El yemení Mansoor Adayfi pasó 14 años en Guantánamo y acabó liberado sin cargos. Junto a él, otros 15 antiguos reos critican que la Administración de Donald Trump haya ampliado el uso de la base naval para retener a migrantes indocumentados: «Nadie merece ser arrojado a un sistema creado para borrarlos», dicen en una carta abierta.

Marta Garde / EFE

«Guantánamo no es solo una cárcel: es un lugar donde se deforma la ley, se despoja de la dignidad y se oculta el sufrimiento detrás de alambres de púas. Lo vivimos. Conocemos el ruido metálico de las puertas, el peso de los grilletes y el silencio de un mundo que miraba hacia otro lado», apunta esa misiva a la que EFE tuvo acceso en exclusiva.

La carta está impulsada por Adayfi, coordinador del Proyecto Guantánamo dentro de CAGE International.

Guantánamo, según añade este en entrevista con EFE, «es un agujero negro. No se le puede llamar prisión o centro de detención porque eso significa que hay ciertos derechos».

Por ello, en su opinión, no hay que centrarse en el trato que los recién llegados puedan tener, sino en por qué son enviados allí en primer lugar y frenarlo: «Guantánamo es una de las mayores violaciones de los derechos humanos del siglo XXI», recalca desde Serbia.

Su organización, con sede en Londres, dice desafiar la «opresión estatal inspirada» en la «Guerra contra el Terrorismo» emprendida tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. (11S), donde murieron unas 3.000 personas.

CAGE International defiende el derecho a un debido proceso y en el pasado ha criticado intentos de manchar su reputación por los casos que lleva.

Trump tomó la decisión de ampliar el uso de Guantánamo el 29 de enero con una orden ejecutiva para habilitar 30.000 camas en esa base naval en Cuba para migrantes indocumentados.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opera allí desde años un centro de retención administrado de manera independiente a la prisión destinada a sospechosos de yihadismo, pero hasta ahora este solo había recibido un número limitado de personas interceptadas en el mar, en su mayoría de Haití y Cuba.

«Esta orden no sólo permite la injusticia, la garantiza. Detener a migrantes en Guantánamo les niega protecciones constitucionales, atrapándolos en el mismo limbo legal que soportamos. Esta ambigüedad deliberada permite el abuso, tal como sucedió con nosotros. Sabemos de primera mano qué sucede con un sistema diseñado para quebrar a la gente», dicen los antiguos rehenes.

Entre ellos están el marroquí Ahmed Errachidi, los argelinos Lakhdar Boumediene y Sufyian Barhoumi, el tunecino Hisham Sliti o los británicos Tarek Dergoul, Moazzam Begg, todos ellos repatriados sin cargos.

Para el grupo firmante, mandar a migrantes a Guantánamo no es cuestión de seguridad.

«Se trata de poder y control y de utilizar la oscuridad de Guantánamo para ocultar otra injusticia más», agregan.

A principios de mes un grupo de 15 organizaciones a favor de los derechos humanos, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), pidieron de hecho al Gobierno tener acceso a los migrantes enviados allí, denunciando falta de transparencia sobre su situación legal.

Los primeros presos llegaron a Guantánamo en 2002, en el marco de esa ‘Guerra contra el Terrorismo’ lanzada por el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009) tras el 11S. De los cerca de 780 que llegó a haber, quedan 15, de los cuales solo dos han sido condenados.

Para los exprisioneros que secundan la misiva, no cerrar esa prisión ni tener en cuenta su legado ha permitido tanto que las injusticias continúen como «su expansión».

Trump prometió mandar allí «a los peores inmigrantes ilegales criminales que son una amenaza para el pueblo estadounidense».

«Nos negamos a permitir que otros sean tragados por la misma pesadilla que nosotros soportamos. Nadie merece ser arrojado a un sistema creado para borrarlos. No dejaremos de hablar ni de luchar. No permitiremos que se repitan los horrores de Guantánamo», aseguran los antiguos reos.

Su mensaje es claro. No solo quieren el cierre de la prisión y la revocación de la orden ejecutiva, también advierten a la Administración de Trump que se hará justicia. «Algún día rendirá cuentas».