El destino de Venezuela sigue siendo materia de debate. El país se encuentra en una transición democrática enfocada en el reordenamiento constitucional. La hoja de ruta hacia el futuro abarca desde la estabilización política e institucional hasta el clamor ciudadano por un nuevo pacto social y reconciliación nacional
El país se encuentra a la expectativa de una serie de anuncios que podrían marcar un punto de inflexión en el escenario político nacional. Las más recientes encuestas de opinión reflejan que un elevado porcentaje de los venezolanos aspira a que se adopten decisiones que se traduzcan en mejoras sustanciales en los ámbitos político y económico, como condiciones indispensables para generar bienestar social.
En el plano político, los anuncios relacionados con la participación de la Asamblea Nacional electa en 2015 en el inicio de un dialogo nacional, abren un nuevo panorama de fortalecimiento institucional. Estos avances podrían contribuir a generar las condiciones necesarias para impulsar cambios en la estructura del poder público y facilitar soluciones respaldadas por la mayoría de los venezolanos, quienes anhelan un proceso de recuperación democrática y estabilidad para el país.
En el ámbito económico, la aprobación de leyes como la de arrendamiento de inmuebles, así como las reformas en materia petrolera y minera, representan señales positivas para fortalecer la confianza y atraer las inversiones que Venezuela requiere con urgencia. Sin embargo, aún permanecen vigentes normativas que limitan el desarrollo de la iniciativa privada, como la Ley de Tierras, además del control estatal sobre importantes empresas estratégicas. Estos aspectos continúan representando obstáculos para la recuperación económica y ameritan ser revisados en el marco de una política orientada al crecimiento y la generación de empleo.
Asimismo, resulta impostergable atender el problema de la inflación, que deteriora el poder adquisitivo de los ciudadanos y genera una creciente incertidumbre en los hogares venezolanos. Entre los factores señalados se encuentran el financiamiento monetario del déficit fiscal por parte del Banco Central, que causa la inflación que tenemos, y las restricciones crediticias derivadas del elevado encaje legal, que limitan el acceso al financiamiento para empresas y ciudadanos.
De igual forma, el actual sistema tributario nacional y municipal está afectando la capacidad operativa del sector productivo. La elevada carga impositiva, sumada a sanciones y multas que muchas empresas no pueden asumir, dificulta la inversión, reduce la competitividad y favorece el crecimiento de la economía informal. Una reforma tributaria orientada a estimular la producción y el emprendimiento resulta indispensable para impulsar la recuperación económica.
Por otra parte, los recientes terremotos que han afectado al país constituyen un desafío de gran magnitud. La atención oportuna a las familias damnificadas y la reconstrucción de las zonas afectadas deben convertirse en una prioridad nacional. En este sentido, el sector empresarial privado ha presentado propuestas que podrían contribuir de manera inmediata a atender la emergencia y apoyar el proceso de recuperación.
El destino de Venezuela dependerá de la capacidad de sus instituciones, del liderazgo político, de la participación de los sectores económicos, de la sociedad civil en su conjunto, para construir consensos que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la estabilidad institucional, el crecimiento económico, la democracia, los cuales van a permitir el bienestar de todos los venezolanos.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
