La decisión de sancionarlos desde EEUU es inoportuna, inadecuada, de impacto inverso al esperado…
No voy a discutir el derecho que tiene un país de cancelar la visa a quien considere conveniente. Es igual a mi derecho a prohibir la entrada a mi casa a quien quiera y ni siquiera hay que explicar porqué. Simplemente a mi casa entra quien me dé la gana y ya.
Bloquear las cuentas de alguien es un tema más controversial. Hay casos como el narcotráfico, la evasión fiscal o las operaciones financieras ilegales que tienen un basamento duro, pero congelar cuentas por delitos no vinculados a la generación de los recursos o su procedencia, como castigo para ayudar a una sociedad afectada por un gobierno hostil, es otra historia que merece debate. Pero paso y gano. Supongamos que estamos de acuerdo.
La pregunta es: ¿ayuda realmente a ese país y a su pueblo una sanción aplicada por un país grande, de manera masiva, contra quienes considera violadores de derechos humanos o actores antidemocráticos?
Si estuviéramos hablando de sanciones a países, la respuesta es fácil: No. La evidencia ha sido clara. El caso del embargo a Cuba es un ejemplo como un templo y la población americana hoy lo entiende. Un estudio reciente publicado por el Atlantic Council, uno de los «Think Tank» más reconocidos de EEUU, muestra que la mayoría de la población norteamericana desea el fin del embargo a Cuba y esto incluye a la población de la Florida.
El tema se complica cuando las sanciones no son a países sino a personas. Otra vez evado adrede el análisis de la justicia de esas sanciones y el debate de si están basadas en procedimientos equivalentes a los que se siguen en el país emisor con sus propios ciudadanos y con el debido derecho a la defensa.
El tema que trato aquí es específicamente político. Cuando los castigos individuales se aplican en cambote, se convierten en una represalia grupal, que se leerán en la población básica del país objetivo como una intervención en sus asuntos internos y como una acción contra el país, desvirtuándose el objetivo de la medida.
Cuando Marino Alvarado de Provea, un conocido defensor de DDHH, en entrevista radial reciente denunciaba violaciones por parte del gobierno en este campo, pero también estaba en contra de la aplicación de sanciones contra funcionarios venezolanos, no defendía a esas personas, sino alertaba que el remedio era peor que la enfermedad.
Las acciones masivas contra funcionarios no deteriora la imagen del Presidente, sino le da la posibilidad de utilizarlas como argumento para justificar la crisis y el fracaso del diálogo. La población se preguntará quién le dio, a una potencia extranjera, vela en este entierro y se exacerbarán los sentimientos nacionalistas. Los discursos políticos internos se llenarán de denuncias de intervencionismo y golpismo con renovados argumentos. Los cancilleres de Unasur rechazarán la medida y la considerarán un bombardeo a su intento de conseguir acuerdos por diálogo. Pero sumados a éstos, estarán la mayoría de los países latinos, incluso no aliados naturales del chavismo, que verán la acción del congreso norteamericano como una nueva moda intervencionista pos crisis de Ucrania que los amenaza a ellos mismos, lo cual unificará a los gobiernos latinos contra la decisión y fortalecerá la posición internacional de Maduro en este asunto.
No estoy analizando si los castigados son culpables o inocentes. Sólo digo que la decisión de sancionarlos desde EEUU es inoportuna, inadecuada, de impacto inverso al esperado y negativa para quienes luchan por resolver los problemas in situ. Luce que esta decisión es más útil políticamente dentro de Estados Unidos para algunos de sus promotores más efusivos que para ayudar a resolver los problemas de aquí.
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