Si alguna duda quedaba al respecto, ya ha sido definitivamente despejada: en Venezuela no hay separación de poderes y la democracia pasó a ser una palabra hueca, una muletilla retórica del discurso oficial en tránsito del populismo a la dictadura; sí, dictadura, porque sólo en los regímenes de este tipo las distintas ramas del poder público son objeto de centralizado y riguroso control. ¿Pruebas? Están a la vista y no se necesita anteojos para descubrir en ellas que el titular del Ejecutivo propone a su poco saber y dispone a su mal entender.
Bastó que quien ocupa la presidencia se solidarizara con el segundo o tercero en la línea de mando, para que, en indetenible avalancha, el resto del aparataje estatal se precipitara, disciplinada y obediente, en declaraciones similares a los de su jefe máximo; así, la asamblea nacional (ya no le quedan bien las mayúsculas), primero, y el tribunal supremo de justicia (tampoco merece capitales), después, han producido sendos acuerdos en respaldo a un individuo que está siendo investigado en el exterior porque funcionarios venezolanos en fuga lo vincularon con delitos muy graves.
Por supuesto que, apegados al ordenamiento jurídico vigente, respetamos la presunción de inocencia que, como su nombre insinúa es apenas una conjetura consustancial al debido proceso, pero que, en ningún caso, prefigura absolución; y aunque pueda interpretarse como necesario beneficio de la duda, no debería justificar la automatización de solidaridades.
Y, cabe la pregunta, ¿qué hay de la presunción de culpabilidad a la que son tan adictos el capitoste y sus secuaces que siempre malician segunda intenciones en todos y cada uno de los actos de la oposición y sus voceros?
La desenfrenada incondicionalidad mostrada hacia uno de sus caciques patrones por parlamentarios y magistrados rojos, cuyos comunicados omiten los rechazos y abstenciones de la disidencia que desmienten la unanimidad autoproclamada de sus resoluciones, hace pensar que el “perseguido” por la DEA –que no es, como se afirma en Internet, un champú para la caída de cabello– es considerado “un ciudadano por encima de toda sospecha”, tal cual aquel jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Italiana que, en una película de Elio Petri (Indagine su un cittadino al di sopra de ogni sospetto, 1970) asesina a una prostituta para ver hasta dónde llega la impunidad del poder.
Le hacen un inmenso daño a la administración pública quienes establecen equivalencia entre el Estado y el personaje supuestamente agraviado –privilegio que sólo disfruta la cúpula rojita–, obviando el grueso calibre de las imputaciones que sobre él recaen: los entes que le defienden están legalmente obligados a establecer si participó o no en los delitos que se le achacan para poder librarle de culpas.
Es inadmisible que las imputaciones contra un alto funcionario que aparenta estar más allá del bien y el mal sean asumidas por el TSJ como “agresiones conspirativas contra el Estado venezolano”.
Editorial de El Nacional
