueda incansable de respuestas en un sistema que, lejos de proteger, ha sido denunciado, desde sus inicios, por violar los derechos fundamentales.
Las dictaduras no solo encarcelan seres humanos; también desgarran vínculos, erosionan la dignidad humana y convierten el dolor en una herramienta de control. En este caso, la tragedia no se limita a la muerte de un detenido. Se extiende al trato dispensado a su madre, quien durante meses enfrentó obstáculos, silencio institucional y la negación de su derecho a la verdad.
Desde la perspectiva del derecho internacional, estos hechos no son solamente reprochables desde la moral pues son jurídicamente relevantes. En efecto, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad, a acceder a la justicia y a obtener reparación integral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en el caso Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador: el sufrimiento de los familiares constituye en sí mismo una violación autónoma cuando el Estado no investiga, no sanciona o no informa adecuadamente sobre lo ocurrido.
En la Constitución de 1999 se consagra el derecho a la vida, a la integridad personal y al acceso a la justicia, así como la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos; y la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes refuerza esos mandatos. Sin embargo, la distancia entre la norma y la realidad sigue siendo abismal, como revela el caso de Carmen Navas al hacer pública una forma de victimización indirecta, pero profundamente lesiva: la de quienes, sin haber sido detenidos, son atrapados en la maléfica maquinaria del sufrimiento institucional. Madres, padres, hijos que recorren cárceles, tribunales y oficinas públicas en busca de respuestas que nunca llegan. Esa omisión, que ha convertido en letra muerta las disposiciones legales, también compromete la responsabilidad del Estado.
Y esa deuda, en el futuro inmediato, tendrá que ser saldada. Como lo hizo la República Civil cuando, en situaciones lamentables de desaparición y muerte de detenidos políticos, se abrieron las averiguaciones pertinentes, los presuntos responsables fueron separados de sus cargos y los culpables enjuiciados y condenados en procesos judiciales objetivamente imparciales, dentro de los que se puede recordar el siempre censurado caso del dirigente político Jorge Rodríguez, secretario general de la Liga Socialista, asesinado en julio de 1976 bajo custodia de la Disip, a consecuencia de las lesiones ocasionadas por funcionarios de ese cuerpo. Sin dudas y sin abandonar las ideas por una mejor justicia, un Poder Judicial deficiente es preferible a una justicia administrada por Mujiquitas al servicio de unos opresores.
Precisamente por ello, hoy la exigencia no puede ser menor: no se trata solo de castigar a algunos responsables, como diligentemente actuó el Poder Judicial de la democracia, sino de garantizar verdad completa, justicia efectiva y reparación integral para todas las víctimas.
La muerte de Carmen Navas no debería cerrarse con notas o pronunciamientos de pesar ni con silencio. Debería abrir, por el contrario, un espacio de reflexión y exigencia. Venezuela requiere, como lo he venido sosteniendo, de un proceso serio de justicia transicional que permita esclarecer innumerables hechos, identificar responsabilidades y reparar integralmente a las víctimas.
La reparación no es solo económica. Implica reconocimiento público, garantías de no repetición, acceso a la verdad y, sobre todo, justicia. Que historias como la de Carmen Navas no queden reducidas a una nota de última hora, sino que formen parte de una memoria colectiva que impulse cambios estructurales hacia una democracia producto de elecciones libres y competitivas.
Hoy no sólo se llora por Carmen Navas sino también por otras tantas madres que, valientemente, han enfrentado la desaparición, la detención arbitraria, el silencio institucional y la negación sistemática de información sobre sus hijos, en un escenario en el que la burocracia de la crueldad y la mentira como politica de Estado han sido elevadas a instrumentos de poder dictatorial.
Carlos Sarmiento Sosa
