Venezuela tuvo que sufrir dos terremotos para que el oficialismo reconociera que la ley de alquileres promulgada por Hugo Chávez es “regresiva” y que, en la práctica, liquidó el mercado de arrendamiento residencial en el país.
El chavismo siempre lo negó. Hasta este sábado 11 de julio, 15 años después. “Hay un número de hasta 200 mil viviendas que no están siendo alquiladas porque la gente las resguarda”, manifestó Rodríguez, subrayando la necesidad de modificar el texto “para que las personas no sientan ningún tipo de temor de alquilar”.
Socialismo
Chávez celebró la aprobación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. El régimen socialista congeló precios, fijó los límites a los cánones de arrendamiento, dificultó el procedimiento de desalojo y aunque prometía “estabilidad jurídica”, en los hechos inclinó la balanza a favor de los inquilinos en detrimento de los derechos de los propietarios.
Antes de darle el ejecútese a la norma, el difunto comandante había publicado un decreto “contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas”, que afirmaba que “en la mayoría de los casos” los valores de los alquileres respondían “a la especulación inmobiliaria y los intereses capitalistas de los propietarios y arrendadores”.
Antes del cataclismo, el oficialismo ya había mostrado su disposición a revisar la regulación de los alquileres como parte del “nuevo momento político” anunciado por Delcy Rodríguez, luego de que el 3 de enero fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron en Caracas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
“Si te quieres reunir conmigo para reformar la ley de alquileres (…), pues bien, bienvenido sea”, aseveró el presidente del Parlamento.










