Washington puede normalizar el poder, pero solo los venezolanos pueden legitimarlo
En política internacional existe una diferencia fundamental entre el poder que funciona y el poder que es legítimo. Las grandes potencias, obligadas por las circunstancias, negocian frecuentemente con el primero mientras esperan —o posponen— la aparición del segundo. Venezuela está entrando precisamente en ese territorio ambiguo.
La eventual participación de Delcy Rodríguez en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas debe entenderse desde esa perspectiva. Su importancia no radicaría principalmente en lo que diga desde el podio. Importará cómo sea acreditada, quién la reciba, con quién mantenga reuniones bilaterales y, especialmente, con quién sea fotografiada.
Nicolás Maduro necesitaba el micrófono. Delcy Rodríguez necesita la fotografía.
La diferencia resume la transformación estratégica que atraviesa Venezuela. Maduro utilizaba los foros internacionales para representar resistencia: denunciaba a Estados Unidos y buscaba identificación política con China, Rusia e Irán. Rodríguez necesita proyectar algo diferente: estabilidad, reconstrucción, petróleo e interlocución. No necesita todavía convencer al mundo de que posee legitimidad democrática. Le basta con convencerlo de que es indispensable para la estabilización.
La normalización como estrategia
Toda transición política produce una competencia entre legitimidad y control. En Venezuela ambas se encuentran separadas.
Las fuerzas democráticas reivindican la legitimidad derivada de la voluntad electoral expresada en 2024. Rodríguez, en cambio, dispone de instrumentos del Estado y de capacidad para negociar con actores internacionales. Washington posee una tercera forma de poder: capacidad económica, diplomática y estratégica para determinar buena parte del ritmo de la transición.
De allí surge una estructura política peculiar.
Estados Unidos puede contribuir a normalizar a Rodríguez. Puede negociar petróleo con Caracas, recibir representantes venezolanos y reconocerla como interlocutora. Incluso una reunión durante la Asamblea General de la ONU podría proyectar internacionalmente la imagen de una nueva etapa, pero normalización no significa legitimación.
La legitimidad democrática no puede concederse desde Washington ni adquirirse mediante contratos petroleros. Tampoco puede producirla una fotografía en Nueva York. Solo puede surgir del voto.
Esta distinción será determinante porque Rodríguez enfrenta un dilema. Cuanto mayor sea su aceptación internacional, menor podría parecer la urgencia de resolver la anomalía democrática venezolana. Su intención es transformar una situación provisional en una estabilidad suficientemente funcional como para que la Casa Blanca prefiera administrarla antes que alterarla.
El tiempo, por tanto, constituye poder.
Los tres relojes
Venezuela está sometida simultáneamente a tres calendarios.
El primero es estadounidense. Washington observa Venezuela desde sus propios intereses: energía, minerales estratégicos, migración, seguridad hemisférica y competencia con China. A estos factores se añade el calendario político interno de Estados Unidos.
El segundo reloj pertenece a Rodríguez. Su recurso más valioso es prolongar la transición. Cada acuerdo firmado, cada inversión comprometida y cada gobierno dispuesto a tratarla como interlocutora aumenta el costo de sustituir el orden existente.
El tercer reloj pertenece a las fuerzas democráticas venezolanas. Para ellas ocurre exactamente lo contrario: cuanto más tiempo transcurra sin cronograma electoral, mayor será el peligro de que la estabilización termine sustituyendo a la democratización.
Aquí reside la contradicción fundamental.
Washington necesita que Venezuela funcione. Rodríguez necesita demostrar que puede hacerla funcionar. Los demócratas necesitan demostrar que funcionamiento sin legitimidad no constituye una solución permanente.
El petróleo cambia los incentivos
La energía introduce una dimensión todavía más compleja.
Cuando empresas internacionales comprometen miles de millones de dólares en proyectos de largo plazo, dejan de ser simples observadores de una transición. Se convierten en actores interesados en la estabilidad.
El peligro no consiste necesariamente en una conspiración contra la democracia. Es más sencillo y, precisamente por ello, más poderoso: los incentivos económicos pueden comenzar a favorecer el statu quo.
Una administración estadounidense futura podría modificar la retórica hacia Caracas. Pero resultará mucho más difícil alterar una estructura donde compañías estadounidenses, cadenas de suministro, infraestructura energética y objetivos de seguridad nacional hayan quedado vinculados a la estabilidad venezolana.
Lo provisional puede institucionalizarse sin que nadie declare formalmente que desea hacerlo.
Ese es el verdadero riesgo del Estado tutelado: no que se proclame como sistema definitivo, sino que cada actor encuentre razones suficientes para aplazar su terminación.
El dilema de María Corina Machado
María Corina Machado representa el argumento contrario. Su tesis política puede resumirse así: la estabilidad duradera requiere legitimidad.
Por eso, una eventual normalización internacional de Rodríguez constituye un desafío mayor para las fuerzas democráticas que cualquier discurso chavista tradicional. Un gobierno aislado es vulnerable. Un gobierno considerado útil puede sobrevivir mucho más tiempo, pero la oposición enfrenta también su propio dilema.
Convertir el regreso de Machado en condición previa para la movilización ciudadana reproduce una debilidad histórica venezolana: transferir hacia un dirigente —o hacia una potencia extranjera— la responsabilidad de producir el desenlace político.
Durante un cuarto de siglo, Venezuela ha atravesado ciclos sucesivos de esperanza, fracaso y búsqueda de culpables. En diferentes momentos, la expectativa descansó sobre militares, dirigentes opositores, gobiernos extranjeros o figuras capaces de producir el cambio definitivo.
Cuando el resultado esperado no llegó, apareció la palabra “traición”.
Esa interpretación puede ser emocionalmente comprensible, pero estratégicamente resulta insuficiente. Los Estados no traicionan los intereses de otros países cuando defienden los propios. Estados Unidos actúa según los intereses de Estados Unidos. China hace lo mismo. También lo hacen las compañías petroleras.
La cuestión decisiva es qué hacen los venezolanos.
Del Estado tutelado al Estado democrático
Las elecciones, sin embargo, tampoco deben convertirse en un fetiche.
Una democracia necesita algo más que urnas: requiere un poder judicial independiente, autoridad electoral creíble, libertades políticas, libertad de expresión y garantías suficientes para que quienes pierdan una elección acepten el resultado.
Por ello, reconstruir el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral forma parte de la transición. Pero la necesidad de reconstrucción institucional no puede convertirse en argumento para un calendario ilimitado.
Toda transición necesita un horizonte. Sin fecha, la provisionalidad beneficia inevitablemente a quien controla el presente.
La prioridad estratégica de las fuerzas democráticas debería ser, por tanto, transformar la exigencia electoral en una demanda nacional permanente: instituciones, garantías y un cronograma verificable que conduzca a elecciones presidenciales.
La última fuente de poder
La posible aparición de Delcy Rodríguez en Nueva York podría producir imágenes históricas. Quizá consiga reuniones que hace pocos meses habrían parecido imposibles. Puede obtener reconocimiento como interlocutora y presentar a Venezuela como un país que comienza a reincorporarse al sistema internacional.
Todo ello sería políticamente significativo, pero no resolvería la cuestión esencial.
El petróleo puede comprar influencia. Washington puede proporcionar normalización. La ONU puede ofrecer protocolo. Las inversiones pueden proporcionar estabilidad. Ninguno de esos instrumentos puede otorgar legitimidad democrática. Ese poder se encuentra en otro lugar.
La gran hazaña política venezolana de los últimos años no fue una negociación internacional, sino la capacidad ciudadana de organizarse alrededor del voto y documentar su voluntad electoral. El desafío pendiente consiste en transformar aquella capacidad en instituciones capaces de sostenerla.
Por eso la verdadera pregunta de Venezuela ya no debería ser quién vendrá a salvarla, sino quién controla el reloj de la transición.
Delcy Rodríguez apuesta al tiempo. La Casa Blanca apuesta a la estabilidad. Las fuerzas democráticas necesitan apostar a una fecha. Porque una transición sin calendario puede terminar convirtiéndose simplemente en otro nombre para el statu quo.
