a reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aprobada en primera discusión el 27 de agosto por la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez amplía a 23 los integrantes del comité de postulaciones judiciales, con 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados. Para el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, ese diseño no cumple con lo que ordena la Constitución.
Apitz detalló el mecanismo aprobado: los 12 representantes civiles serán seleccionados por un comité preliminar designado por la directiva de la Asamblea Nacional, y solo después se integrarán junto a los 11 diputados en el comité de postulaciones definitivo. Es decir, el acceso al órgano que la Constitución quiso dotar de representación social plural queda administrado por el Parlamento.
El jurista dijo que no prevé modificaciones sustanciales en la segunda discusión. “Yo estimo que será como en los próximos 15 días que se va a producir la aprobación en segunda discusión de la reforma del artículo 65 de la ley”, señaló, y atribuyó el contenido del texto a un entendimiento entre las dos asambleas: “creo que es parte de un acuerdo político que hay entre la asamblea 2015 y la asamblea que preside Jorge Rodríguez”.
“La desconfianza es una buena compañera de viaje”
Consultado sobre las declaraciones de Rodríguez, quien aseguró que serán los diputados de la Asamblea instalada el 5 de enero de 2026 los que escojan a los 32 magistrados, Apitz pidió no medir el proceso por los discursos. “Después del 3 de enero, yo te sugiero que no le hagas tanto caso a lo que dicen, sino a lo que hacen”, respondió. Y agregó: “aquí está claro que este proceso lo está tutelando el gobierno norteamericano”.
El decano reconoció que el riesgo de captura política persiste y planteó la desconfianza ciudadana como una herramienta de control. “La desconfianza es una buena compañera de viaje para este proceso de selección de magistrados”, dijo. “Es bueno que haya desconfianza, porque además, por lo que ha pasado antes, uno no puede estar aquí con ingenuidades o con confianza sin ningún fundamento”.
Su principal advertencia apunta a la composición real del bloque civil. “Lo primero que tenemos que garantizar es que los representantes de la sociedad civil sean verdaderos representantes de la sociedad civil”, sostuvo, y enumeró a las facultades de derecho de universidades públicas y privadas, los colegios de abogados, la Federación de Colegios de Abogados y las ONG de derechos humanos y administración de justicia. “No como ha pasado antes, donde ha habido distorsiones, manipulaciones para hacer ver que ahí hay representantes de la sociedad civil, y lo que son sencillamente amiguitos del gobierno que se disfrazan de sociedad civil”.
Baremo, impugnaciones y un comité de notables
El decano explicó que el procedimiento previsto contempla una convocatoria pública con un lapso para consignar currículos y soportes ante la Asamblea Nacional. Precisó que la convocatoria anterior, que había recibido más de 500 postulaciones, quedó sin efecto: quienes se inscribieron deberán volver a hacerlo.
La evaluación se haría con un baremo cuyo contenido, dijo, debe discutirse y aprobarse antes de iniciar el proceso. Sobre los requisitos, remitió al artículo 263 constitucional y sus tres vías de postulación: antecedentes de desempeño judicial, más de 15 años de ejercicio profesional con estudios de posgrado, o trayectoria académica de más de 15 años con publicaciones y rango universitario.
Apitz insistió en que la revisión no puede limitarse al expediente técnico. “También tenemos que ver la honorabilidad personal de las personas que se postulan”, afirmó, e incluyó como criterios la militancia partidista previa y las denuncias por irregularidades en el ejercicio profesional.
Indicó además que le han informado sobre la creación de un comité de notables encargado de revisar si la evaluación de las hojas de vida se hizo conforme al baremo, antes de que el expediente llegue a la plenaria. También afirmó que percibe “un intenso interés del gobierno norteamericano en esta selección del nuevo Tribunal Supremo de Justicia”.
Los tiempos y el precedente de la amnistía
Según su estimación, la designación y juramentación de los magistrados debería estar lista en noviembre, y la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral en diciembre, esto último con base en lo que ha escuchado y no en un documento oficial. La juramentación, recordó, corresponderá a la Asamblea que preside Jorge Rodríguez.
Consultado sobre el precedente inmediato, Apitz fue categórico con la ley de amnistía. “Si algo tengo claro es que la ley y su aplicación fue un fracaso”, dijo. Sostuvo que los presos políticos excarcelados no obtuvieron la libertad por la aplicación de la norma, sino por concesiones judiciales ordenadas desde el Ejecutivo, y calificó de discriminatoria su aplicación. Como ejemplo citó el caso del abogado Perkins Rocha.
Sobre el tribunal que se pretende renovar, recordó su historial: “este Tribunal Supremo de Justicia es el mismo que ha perseguido ciudadanos, que ha encarcelado ciudadanos, que se robó las elecciones, que ha extorsionado a una gran cantidad de venezolanos, y esa es la razón por la cual nadie tiene confianza en él ni en el resto del Poder Judicial”.
Preguntado sobre si aspiraría a integrar el comité de postulaciones, respondió que primero hay que evaluar si existen condiciones para esa postulación, y llamó a los académicos de la UCV, LUZ, ULA, la UCAB y la Universidad de Carabobo que cumplan los requisitos del artículo 263 a participar.