No dudo que, al igual que dice hacerlo el presidente Nicolás Maduro, las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral duerman como unas bebecitas. A pierna suelta. Tranquilas. Imperturbables.
Pero lo cierto es que son ellas, intuito persona, las primerísimas y más grandes responsables de la grave tragedia que estamos viviendo en las calles venezolanas.
Son Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D’Amelio y Socorro Hernández quienes, teniendo la responsabilidad constitucional de convocar, organizar y ejecutar los procesos electorales en el país, han incumplido sus obligaciones y bloqueado la salida a la crisis por la que atraviesa la república en esta sangrienta, dolorosa y fatídica hora nacional. Excluyo expresamente al rector Luis Emilio Rondón porque existe suficiente testimonio documental para asegurar que ha exigido y aportado su concurso para que el organismo honre sus deberes constitucionales y legales, pero ha sido triturado por la aplanadora roja rojita en las decisiones del cuerpo rectoral.
Así ocurrió el año pasado con la solicitud de referendo revocatorio presentada por la oposición con muchísimas más firmas de las necesarias (por cierto, la mía está entre las cientos de miles que el CNE desapareció por arte de magia) y también ocurrió con la negativa del cuarteto pesuvista a convocar oportunamente las elecciones regionales previstas constitucionalmente para diciembre de 2016.
Me dirán algunos que es Maduro quien dicta la pauta de lo que las cuatro rectoras hacen y dejan de hacer. Y no les faltará razón, pues en estos tiempos de revolución bonita un telefonazo de Miraflores le afloja los esfínteres a cualquier funcionario y, por muy cabeza de poder público que se ufane de ser, lo pone a bailar al son que Maduro le toque.
Pero, no. Maduro puede decir misa, proponer, sugerir y hasta ordenar lo que le venga en gana, pero la responsabilidad constitucional y legal está en cabeza de los rectores que integran el CNE, por lo cual no están forzados a acatar tales directrices. Ninguna llamada de Miraflores, ni de ninguna otra poderosa latitud nacional ni planetaria, releva a ningún funcionario público de las personalísimas responsabilidades y obligaciones que les atribuyen la constitución y las leyes de la república y que, uno a uno, han jurado cumplir y hacer cumplir.
Así como la constitución no releva de responsabilidad en la comisión de hechos irregulares a ningún militar que se escude en el pretexto de la obediencia debida, con tanta más razón en el mundo civil los funcionarios tienen el deber de cumplir sus obligaciones y, según lo pauta expresamente la carta magna, no se pueden escudar para no hacerlo en órdenes superiores o en ningún otro artilugio, menos aún en el caso de funcionarios que ostentan la conducción colegiada y autónoma de uno de los cinco poderes públicos.
Ya basta de evasiones y de complicidades. ¿Tiene que tronar más fuerte el río de sangre que corre por las calles de Venezuela para que las señoras del CNE despierten a la realidad y convoquen a las elecciones regionales y municipales pendientes, con sus correspondientes cronogramas electorales?
Que Maduro haya convocado una fraudulenta constituyente no es excusa, como tampoco lo es que algunas voces ultrarradicales consideren insuficiente las regionales y municipales. Pero no vacilo en sostener que jamás será preferible seguir contando muertos que pasar a contar votos. Dicho de otra manera: el pueblo prefiere poner los votos que poner siempre los muertos.
Si el CNE procediera a convocar con todas sus formalidades los procesos electorales pendientes, obviamente que en el país se desencadenarían nuevas realidades políticas que harían viable y más cercana la recuperación de la paz entre los venezolanos.
Podrían, entonces, abrirse espacios a una conveniente y necesaria negociación política seria, productiva y verificable que, con el auxilio de una mediación verdaderamente imparcial y confiable, permita iniciar la restauración del orden constitucional, garantizar el respeto a la Asamblea Nacional, propiciar la cooperación institucional en la urgente solución a la crisis humanitaria en alimentación y salud, así como poner en la calle a todos y cada uno de los presos políticos.
Al concentrar mis cuestionamientos en las rectoras del CNE no faltará quien me acuse de violencia de género. Que yo sepa, la constitución no distingue al obligar a los funcionarios y funcionarias a cumplir la ley. Pero, por el contrario, son las rectoras del CNE quienes han incurrido en violencia institucional al cerrar las vías electorales. Esa sí es violencia de género. Sí, contra todo el género humano que habita en Venezuela.
@mario_villegas
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