Hay momentos en la historia de los países en que una cifra deja de ser una cifra y se convierte en destino. Para Venezuela, esa cifra podría ser ahora 65.000 millones de barriles de petróleo.
El acuerdo anunciado por la Administración de Donald Trump parece, contemplado desde Washington, una obra maestra. Estados Unidos obtiene acceso estratégico a una gigantesca reserva de petróleo situada a pocas jornadas marítimas de sus refinerías, reduce su vulnerabilidad frente al golfo Pérsico, desplaza de algunos activos venezolanos a rusos y chinos, incorpora capital estadounidense a la recuperación de una industria devastada y, además, asegura condiciones privilegiadas para adquirir parte de la producción.
Difícilmente podría imaginarse un acuerdo más favorable para una potencia.
La pregunta incómoda es otra: ¿lo es también para los venezolanos?
Conviene formularla así porque durante demasiado tiempo Venezuela ha cometido el error de confundir la riqueza de su subsuelo con la prosperidad de sus ciudadanos. Poseer petróleo no hizo rico al venezolano, hizo rico al Estado y un Estado inmensamente rico, en una sociedad institucionalmente débil, terminó siendo una formidable máquina de clientelismo, corrupción y dominación.
Ahora podría comenzar otro experimento.
Esta vez no sería la nacionalización revolucionaria ni la soberanía petrolera, sino una gigantesca apertura hacia Estados Unidos bajo consideraciones explícitas de seguridad nacional.
El nuevo mapa
El acuerdo es impactante por su dimensión. Según sus términos anunciados, North American Blue Energy Partners recibiría concesiones sobre 17 campos durante 100 años, vinculadas a unos 65.000 millones de barriles de reservas, pero las cifras verdaderamente importantes son otras.
Washington obtendría una participación económica significativa en la estructura empresarial, derechos de gobernanza y acceso privilegiado a la producción. Parte del petróleo podría adquirirse a costo de producción y utilizarse para reforzar las reservas estratégicas de petróleo estadounidenses. El resto quedaría sometido a derechos preferenciales de compra.
Esto convierte al petróleo venezolano en algo diferente. Ya no sería solamente una mercancía. Sería un instrumento de seguridad nacional. La diferencia es enorme.
Durante décadas, Venezuela observó el petróleo desde Caracas: cuánto producir, cuánto exportar, cuánto ingresar al presupuesto. Estados Unidos lo contempla ahora desde un mapa mucho mayor donde aparecen Irán, Rusia, China, el estrecho de Ormuz, las reservas estratégicas, las refinerías del golfo de México y las necesidades industriales y militares de una superpotencia.
En ese mapa Venezuela ocupa una posición privilegiada. Está cerca, tiene petróleo pesado, posee reservas extraordinarias y se encuentra dentro del hemisferio que Washington vuelve a considerar su espacio estratégico primordial.
China y Rusia entienden perfectamente
Sería ingenuo interpretar el acuerdo exclusivamente mediante balances empresariales. Washington está reconstruyendo posiciones.
Durante los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela abrió espacios extraordinarios a China, Rusia, Irán y Cuba. Pekín ofrecía dinero. Moscú proporcionaba respaldo político y militar. La Habana aportaba inteligencia y capacidad de penetración institucional.
Estados Unidos contempla ahora las consecuencias de aquella retirada. La respuesta no consiste necesariamente en sustituir soldados rusos por soldados estadounidenses. Hay formas bastante más sofisticadas de ejercer poder.
Capital.
Tecnología.
Contratos.
Auditores.
Bancos.
Refinerías.
Tribunales.
Compradores.
Si una potencia controla suficientes nodos de una red, no necesita poseer formalmente toda la red.
Esa podría ser la verdadera innovación del gran acuerdo venezolano.
Washington no necesita administrar Pdvsa ni gobernar Venezuela. Le basta con construir un ecosistema donde las decisiones esenciales sobre financiamiento, producción, tecnología, comercialización y seguridad graviten hacia Estados Unidos.
Es una estrategia menos espectacular que una ocupación militar y probablemente mucho más eficaz.
El petróleo como seguro
Hay además una explicación que nada tiene que ver con Venezuela. Estados Unidos está preparándose para un nuevo orden mundial.
Imaginemos durante unos minutos un conflicto que cierre parcialmente el estrecho de Ormuz. Una interrupción prolongada del suministro de Medio Oriente. Otra crisis con Rusia. Una confrontación con China. Un nuevo shock petrolero.
En cualquiera de esos escenarios, millones de barriles disponibles en Venezuela adquieren un valor muy superior al que indicarían las cotizaciones de una jornada cualquiera.
El petróleo venezolano funciona entonces como un seguro y los seguros parecen caros hasta el día del accidente.
De ahí que Washington pueda estar dispuesto a pensar en horizontes de 50 o 100 años. La seguridad energética ha regresado al centro de la geopolítica después de una época en que muchos creyeron que la transición energética convertiría rápidamente al petróleo en una reliquia.
La historia, como suele ocurrir, resultó menos obediente.
La paradoja de la reconstrucción
Nada de esto significa que el acuerdo sea necesariamente malo para Venezuela.
Al contrario. Después de años de saqueo, desinversión, incompetencia y destrucción institucional, la industria petrolera necesita cantidades gigantescas de capital. El acuerdo habla de hasta 100.000 millones de dólares.
Venezuela necesita también tecnología, equipos, servicios especializados, infraestructura eléctrica, oleoductos, terminales y trabajadores capacitados.
Si esas inversiones llegan, la producción puede aumentar. Si aumenta la producción, aumentarán también los ingresos fiscales. El acuerdo proyecta alrededor de 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías durante sus primeros 25 años.
Carreteras, hospitales, escuelas, electricidad y reconstrucción pueden financiarse con esa riqueza. Pero aquí comienza el problema. Una economía puede recuperarse antes que una democracia y una dictadura puede aprender perfectamente a convivir con el capitalismo.
La historia ofrece demasiados ejemplos para conservar inocencia sobre este asunto.
El peligro de la prosperidad tutelada
La estrategia estadounidense parece seguir una secuencia razonable: estabilizar, reconstruir y democratizar.
El problema está en la última palabra.
¿Qué ocurre si las primeras dos funcionan extraordinariamente bien?
Supongamos que Venezuela comienza a producir mucho más petróleo. Regresa la inversión. Mejoran los servicios. Se estabiliza la moneda. Aumenta el empleo. Washington obtiene seguridad energética. China y Rusia pierden influencia. Disminuye la emigración.
Para Estados Unidos, buena parte del problema venezolano estaría resuelto. Pero ¿y si todavía no existen instituciones plenamente independientes, elecciones realmente competitivas, separación de poderes y garantías suficientes para que los venezolanos puedan cambiar pacíficamente a sus gobernantes?
Tendríamos entonces una Venezuela más rica y estable, pero no necesariamente más libre.
Ese es el verdadero riesgo del acuerdo.
No la colonización tradicional que algunos denunciarán inevitablemente. El peligro es más sutil: una prosperidad tutelada, suficientemente exitosa para hacer tolerable una transición permanentemente inconclusa.
El tablero venezolano
Washington parece estar jugando una partida de posiciones.
El petróleo es una posición. La banca, otra. La reconstrucción institucional, otra. Las refinerías estadounidenses, otra. Los contratos, otra. La justicia y la supervisión financiera también.
Ninguna controla por sí misma el país. Juntas pueden modificar radicalmente su orientación.
Para Estados Unidos, semejante arquitectura tiene lógica. Una potencia responsable protege sus intereses. Sería absurdo exigirle que no lo hiciera.
La responsabilidad venezolana es diferente.
Consiste en conseguir que la inevitable relación asimétrica con Estados Unidos termine produciendo instituciones capaces de hacer innecesaria la tutela estadounidense.
Porque una tutela puede ser infinitamente preferible a una tiranía, pero continúa siendo una tutela.
La verdadera reconstrucción venezolana no llegará cuando el país vuelva a producir tres millones de barriles diarios. Tampoco cuando regresen las grandes compañías petroleras o cuando las refinerías de Texas reciban nuevamente un flujo continuo de crudo venezolano.
Llegará cuando ningún venezolano necesite preguntarse qué piensa Washington para saber quién gobernará Caracas.
El verdadero acuerdo
Por eso los 65.000 millones de barriles son impresionantes pero secundarios.
La riqueza decisiva que Venezuela debe reconstruir no está bajo tierra.
Está en sus instituciones.
El petróleo puede financiar escuelas, carreteras y hospitales. Puede atraer inversiones. Puede devolver empleos. Puede reconstruir ciudades. Puede incluso proporcionar a Estados Unidos una formidable reserva estratégica en un siglo incierto. Pero no puede fabricar ciudadanos libres.
Eso exige leyes, instituciones, elecciones, propiedad, justicia independiente y límites al poder.
El éxito del acuerdo no debería medirse solamente por cuántos barriles adicionales salen de Venezuela, cuánto recibe el fisco o cuánto petróleo barato llega a Estados Unidos. Debería medirse por algo bastante más difícil.
Si dentro de algunos años Venezuela produce millones de barriles adicionales y continúa necesitando un tutor extranjero para garantizar sus reglas, habremos modernizado el petróleo pero no el país.
Si, en cambio, esa riqueza permite construir instituciones que hagan innecesaria la tutela, Venezuela habrá conseguido algo mucho más importante que recuperar su industria petrolera.
Habrá recuperado su soberanía, porque la pregunta definitiva no es quién controlará los 65.000 millones de barriles, es quién controlará el poder que esos barriles vuelven a crear.
