El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) puso bajo la lupa este miércoles 26 de agosto el anuncio del gobierno sobre la eliminación de las alcabalas policiales y militares en zonas urbanas, al advertir que la medida podría quedarse en una promesa más si no se enfrenta la corrupción y los abusos cometidos en estos puntos de control.
En ese sentido, la ONG advirtió que “aunque la eliminación de las alcabalas urbanas sea una medida positiva en el papel, el simple anuncio no desmantela el entramado de corrupción ni las prácticas arbitrarias”. Para Provea, el verdadero desafío estará en comprobar si el cambio modifica las prácticas de los cuerpos de seguridad y no únicamente la forma en que realizan los controles.
La organización también puso el foco fuera de las principales ciudades. “Insistimos en que sin una reforma estructural profunda, estos puntos de control podrían simplemente migrar a espacios más discretos, manteniendo la lógica extorsiva”, señaló Provea, que cuestionó qué ocurrirá con los dispositivos instalados en sectores rurales y alejados de los centros urbanos.
Además, Provea recordó que la experiencia de los últimos años obliga a mirar el anuncio con cautela. La ONG señaló que en 2013 el Plan Patria Segura impulsó la militarización de la seguridad ciudadana y multiplicó los puntos de control en el territorio nacional, en un contexto que posteriormente quedó marcado por denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos.
La organización también documentó afectaciones en zonas fronterizas. En el estado Zulia, por ejemplo, señaló que habitantes de La Guajira deben atravesar al menos 12 alcabalas entre Maracaibo y Paraguaipoa, mientras que comunidades Wayúu y Añú han denunciado durante años problemas vinculados con el libre tránsito y presuntas prácticas extorsivas.
Finalmente, Provea sostuvo que convertir el anuncio en una política efectiva requerirá depuración de los cuerpos policiales, capacitación, mejores sistemas de inteligencia y mecanismos que permitan investigar y sancionar a funcionarios señalados por abusos. “La simple derogación de un formato no garantiza el fin del delito si los mecanismos de denuncia y sanción permanecen débiles”, concluyó la organización.