El abogado penalista y experto en seguridad ciudadana sostuvo que los puestos fijos perdieron su efectividad operativa frente al patrullaje y enfatizó que la medida será insuficiente sin un saneamiento institucional.
La decisión de eliminar las alcabalas policiales y militares en las zonas urbanas del país responde a una demanda sostenida de la ciudadanía frente a las continuas irregularidades cometidas en estos puntos de control, afirmó el abogado penalista y especialista en seguridad ciudadana, Luis Izquiel.
Durante una entrevista concedida al Circuito Éxitos, el jurista explicó que la mayoría de estos dispositivos de seguridad venían incumpliendo de manera sistemática la normativa legal vigente, la cual exige una rigurosa identificación de los funcionarios, señalización visible a distancia y protocolos claros de abordaje al ciudadano.
«Buena parte de las alcabalas se convirtieron en centros de extorsión y matrícula para los conductores», aseveró el especialista, señalando que el uso de estos puntos fijos distó de responder a una estrategia técnica contra la criminalidad, transformándose en focos de matraqueo y vulneración de derechos.
Patrullaje vs. Puestos fijos
Izquiel argumentó que la efectividad técnica de los puntos de control fijos en áreas urbanas ha quedado obsoleta en la gerencia moderna de la seguridad pública. A su juicio, la prevención del delito en las ciudades requiere transitar hacia modelos de patrullaje inteligente, patrullaje móvil y despliegues apoyados en tecnología e inteligencia, en lugar de mantener estructuras estáticas que entorpecen el libre tránsito y facilitan el abuso de poder.
Saneamiento policial e impunidad
No obstante, el especialista advirtió que la simple derogación o retiro de las estructuras físicas no erradicará el problema de raíz si la medida no viene acompañada de una depuración profunda en los cuerpos de seguridad del Estado.
Izquiel enfatizó la necesidad de activar mecanismos eficientes de supervisión interna, régimen disciplinario y sanción penal para los funcionarios que incurran en delitos de extorsión o abuso de autoridad. Sin una reforma institucional que ataque la impunidad y profesionalice a las fuerzas policiales, existe el riesgo de que las prácticas irregulares migren a otras modalidades de abordaje en la vía pública.
Por Mundo UR