A un mes del inicio de la Mesa de Diálogo, encabezada por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, un informe del centro de investigación Laboratorio de Paz (LabPaz) recomienda cautela ante el momento político venezolano. La organización sostiene que toda oportunidad para recuperar la vigencia de la Constitución y avanzar hacia la reinstitucionalización democrática debe ser aprovechada, pero advierte que ningún proceso de cambio puede blindarse del debate público. A su juicio, una sociedad democrática no se construye suspendiendo la deliberación hasta conocer el resultado final.
El informe plantea que el escrutinio social, la organización ciudadana y la capacidad de advertir riesgos son condiciones indispensables para que la apertura no derive en un camino distinto al esperado. La pregunta central, según LabPaz, no es solo si Venezuela atraviesa una transición, sino quién decide, bajo qué reglas, con qué controles y hacia dónde conducen las reformas anunciadas.
Advertencia de Carothers
LabPaz llama la atención sobre la crítica de Thomas Carothers en «El fin del paradigma de la transición” (“The End of the Transition Paradigm”) en 2002, sobre la llamada “tercera ola” democrática. Carothers advirtió que un país puede comenzar a salir del autoritarismo sin estar necesariamente transitando hacia la democracia. Entre ambos extremos, señaló, existe una amplia “zona gris” donde pueden convivir apertura política, elecciones, pluralismo, instituciones débiles y concentración del poder.
Durante el primer ciclo de conversaciones, realizado entre el 6 y el 12 de agosto, se anunciaron dos acuerdos públicos: avanzar en la renovación total de los magistrados del TSJ y promover de forma conjunta la recuperación de activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra, con el objetivo de atender las consecuencias del terremoto y otras necesidades sociales.
Sin embargo, Laboratorio de Paz subraya que siguen abiertos asuntos decisivos: la renovación del CNE, las garantías efectivas para los derechos políticos y civiles, y la definición de condiciones y calendario electoral. También observa que la liberación plena de las personas detenidas por motivos políticos no ha sido incorporada como exigencia central de la Mesa.
Aunque el proceso abrió canales de consulta con algunos sectores sociales, las sesiones centrales de negociación se han realizado con acceso restringido y la información pública sobre sus deliberaciones continúa siendo limitada.
Apertura y no democracia<b> </b>
El informe insiste en que el conflicto venezolano no comenzó el 3 de enero. El antecedente inmediato se encuentra en la elección presidencial del 28 de julio de 2026 y en la imposibilidad de que el régimen demostrara, mediante resultados desagregados y verificables, la victoria atribuida a Nicolás Maduro.
La represión de las protestas y la persecución contra actores políticos y sociales profundizaron el conflicto de legitimidad. La captura y extracción de Maduro por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero modificó el escenario, pero no resolvió ese problema de fondo.
Delcy Rodríguez ejerce actualmente el poder sin haber sido elegida para la Presidencia, una situación cuya legitimidad se agravó tras agotarse el plazo constitucional de 180 días para un gobierno provisional o interino. En paralelo, la tutela de Estados Unidos incide sobre decisiones políticas, económicas e institucionales mediante incentivos, presiones y acuerdos entre ambos gobiernos.
LabPaz pide no analizar la Venezuela actual como si nada hubiera cambiado. Reconoce señales de apertura: excarcelaciones, mayores espacios para determinadas expresiones críticas y nuevas posibilidades de interlocución antes cerradas. Pero advierte que apertura no es lo mismo que liberalización, y liberalización no significa necesariamente democratización.
Una sociedad puede recuperar espacios de expresión, organización y negociación sin que existan cambios estructurales que permitan una competencia democrática efectiva. De allí que el tiempo, aunque puede ser una variable razonable para analizar una transición, se vuelve problemático cuando se utiliza como argumento para suspender el escrutinio público.
Los dos riesgos
El informe toma de Carothers dos patrones frecuentes en países que abandonan parcialmente el autoritarismo sin consolidar democracias funcionales. El primero es el “pluralismo ineficaz”: distintas fuerzas políticas compiten e incluso pueden alternarse en el poder, pero las instituciones siguen siendo débiles, las élites permanecen desconectadas de la ciudadanía y el sistema responde mal a las demandas sociales.
La alerta, sostiene LabPaz, es pertinente frente a la posible renovación del TSJ y del CNE. Una composición más plural no garantiza por sí sola independencia judicial ni imparcialidad electoral. El estándar democrático debería medirse por la idoneidad de los designados, la transparencia de los procedimientos, la rendición de cuentas y la capacidad de las instituciones para actuar incluso contra los intereses de quienes participaron en su nombramiento.
El segundo patrón es la “política del poder dominante”. En ese escenario, existen espacios para la oposición, funcionan algunas instituciones formalmente democráticas y pueden celebrarse elecciones, pero una fuerza política conserva una ventaja estructural que reduce de manera significativa la posibilidad real de alternancia.
Ese modelo borra progresivamente la frontera entre Estado y fuerza gobernante: “recursos públicos, medios estatales, burocracia, justicia y capacidades coercitivas terminan funcionando en beneficio de quienes controlan el poder”.
Presos políticos y tutela
Las nuevas excarcelaciones tienen una enorme importancia para las personas beneficiadas y sus familias, pero LabPaz recuerda que la privación arbitraria de libertad sigue siendo una violación de derechos humanos que genera obligaciones para el Estado. Si las causas judiciales continúan abiertas, persiste un mensaje contrario a la participación ciudadana.
Frente a los argumentos de representantes opositores sobre la ausencia del tema en la agenda, el informe es tajante: “la liberación de una persona detenida arbitrariamente no es una concesión política, sino una obligación estatal. Reclamarla no convierte a la víctima en instrumento de negociación”.
El documento también advierte sobre la influencia de Estados Unidos. Después de años de cierre institucional y represión, que un actor externo con capacidad de presión obtenga resultados que los actores nacionales no habían logrado puede percibirse como una oportunidad. Pero también “puede generar un efecto no deseado: la delegación progresiva de la iniciativa política y una tutela que derive en autocontención”.
Por eso, Laboratorio de Paz propone mirar el proceso con una doble perspectiva: reconocer los cambios sin confundirlos con democratización plena, y aprovechar los espacios abiertos sin renunciar a la exigencia de reglas, controles y garantías.
Ante exigir mayor participación de la sociedad LabPaz considera que “después de años de represión, migración, fragmentación, empobrecimiento y cierre del espacio cívico, la apertura encuentra una sociedad debilitada en sus capacidades de acción colectiva”. Propone trabajar simultáneamente en cuatro dimensiones que se retroalimenten: recuperar confianza, reconstruir músculo organizativo, construir una agenda propia e incidir antes de que la transición quede atrapada en una nueva zona gris.
Por infobae.com